El SAS logra un acuerdo sobre la Atención Primaria con los sindicatos que pone fin a las movilizaciones
La Junta cede y retira la orden que permitía prestar servicios de Atención Primaria en centros privados en caso de urgencia
El lunes se firmará el pacto a seis días de las elecciones
Salud plantea la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación
Sevilla/Casi cuatro meses y después de seis reuniones de la mesa técnica, la Junta de Andalucía cede y retira la Atención Primaria de la orden de tarificación; dicho de otra forma, no se prestarán esos servicios en centros privados. Éste es, junto con el compromiso de renovar a los 12.000 profesionales contratados en lo más duro de la pandemia y que verán extendidos sus contratos hasta finales de septiembre y “abrir un ámbito de negociación sobre su estabilización” hasta lograr su plena incorporación como personal del Servicio Andaluz de Salud, los dos puntos fundamentales en los que se sustenta el acuerdo alcanzado ayer por la Consejería de Salud con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y SATSE y que será rubricado el próximo lunes.
La firma del acuerdo se producirá seis días antes de la celebración de las elecciones municipales el domingo siguiente y supone una rectificación en toda regla de la postura que había esgrimido la Consejería de Salud desde que comenzaran las negociaciones el pasado 26 de enero. Hasta la mañana de ayer, el SAS no había hecho propuestas nuevas a los representantes de los trabajadores sanitarios, a pesar de que sus peticiones se habían mantenido invariables desde el comienzo, con esas dos líneas rojas como condición sine qua non para alcanzar un pacto global.
Un acuerdo "histórico"
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, calificó de “histórico” el acuerdo en el que “venimos a recoger muchas de las reivindicaciones no sólo de los sindicatos sino de los propios profesionales, ya que “coincide con muchas de las aportaciones y reivindicaciones de los profesionales”, a los que va a beneficiar “especialmente” a los andaluces.
Asimismo, señaló que el acuerdo incluye “retirar de la orden la palabra de primaria”. “Desde el principio, cuando surgió la polémica, siempre dijimos que aclararíamos hasta el final todo lo que hiciera falta sobre esa orden porque jamás en el Gobierno de Andalucía ha existido la intención de una privatización y los hechos demuestran, como hemos repetido continuamente, todo lo contrario”.
De este modo, incidió en que “para dar tranquilidad” la palabra primaria “va a desaparecer del anexo”, y “creo que con eso hemos cerrado un círculo muy importante”. Sobre el coste económico del acuerdo, la consejera señaló que “tendrá varias anualidades y al final estaremos hablando de en torno a 180 millones de euros de aquí a 2026”.
“Este gobierno no va a derivar pacientes de la primaria a la privada”, ha incidido la consejera de Salud, quien ha apuntado que también se ha explicado a los sindicatos que “no se van a utilizar los edificios públicos por ninguna empresa privada, pero en momentos puntuales en los que por ejemplo existe un déficit de anestesistas, profesionales de empresas privadas estarán en hospitales públicos porque si no, no se podrían hacer intervenciones”, y esa “parte se queda en la orden”.
García defendió que todo lo que está recogido en la orden de tarifas “no se va a privatizar”. “Ni lo quiso hacer el PSOE, ni lo vamos a hacer nosotros”, pero, la intranquilidad y el desasosiego que se ha generado tampoco es bueno para los andaluces y ante la simple duda, creo que convenía al final retirar esa palabra y no crear más dudas en la población andaluza”.
Mejoras generalizadas
Entre los puntos del acuerdo, destaca la inversión de, al menos, el 25% del presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía para la Atención Primaria, así como cupos máximos de 1.300 usuarios para médico de familia y Enfermería y de 900 en Pediatría. Así como avances en la programación de agendas con 35 citas para Medicina de Familia y 25 para Pediatría. Estas condiciones se habían adelantado en las reuniones anteriores.
Del mismo modo, con el fin de mejorar el procedimiento administrativo relativo a la gestión asistencial es necesario asignar a personal de gestión y servicio como apoyo al personal sanitario. Así, se incorporarán de forma progresiva un total de 411 administrativos antes del 31 de diciembre de 2024.
Otras medidas acordadas pasan por la incorporación de manera progresiva y gradual de la categoría de enfermera especialista en Enfermería familiar y comunitaria en todos los centros sanitarios; actualizar el mapa de trabajadores sociales, así como la revisión de la cobertura asistencial y competencial de la Rehabilitación (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopedas) y de las enfermeras especialista en obstetricia y ginecología (matronas).
