La Justicia implacable de los ERE: diez condenas en los diez juicios celebrados

El balance de los primeros diez juicios que se han celebrado de la macrocusa de los ERE no puede ser más demoledor.Diez sentencias condenatorias. Desde el primer macrojuicio, que sentó inicialmente en el banquillo a un total de 21 ex altos cargos públicos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido enjuiciadas un total de 51 personas entre políticos, empresarios y beneficiarios de las ayudas, de los cuales 35 -lo que supone el 68,62% del total- han sido condenados a penas de prisión e inhabilitación -las máximas, de hasta siete años de cárcel, se han impuesto hasta ahora precisamente en el denominado "procedimiento específico" de los ERE- y los otros 16 -31,38%-han sido absueltos.

Además de las penas de cárcel, los tribunales han acordado en cada uno de estos procedimientos el abono por parte de los acusados de indemnizaciones para la Junta de Andalucía que, en total, ascienden a 13,8 millones de euros, aunque todavía representa una cifra muy pequeña de los 680 millones de euros concedidos entre los años 2000 y 2009 en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis mediante la controvertida partida presupuestaria 31L.

Además, el hecho de los jueces hayan acordado el pago de estas indemnizaciones no supone que realmente el dinero se vaya a recuperar, puesto que la mayoría de los acusados son insolventes, sobre todo teniendo en cuenta el elevado importe de las cuantías que se reclaman, y las empresas declaradas responsables civiles han podido incluso desaparecer debido al tiempo transcurrido desde que se otorgaron las subvenciones y se han enjuiciado los hechos.

De estas diez sentencias, sólo dos han llegado por ahora al Tribunal Supremo: la "pieza política", en la que se confirmó la mayoría de las condenas, y una por las ayudas concedidas a la empresa aceitunera Acyco, que está pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal.

Lo que sí ha quedado claro, como desde un principio apuntaban algunas fuentes, que el fallo del Supremo en la pieza del denominado "procedimiento específico", la de los ex presidentes andaluces, ha marcado el devenir del resto de los juicios que le han seguido. La ratificación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla a los ex altos cargos ha dejado expedito el camino para el resto de condenas, hasta el punto de que a partir de ese momento se han dictado ya cuatro sentencias de "conformidad", todas ellas en fechas posteriores al fallo de la Sala Segunda del Supremo, en las que los acusados han reconocido los hechos a cambio de una rebaja considerable de la pena, sobre todo en el caso de los beneficiarios de las ayudas, que han aceptado condenas de entre un año y un año y siete meses de cárcel.

Entre 2018 y 2023 sólo se han dictado diez sentencias del más de centenar de procedimientos que forman la macrocausa de los ERE, lo que ha llevado a los jueces a denunciar la situación de colapso generada en la Audiencia de Sevilla.

Estas son las diez sentencias que se han dictado hasta ahora en el caso de los ERE:

1. El "procedimiento específico" o "pieza política" del caso.

La Audiencia de Sevilla condenó el 19 de noviembre de 2019 a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves a seis años de prisión y a nueve años de inhabilitación, respectivamente, en relación con el denominado "procedimiento específico" de los ERE por el que durante una década (2000-2009) se concedieron ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Griñán fue condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días, y a nueve años de inhabilitación al ex presidente Manuel Chaves.

La sentencia, que tiene una extensión de 1.821 folios, condenó a 19 de los 21 ex altos cargos. Así, el fallo impuso al ex consejero de Empleo Antonio Fernández 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo se le impusieron 7 años y 1 día de prisión por un delito de malversación e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

La ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de prisión (y a 15 años y dos días de inhabilitación), mientras que el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román fue condenado a seis años y dos días de prisión (y a 15 años y dos días de inhabilitación). La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez fue condenada a 9 años de inhabilitación, la misma pena que recayó sobre el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, al ex viceconsejero de Economía José Salgueiro Carmona, y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero Benítez -ya fallecido- fue condenado a siete años, once meses y un día de prisión (y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación), mientras que su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras fue condenado a 7 años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación. El ex consejero de Empleo José Antonio Viera también fue condenado a siete años y un día de prisión (y a 18 años y un día de inhabilitación) y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha sido condenado a 7 años y un día de prisión (y a 18 años y un día de inhabilitación).

Esta sentencia fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un fallo que se dio a conocer el 26 de julio de 2022, que confirmó la mayoría de las penas impuestas por la Audiencia de Sevilla, y sólo se estimaron totalmente los recursos de los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo, que fueron absueltos del delito continuado de prevaricación administrativa. En el caso del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, el Alto Tribunal también estimó parcialmente su recurso y lo condenó por sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, y rebajó la pena de prisión de tres años (había sido condenado a siete años y un día de cárcel).

