La Junta aplaude que elevar los ERE al Supremo acaba con la "indefensión" de los ex presidentes

Sevilla/La Junta de Andalucía ha mostrado su "enorme satisfacción" por que con la elevación al Tribunal Supremo de la parte de los ERE relativa a los aforados se ponga fin a la "indefensión jurídica y política" de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco ex consejeros. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha dicho en su comparecencia en el Parlamento autonómico para valorar la elevación de esta parte del caso al Supremo que con ella se les permitirá "salir de ese inédito limbo jurídico en el que se han encontrado estas personas, indefensas desde hace tanto tiempo".

Además de Chaves y Griñán, que figuran como "preimputados" desde septiembre del 2013, también se implicaba a cinco ex consejeros de la Junta: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo; mientras que en el auto de elevación también se señaló a Mar Moreno y Gaspar Zarrías.

Sánchez Maldonado ha pedido que no se eleven a definitivos "actos de trámite" y que no se dicten sentencias "donde la justicia todavía no lo ha dictado", a la vez que ha recordado que en estas resoluciones judiciales no se dice que ninguna de estas personas se hayan podido llevar dinero de los fondos públicos para su lucro personal ni que se hayan defraudado la totalidad de las partidas. Ha asegurado que el Gobierno andaluz mantendrá la colaboración "más estrecha con la justicia" y que en la búsqueda de la verdad hay que distinguir entre la gestión administrativa y el "posible aprovechamiento que algunos hayan podido hacer de lo público".

El consejero, que ha recordado que en el Parlamento ya se han sustanciado más de 650 iniciativas sobre los ERE, ha recordado que el proceso "dista mucho de estar concluido" y que "nadie ha dicho que alguno de estos altos cargos se haya enriquecido, algo que tampoco hace la juez". Sánchez Maldonado ha señalado que la elevación por parte de la juez Mercedes Alaya sí supone un "avance muy importante" ya que "después de un año desde la anunciada preimputación" se permitirá al órgano competente "pronunciarse sobre los hechos y determinar si tienen o no trascendencia penal". Ha lamentado que "el ataque político" a la Junta "se está intentando llevar por delante el honor y la fama de muchas personas que no han tenido otra culpa que poner su trabajo y dedicación al servicio de los andaluces".

La diputada del PP Dolores López ha criticado la ausencia en el pleno de la presidenta de la Junta, Susana Díaz (de viaje oficial en Marruecos), de la que ha dicho que "ha decidido autoexonerarse de su deber de dar explicaciones políticas sobre la corrupción", y ha calificado como "curioso" que la responsable de la Junta "ha cerrado ventanas de transparencia y ha abierto la gatera para huir del Parlamento". "Nadie puede huir de su propia sombra, y la sombra de Díaz se llama corrupción, que la perseguirá allá donde esté, en Cataluña, Ferraz o, como hoy, en los palacios de Rabat", ha dicho López, que ha añadido que la presidenta andaluza ha pasado "de implacable contra la corrupción a impecable silencio". Ha pedido al consejero que diga "qué tiene que ocurrir para que el Gobierno diga la verdad, colabore con la Justicia y pida perdón a los andaluces, que quieren que se aclaren las responsabilidades políticas y se recuperen los millones de euros públicos que se han defraudado" y a los que ha calificado como "los únicos indefensos".

La portavoz adjunta de IU, Alba Doblas, ha aludido a la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE en la que PSOE y PP "no permitieron que se determinaran responsabilidades, por miedo a la transparencia unos y por tener mucho que callar otros", y ha preguntado a ambos si "de verdad no podían votar" sus conclusiones. Ha planteado al PSOE si pensó "que la tesis de los cuatro golfos prosperaría en la justicia" o si estaban pensando en "enmarañar todo lo posible y luego señalar a Alaya como una pérfida e insidiosa juez estrella", y ha recordado que entonces se analizó la responsabilidad política de un gobierno que "hoy es muy distinto de aquel".

El diputado socialista José Juan Díaz Trillo ha acusado a los populares de tener una "estrategia perversa que es un puro disparate" y de trabajar con el lema de "confundir a la opinión pública para acabar confundiendo a los jueces", y les ha pedido "la coherencia de ser justos en todas las circunstancias y no solo para acusar cuando el prójimo ha cometido algún error".