Lanzas justificó sus honorarios porque tenía que "pagar favores"

El ex sindicalista de UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández justificaba sus cuantiosos honorarios en que tenía que conseguir financiación pública para las ayudas vinculadas a los expedientes públicos y para ello tenía que "pagar favores y engrasar" para lograr las subvenciones.

Este modus operandi de Juan Lanzas, que está en prisión provisional desde marzo pasado cuando fue detenido en la primera fase de la operación Heracles, ha sido detallado por uno de los empresarios imputados en la causa, Jorge Andrés Morell Villete, administrador y presidente del Consejo de Administración de la empresa Aglomerados Morell, donde el conseguidor tramitó un ERE. El empresario, que fue él mismo incluido como intruso en este expediente de regulación, declaró el pasado miércoles a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que relató que la comisión que Lanzas le pidió a cambio de conseguir las subvenciones públicas era para "pagar favores a aquellos que tenían que concederlas" y apuntó que Lanzas le dijo que también tenía que hacer pagos a "cargos intermedios".

Según Jorge Andrés Morell, el conseguidor de los ERE le dijo textualmente: "A ver si tú te crees que trabajo solo", "tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones".

El atestado que la Guardia Civil ha entregado a la juez Mercedes Alaya en el marco de la segunda fase de la operación Heracles recuerda que el abogado Carlos Leal Bonmati, director del bufete Estudios Jurídicos Villasís, indicó que Aglomerados Morell habría pagado a Maginae Solutions -una empresa de un cuñado de Lanzas y vinculada por los investigadores a su entramado societario- un importe de 100.000 euros en concepto por los servicios prestados en la tramitación de las ayudas prometidas a la empresa, deduciendo que ese pago se pudo haber realizado "en efectivo directamente" a Juan Lanzas, motivo por el cual no aparecería en la documentación fiscal analizada por los agentes del instituto armado.

El empresario afirmó que en una reunión que tuvo lugar en el despacho del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, en la que también estuvo Juan Lanzas, el ex alto cargo le dijo que "como condición" para poder acceder a la subvención de los ERE tenían que despedir a todo el personal y que estaba "perfectamente cualificado" con más de 20 años de experiencia y contratar a nuevo personal de la localidad de Villanueva del Río y Minas. Siempre, según el imputado, Jorge Morell, Rivas llegó a manifestarle que se encargaría de pagar los costes de los cursos de formación del nuevo personal "sin importar el número que fuesen necesarios".

El dueño de Aglomerados Morell reconoció, por último, que hicieron "operaciones comerciales absolutamente ficticias" con la empresa AB Biotics, a través del cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, para que la misma hiciera un estudio relativo a la "contaminación del tapón de corcho" por el que Aglomerados Morell pagó 69.629 euros.

El conseguidor Juan Lanzas, a quien la juez Alaya ha llegado a calificar como el "amigo de la Administración", está imputado por haber introducido hasta 24 intrusos en las pólizas de las prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía. Según la instructora, Lanzas logró apoderarse de más de 13 millones de euros de las sobrecomisiones a través del entramado societario de empresas pantalla que creó para ocultar sus ingresos.

El director de una sucursal del banco de Santander ubicada en Mancha Real, en la provincia de Jaén, donde Lanzas tenía algunas cuentas ha reconocido ante la Guardia Civil que el ex sindicalista era un "cliente con capacidad económica solvente", aunque con el tiempo "ha ido incrementando progresivamente sus ingresos", algo a lo que este testigo atribuyó a las actividades comerciales que desarrollaba. Lanzas contrató en esta entidad "todo tipo de productos bancarios", desde plazos fijos, fondos de inversión, planes de pensión, acciones, cuenta de ahorro, etcétera. Una de las cuentas de Lanzas presentaba operaciones de abono por importe de 615.000 euros y de adeudos por 572.000, y el responsable de la entidad aseguró que consideraban a Lanzas como un "cliente de alto nivel", por lo que no se consideró que dichos movimientos fueran susceptibles de una operación relacionada con el blanqueo de capitales.