La Junta recurre el auto en el que se imputa a Magdalena Álvarez y otros 19 altos cargos

La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y ex cargos de la Administración autonómica, entre los que destaca la ex consejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, ex ministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

Fuentes de la Junta han informado de que el gabinete jurídico de la Administración autonómica ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un recurso contra el referido auto, en el que la magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

Cabe recordar que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, señaló que el auto es "perfectamente recurrible" y en él se señala a personas que son "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía. Es un auto que parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal", indicó el portavoz del Ejecutivo, quien apuntó que la Junta opina, al igual que importantes juristas, que hay cierta "inconsistencia" en el propio auto.

En el auto, la juez imputa también a los ex viceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete. La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputa, igualmente, al ex secretario general técnico de las consejerías de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, quien también fue posteriormente director de Administración y Finanzas de IDEA; y a los también ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, así como al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

También imputa al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; al actual interventor delegado en Empleo, Juan Luque; a los ex directores generales del IFA Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los ex directores generales de Finanzas del propio IFA Pablo Millán y Juan Vela.

En el auto, y respecto a Magdalena Álvarez, Alaya dice que "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La imputación de Magdalena Álvarez

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.

Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito a la juez en el que señalaba que "la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución, exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan".