Andalucía pagará 2,2 millones cada semestre por la falta de depuradoras

La Junta de Andalucía deberá pagarle al Gobierno de España 2,2 millones de euros cada seis meses como consecuencia de la inexistencia de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en los municipio de Isla Cristina (Huelva), Alhaurín el Grande y Coín (Málaga).

A este montante, que se contabilizará a partir del 25 de julio de 2019, se suman los 5,6 millones que la Administración andaluza debe abonar correspondientes a la multa de alzado y a otras dos de carácter coercitivo como consecuencia de la sentencia condenatoria dictada en 2018 por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha emitido una resolución por la que efectúa el reparto de las responsabilidades entre las administraciones públicas, recayendo sobre la andaluza el cargo de la sanción de los tres municipios mencionados y Tarifa (Cádiz), cuya EDAR, funciona desde 2018, fecha desde la que no consta como objeto de sanción. Por su parte, el Gobierno de España asumirá los cargos por las multas que sobrevengan en adelante por las inejecución de las EDAR en Barbate (Cádiz), Matalascañas (Huelva) y Nerja (Málaga).

Una sentencia condenatoria de 2018

Desde junio de 2018, y como resultado de la sentencia condenatoria del TJUE, había sido la Administración General del Estado la que había ido abonando las multas debido al incumplimiento de la Directiva 91/271 de la UE, una sanción que se acercaba ya a los 33 millones. Con objeto de distribuir la responsabilidad de estos devengos, en tanto que la construcción de las EDAR no culminará en España hasta 2023, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo la determinación de las administraciones responsables de los incumplimientos.

La Junta de Andalucía, tal como refleja la resolución ministerial publicada en el BOE el pasado 20 de marzo, argumentó sin éxito que la competencia en materia de aguas residuales recaía en los municipios, cuya competencia se limita, según aclaró el Ministerio, al saneamiento y a la depuración, pero no la construcción de las EDAR, cuyas ejecuciones fueron declaradas en su momento de interés autonómico.

Los ecologistas critican la "pasividad" de las administraciones

Esta resolución, señalan desde Ecologistas en Acción, pone de manifiesto "la pasividad y negligencia de las administraciones", cuestiones que este colectivo tacha de "incomprensibles", en tanto existe un procedimiento que provocará la acumulación de multas coercitivas debido a la falta de funcionamiento de las depuradoras en estos municipios con más de 15.000 habitantes.

Según afirma a este periódico Antonio Amarillo, coordinador del área de agua de Ecologistas en Acción Andalucía, su colectivo lleva años advirtiendo del problema existente en Andalucía, "no sólo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas", sino por la situación de las depuradoras instaladas. Según Amarillo, el 34% de las EDAR actualmente funcionando no cumplen la normativa.

En la actualidad, varios juzgados andaluces investigan la posible comisión de delitos medioambientales en relación a la depuración de las aguas residuales.

Para Amarillo, los vertidos causados por la deficiencia de la depuración "pueden provocar un daño sustancial en las aguas receptoras", un "riesgo para el sistema de los cursos de agua, como ausencia de oxígeno disuelto o el aumento de sustancias tóxicas para los organismos acuáticos", entre otros perjuicios.