2. Las ayudas de 2,9 millones a Acyco.

Antes de que se conociera la sentencia definitiva del "procedimiento específico", la Audiencia de Sevilla celebró el segundo juicio de la macrocausa de los ERE y dictó la segunda condena. El tribunal condenó a siete años y un día de cárcel al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, en relación con las ayudas de 2,9 millones concedidas a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco), mientras que absolvió a otros tres ex altos cargos de la Junta que fueron enjuiciados. Además, impuso condenas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la Administración autonómica.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal impuso a seis de los siete condenados en esta pieza separada del caso ERE -todos a excepción del ex director general de Trabajo Juan Márquez- el pago de una indemnización conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros, aunque cada uno de ellos en diferente proporción. Se trata de la primera indemnización a la que se debe hacer frente por los ERE, dado que en el "procedimiento específico" no se solicitaron responsabilidades civiles.

La sentencia de Acyco ha sido la segunda que se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto los recursos, si bien la Fiscalía del Alto Tribunal ha pedido la absolución del ex consejero Antonio Fernández y del ex director de Trabajo Juan Márquez.

3. Las ayudas de más de ocho millones a las empresas del corcho.

En junio de 2022, se hizo pública la tercera sentencia de los ERE, en la que el tribunal condenó a un año, seis meses y un día de prisión al ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, en relación con las ayudas que por importe de más de ocho millones recibieron las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, en una sentencia que además le impuso el pago de 8.408.096,42 euros de indemnización a favor de la Junta de Andalucía.

En esta pieza separada había cinco acusados, pero la Audiencia sólo condenó a Ángel Rodríguez de la Borbolla como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La Audiencia declaró probado que Borbolla “controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte de Sevilla, concretamente a las localidades de Cazalla de la Sierra y El Pedroso, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio”, grupo en el que se incluyen Cortansa, Corchos de Cazalla, Corchos Higuera, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra, y Enoworld.

El tribunal señaló que, "teniendo conocimiento, por haber sido alcalde varios años de Cazalla de la Sierra y diputado provincial por el mismo partido político que gobernaba en la Junta -por lo que conocía a muchos de sus cargos públicos-" de que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, "venía otorgando o se proponía otorgar ayudas y subvenciones a fondo perdido a algunas empresas andaluzas", el condenado inició una serie de contactos con el consejero y el viceconsejero del ramo en esa época a fin de obtener tales ayudas con fondos públicos.

4. Primer juicio sólo contra los beneficiarios de las ayudas (Novomag).

La sentencia del cuarto juicio de los ERE, que se dirigió por primera vez sólo contra los beneficiarios de las ayudas y no contra los altos cargos que las concedieron, se saldó con la condena mínima de dos de los beneficiarios de la ayuda de 420.708 euros otorgada a la empresa Novomag, y la absolución de los otros tres acusados al existir "dudas razonables" de que hubieran actuado "a sabiendas" de la injusticia de la resolución y la asignación de los fondos recibidos.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a un año, seis meses y un día de cárcel a dos de los cinco acusados en la pieza de la macrocausa de los ERE abierta por la ayuda de 420.708,47 euros concedida por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta a la empresa Novomag Manufacturas Metálicas S.L., mientras que absolvió a otros tres investigados por estos mismos hechos.

El tribunal condenó a estos dos acusados como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, aplicándoles la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, y les impuso además que indemnicen con 420.708,47 euros a la Junta, concurriendo en este caso la responsabilidad subsidiaria de la empresa.

5. El caso de Nerva Croissant

En junio de este año se dictó una nueva condena en otra pieza separada de los ERE en relación con una ayuda menor y que afectaba exclusivamente al empresario como beneficiario de la subvención. La Sección Tercera de la Audiencia hispalense condenó a dos años y nueve meses de cárcel por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al administrador único de la empresa Nerva Croissant S.L., Carlos Vandellós Blanch. La empresa, radicada en la localidad onubense de Nerva, se dedicada a la fabricación y venta al por mayor y al por menor de productos de panadería, bollería y pastelería.

La sentencia le impuso además el pago a la Junta de 147.913,92 euros como resarcimiento por el perjuicio causado. En este caso se produjo además una novedad porque el tribunal acordó deducir testimonio contra el testigo Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo de la Junta, por presunto falso testimonio, pues los jueces consideran que, "pese a la promesa prestada y ser advertido de las consecuencias de su contravención, hay signos de que ha faltado ostensiblemente a la verdad, signos suficientes para deducir testimonio en su contra".