Entre las mejoras contributivas se suman el abono de la gratificación especial por la atención durante los primeros meses de la pandemia, la subida retributiva del concepto de jornada complementaria (las antiguas guardias, una medida que beneficia a casi 17.000 profesionales) y de la atención continuada (noches y festivos de los trabajadores a turno que beneficia a casi 30.500 profesionales, medida introducida para ampliar el alcance de los beneficios al máximo de trabajadores).
En cuanto a otras mejoras salariales aprobadas, la Junta destaca el aumento en 150 euros en complementos de todo el personal sanitario A2 (enfermeras, enfermeras especialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas) que trabaja en hospitales, con lo que se equipara el sueldo a otras comunidades autónomas y mejoras en las prestaciones para el personal en formación (médicos y enfermeras residentes).
Satisfacción sindical
El secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, mostró su “satisfacción” por el preacuerdo, en el que “se cumplen los objetivos establecidos desde un principio”, es decir, “la eliminación de la posibilidad de cualquier tipo de privatización de la Atención Primaria, un acuerdo global que mejorará este nivel asistencial y todas sus categorías, así como la accesibilidad de los pacientes a los centros”.
No obstante, añadió que “estaremos vigilantes del cumplimiento de todos los aspectos negociados, ya que nuestro principal objetivo es que exista una sanidad pública de calidad, que solo es posible consiguiendo mejoras que repercutan en los profesionales y en la ciudadanía”.
El portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, Luis González, destacó que este pacto “consigue mejoras importantes en el funcionamiento de nuestro servicio sanitario y para los trabajadores”. Al mismo tiempo, agregó que, “hemos alcanzado también un buen pacto sobre carrera profesional que permitirá que miles de trabajadores accedan de una manera mucho más fácil, a veces solo por servicios prestados, y que los trabajadores más antiguos del SAS tengan una subida automática del 15% en sus salarios”.
Desde CSIF-A, el presidente del Sector de Sanidad, Victorino Girela, no ocultó su satisfacción por haber alcanzado un principio de acuerdo que “incorpora muchas de las propuestas que hemos llevado a las mesas”; además, la retirada en la orden de tarificación de la parte que hace alusión a la privatización de la primaria “nos produce mucha satisfacción porque era una de nuestra líneas rojas”.
De la misma manera, el Sindicado de Enfermería, Satse, se mostró satisfecho por la parte de la orden de tarificación, porque “era una de las líneas rojas marcada spor esta organización sindical de cara a suscribir un acuerdo global por la mejora de la atención primaria en Andalucía”, al tiempo que ha destacado que el último texto planteado por la Administración “refleja en gran medida” sus reivindicaciones”.
La única voz discordante llegó por parte del presidente del SMA, Rafael Carrasco, quien se desmarcó del acuerdo, yaq que a su juicio la Administración “ha vuelto a poner sobre la mesa el mismo documento que ya habíamos rechazado en varias ocasiones por no abordar de forma concreta el problema de la escasez de médicos y no aportar soluciones a este respecto”.
Desconfianza en las "intenciones privatizadoras"
La reunión previa a la mesa con el gerente del SAS, Diego Vargas y la directora de Persona, Carmen Bustamante, con cada uno de los sindicatos por separado, resultó clave para lograr el acuerdo definitivo. De hecho, fue ésta última quien se dirigió a los asistentes de la mesa para anunciarles “en nombre de la consejera, plantearemos la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación”. Catalina García había dicho pocas horas antes que dicha orden “se modificaría todas las veces que fuera necesaria para dar la seguridad que necesite la población andaluza para saber que el compromiso del Gobierno de la Junta Andalucía de Juanma Moreno nunca es privatizar”.
La orden había sido rectificada a comienzos de marzo, poco después de publicarse en el BOJA, en un intento por aclarar las situaciones en las que la Atención Primaria se pudiera prestar en centros privados. No fueron suficientes las definiciones rebuscadas de alarma, e incluso de bioterrorismo, para conseguir que los sindicatos confiaran en esa declaración de intenciones. Sencillamente, los trabajadores de la sanidad, no se fiaban de que lo que denominaban “intenciones privatizadoras” del Ejecutivo andaluz, fueran llevadas a la práctica.
Esta desconfianza fue en aumento tan pronto se supo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconocía que no tenía constancia de que la Atención Primaria formaba parte de la orden de tarificación ya que, de haberlo sabido, lo hubiera rechazado. Las presiones se han acelerado en las últimas horas y únicamente un interés por cerrar el acuerdo antes de la celebración de las elecciones, puede explicar el cambio tan radical de postura de las últimas horas.
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