Imputados los ex secretarios de UGT-A Fernández Sevilla y Pastrana en el fraude de las facturas falsas

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús Vélez García ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar en la causa en la que se investiga el fraude de las facturas falsas que afecta al sindicato UGT-A a los ex secretarios generales de esta formación Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana Casado, quienes han sido citados a declarar en noviembre, según han confirmado fuentes del caso.

La decisión del instructor se produce después de que el Ministerio Público solicitara hace varias semanas la imputación de Pastrana y Francisco Fernández, quienes fueron "titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato".

En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía explicó entonces que en esencia, el objeto del presente procedimiento, es la "financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" para lo cual se utilizaron dos procedimientos conocidos como rapel y bote.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto señala que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras, según el Ministerio Público, fue inspiración directa de Manuel Pastrana según lo manifestado por el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana", añade.

La Fiscalía relataba que el núcleo de decisión del sindicato se concentra desde el punto de vista orgánico en la "comisión ejecutiva", por lo que este órgano y "singularmente los acusados, no sólo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

Dice el fiscal que a través del descuento conocido como rapel "se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración", considera el fiscal. Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este rapel, prosigue Anticorrupción, se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

En cuanto al bote, con esta figura el sindicato encargaba la elaboración de "facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas". Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. "Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

El fiscal destaca que en la rendición de cuentas que Federido Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva se incluía el "monto obtenido por el rapel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión", como afirmó Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras.

La declaración de Fresneda, según la Fiscalía, corrobora esta afirmación, ya que era la propia comisión ejecutiva "quien decidía las empresas que pagaban el rapel, señalando expresamente a Pastrana y Fernández".

Este rapel lo pagaban empresas con una intensa relación de proveedores de UGT, y pese a que algún responsable del departamento de compras, Dolores Sánchez, intentó incorporar nuevos proveedores, Federico Fresneda "sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad, a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato y en definitiva las arcas públicas".

El Ministerio Fiscal recuerda que de acuerdo con las manifestaciones de imputados y testigos la "firma para contratar era mancomunada" entre Fresneda y Fernández, por lo que “es de suponer que fuesen ambos los que imponían un rapel a estas empresas, según lo acordado en la comisión”.

En cuanto al bote, el fiscal recuerda que llegó a tener una plasmación "contable y registral" en la aplicación informática Spyro, que contaba con apartados para asentar tales anotaciones "al margen de la legalidad". Esto no sólo fue inspirado por cargos del sindicato, como María Charpín, sino que su "encargo, aprobación y pago fue realizado desde la comisión ejecutiva". Es más, según las declaraciones de Roberto Macías, Pastrana nombró a María Charpín para la ejecutiva “con esta finalidad”.

De otro lado, el fiscal hace hincapié en que el testigo Germán Damián Domínguez, ex secretario de cultura y formación del sindicato, señaló como había una decisión de retener un 20% de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo y que era conocido por la ejecutiva regional como el "canon revolucionario".

"Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, a tenor de las declaraciones de personal relevante del mismo, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación", asevera el fiscal, que indica que “tan sólo un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban de tal forma”.

Por último, la participación de Francisco Fernández y Manuel Pastrana "no sería menor" que en aquellos hechos, que aun de modo accesorio, pudieran ser constitutivos de otros delitos, como falsedades y otros que aun se encuentran en fase de primaria investigación por la Guardia Civil, como son las “irregulares subcontrataciones con terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato.

En definitiva, el fiscal concluía que a la vista de la "participación directa" de ambos sindicalistas en las actividades investigadas interesa que sean citados a declarar en calidad de imputados, "a fin de prestar declaración y tomar cuantas medidas se estimen procedentes a fin de asegurar el presente procedimiento".

El ex tesorero de la UGT-A Federico Fresneda fue uno de los 16 detenidos en la operación Cirene II, que la Guardia Civil realizó el 24 de junio pasado, contra el fraude las facturas falsas. En su declaración, Fresneda derivó las posibles responsabilidades de lo ocurrido hacía los líderes de la formación, al explicar que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "estaban al tanto" del rapel o descuento que algunas empresas aplicaban en las facturas pero que no se descontaban a la hora de justificar las subvenciones públicas.