6. La primera sentencia de conformidad.

Al sexto juicio de los ERE llegó la primera sentencia de conformidad. El administrador de la panificadora de Puerto Real Picos Yeyé llegó a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones por el que el único acusado en esta causa aceptó una pena de un año y seis meses de cárcel y el pago de 120.000 euros de indemnización, la misma cantidad que recibió su empresa por las ayudas.

El empresario reconoció los hechos y aseguró ante el tribunal que no obtuvo ningún lucro personal con las ayudas, que fueron destinadas a saldar deudas bancarias y pago de proveedores. Este acuerdo abría la puerta a futuros pactos en aquellas piezas donde sólo se acusa a los beneficiarios de las ayudas públicas, lo que auguraba un impulso al más de un centenar de piezas de la macrocausa de los ERE que aún quedan por juzgar.

7. Otra conformidad y nueva indemnización para la Junta.

La Audiencia de Sevilla condenó en abril pasado a un año de cárcel y al pago de una indemnización de 862.500 euros a la Junta a los empresarios de Jerez de la Frontera (Cádiz) del grupo Gálvez Peluqueros, Antonio Gálvez y Antonio Sánchez, en la que fue la segunda conformidad que se ha producido en la macrocausa de los ERE por parte de los beneficiarios de las ayudas, que están procesados como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fallo recoge como hechos probados que los dueños de la mercantil Antonio Gálvez Peluqueros, dedicada a la explotación de salones de peluquería en varias localidades de la provincia de Cádiz, eran "sabedores de que la dirección general de Trabajo concedía ayudas con fondos públicos al margen del procedimiento legalmente establecido" y de esta forma llegaron hasta el responsable de la dirección general -entonces, Juan Márquez Contreras- y consiguieron que en torno al mes de septiembre de 2009, éste les concediera, "de manera absolutamente injusta y arbitraria, una ayuda de 1.150.000 euros con fondos públicos cuya gestión le estaba encomendada por razón de su cargo".

8. Daniel Alberto Rivera, condenado.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera fue condenado a dos años de cárcel en la pieza separada del caso de los ERE relativa a las ayudas a la empresa Industrias Elizana, con sede en Lucena (Córdoba) y dedicada a la fabricación de muebles.

El caso de Daniel Alberto Rivera es muy singular dentro de la macrocausa porque la Audiencia de Sevilla lo exculpó de ser juzgado en el juicio del denominado “procedimiento específico” de los ERE, pero lejos de hacerle un favor parece que finalmente lo perjudicó, porque desde entonces se ha visto inmerso en un auténtico calvario judicial debido al galimatías jurídico en el que se ha convertido la macrocausa de los ERE por el conflicto planteado por la exclusión de los ex altos cargos del centenar de piezas que se siguen investigando en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La exculpación de Daniel Rivera en el primer juicio ha provocado que figure como investigado en varias decenas de piezas que se siguen instruyendo y ya se han dictado, al menos, nueve autos de procesamiento contra este ex alto cargo en las siguientes piezas: Saldauto, Surcolor, Calderinox, Egmasa, Sierra Norte, A Novo Comlink, Fabricantes de Encimeras para Europa, Tioxide y Springer Arteferro.

9. Un nuevo acuerdo.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla impuso en junio de este año otra condena de un año y siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación especial para ocupar cualquier cargo público a un empresario cordobés de escayolas y yesos que en 2008 consiguió una ayuda ilegal de 300.000 euros con cargo a la famosa partida 31-L.

El acusado era el propietario y administrador único de las mercantiles Escayolas Saavedra y Yecomsa (Yesos y Complementos). A partir de 2006 invirtió ocho millones de euros, pero la crisis económica, "entre otras causas", afectó a sus empresas. Ambas pasaron de facturar más de nueve millones en 2006 a 6,4 millones en 2007 y por el camino se fueron hasta 40 trabajadores.

10. La última sentencia dictada.

Y en julio pasado llegó la décima sentencia dictada hasta ahora en la macrocausa y la cuarta a la que se llega tras el reconocimiento de los hechos. En este caso, el tribunal condenó a un año y un día de cárcel al antiguo administrador de Carpintería Pérez&Fuentes, una empresa domiciliada en Jerez de la Frontera (Cádiz), por las irregularidades cometidas en la concesión de una ayuda de 25.000 euros que le otorgó la Junta de Andalucía en 2009.

Esta pieza separada de la macrocausa de los ERE se resolvió con un nuevo acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el único encausado, con el visto bueno de las acusaciones ejercidas por la propia Administración autonómica y el PP-A, en virtud del cual se redujo la pena inicialmente pedida contra Alfonso P. G., que era de cuatro años y medio de prisión en calidad de cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación.