La Junta exige a UGT la devolución de 1,8 millones y duda de ayudas por otros 15

La Junta ha concluido el proceso de revisión de dos subvenciones concedidas al sindicato UGT en 2009 y 2010 . El instructor que ha revisado el expediente concluye que, de los 10,2 millones otorgados, quedan sin justificar debidamente 1,8 millones. UGT ha agotado el plazo de alegaciones y aportación de documentos, que ha durado casi un año en el procedimiento administrativo. Esta reclamación de reintegro, la primera en firme desde que el pasado verano saltó el escándalo de subvenciones destinadas a otros cometidos por parte del sindicato, la dio a conocer ayer en comisión parlamentaria el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. Este mismo mes -según le han trasladado al consejero los técnicos que revisan los expedientes- habrá resolución firme sobre otras dos ayudas investigadas, también por valor de 1,8 millones. Estas subvenciones se concedieron para programas de orientación laboral y la Junta sospecha que hay importes que se destinaron a otros fines.

El conocimiento de esta práctica por parte de UGT provocó la dimisión de la Ejecutiva regional del sindicato. La juez Mercedes Alaya abrió una causa sobre la posible falsificación de facturas de UGT, que sigue en curso y bajo secreto.

En paralelo, la Junta mantiene abierta una revisión de las ayudas, después de que informaciones periodísticas sobre la contabilidad interna de UGT revelasen usos de dinero público destinado a parados a compra de maletines, comidas en la Feria de Sevilla o publicidad.

Además de estas cuatro, hay otras 16 sobre las que la Junta ha iniciado procedimiento de reintegro, aunque UGT todavía tiene plazo para alegar, de lo que dependerá la cuantía a reintegrar. El montante que se investiga es de 15,2 millones. Hay otra ayuda, para hacer un total de 21, que pertenece al Servicio Andaluz de Empleo, y que se encuentra en fase de validación de justificación, un paso anterior a la petición de reintegro.

Sánchez Maldonado actualizó de esta manera la investigación administrativa de UGT sobre los datos aportados el pasado febrero. Entonces eran 19 expedientes, de los que cuatro tenían reclamación de reintegro (de los que dos ya tienen resolución firme), once contaban con un informe del gabinete jurídico y otros cuatro estaban en revisión.

Un avance que a juicio del consejero se enmarca en el respeto a los plazos del derecho administrativo. "Hay que ir paso a paso", dijo. No obstante, Sánchez Maldonado no aclaró por qué motivos se estudian estos 21 expedientes, ni la razón por la que la Administración no detectó antes las irregularidades, sólo investigadas a raíz de publicaciones periodísticas.

Por ello la diputada de IU Rosalía Martín afeó al consejero que se enorgullezca de transparencia en un proceso que está siendo investigado por el juzgado y reclamó a la Junta que "se ponga las pilas" para restablecer la imagen de UGT y de la propia Administración.

El diputado del PP Rafael Carmona también criticó que la Junta no haya abierto una revisión de oficio de todas las ayudas concedidas a UGT. "Esto no es una gota en el océano, esto está haciendo rebosar el vaso, hay corrupción en todos los sitios, todo está bajo sospecha de presuntas irregularidades", espetó Carmona.

De otro lado, Sánchez Maldonado informó sobre la situación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y señaló que desde enero de 2012 se ha pasado de 3.075 trabajadores a los actuales 2.276 empleados, un 25% menos. El consejero culpó de la reducción a la merma de 1.230 millones para políticas de empleo por parte del Gobierno central. En este periodo se ha perdido personal de refuerzo como promotores o agentes locales de empleo (Alpes). A estos últimos distintas sentencias del Tribunal Supremo les están dando la razón sobre su readmisión. Maldonado aseguró que se cumplirán estas sentencias "una vez que los afectados tramiten los correspondientes procedimientos individuales ante los juzgados de lo Social".

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero preguntó por las funciones de los 1.139 ex Faffe con contrato laboral, "que cuestan 24 millones de euros al año". Estos empleados procedentes de una antigua fundación están "subrogados". El consejero no contestó.