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Izquierda Unida no solicitará la dimisión de los ex altos cargos a los que la comisión de investigación de los ERE considere responsables políticos, pero la sugiere. "Sería mejor que alguien presente su dimisión antes de que otros se la pidan", indicó ayer a este medio el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro. Unas responsabilidades no son "para pasárselas por el forro" aseguró Castro horas antes en el Parlamento, donde volvió a utilizar un recurso lingüístico que ya empleo en días pasados: "Dimitir no es un nombre rusos".
La comisión de investigación de los ERE se reúne esta tarde para cerrar el dictamen que se llevará al pleno de la Cámara andaluza la semana próxima. Los comisionados votarán cerca de un centenar de alegaciones que el PP y el PSOE han presentado a la propuesta de síntesis que ha redactado el presidente, Ignacio García (IU), en el que considera responsables políticos a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, más el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general del Trabajo Francisco Javier Guerrero. Cuando IU se refiere a las dimisiones lo hace por José Antonio Viera, actual diputado socialista por Sevilla, ya que los otros tres no ocupan ya ningún cargo político.
Aunque una parte del PSOE considera que Viera tuvo alguna responsabilidad, al menos en la concentración de ayudas a empresas en la Sierra Norte sevillana, los socialistas no quieren que en el dictamen final se le señale, algo que, posiblemente, no podrán conseguir. Primero, porque IU no va a variar sus postura y, segundo, porque el PP podría votar a favor de ello y sumarían una mayoría. Sería un caso extraño, de disidencias entre socios de gobierno, pero el PSOE está estudiando si solicita que algunos puntos del dictamen se voten por separado. Ello les permitiría no votar en contra de uno de sus diputados. La otra opción, que era en la que pensaban hasta ahora, era votar afirmativamente al dictamen en su conjunto, pero con votos particulares donde expresasen sus discrepancias con el señalamiento de Viera, Fernández y Agustín Barberá. El caso de Guerrero es distinto, porque es el único cargo político al que los socialistas responsabilizan del mal uso de las ayudas con los que se pagaron a trabajadores afectados por ERE y a empresas.
No obstante, y a pesar de cómo puedan actuar hoy los tres parlamentarios socialistas en la comisión, el nombre de Viera saldrá señalado, lo que aventura que la semana próxima también lo hará el Parlamento. Esto lo dejará en una difícil situación, por cuanto como diputado nacional arrastrará la mácula de una condena de una comisión de investigación parlamentaria. Además, este hecho le puede perjudicar a José Antonio Viera en el proceso penal abierto, aunque cualquier actuación obligaría llevar su caso desde el juzgado sevillano que lo instruye al Tribunal Supremo. En caso contrario, el juzgado sevillano incurriría en un caso de indefensión jurídica.
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