Origen y destino de los 9.000 millones que manejan los ayuntamientos andaluces

Los ayuntamientos andaluces manejan cerca de 9.000 millones cada año. Más de la mitad de este dinero procede del bolsillo de sus vecinos y llegan hasta las arcas municipales a través de impuestos directos y tasas. Los ingresos reconocidos a 31 de diciembre de 2018 por tributos locales directos suman 3.500 millones. Es decir, 39 de cada 100 euros que han gastado en el último año cada alcalde andaluz tenían su origen en alguno de los 15 impuestos que establecen y cobran los ayuntamientos.

Otros 1.273 millones procedían de las tasas, es decir, los precios públicos que se pagan por múltiples servicios municipales que comprenden desde el suministro de agua hasta la recogida de basura.

En la fiscalidad local brilla con luz propia el IBI. Supone el 65% de la recaudación municipal por impuestos directos. Tan sólo en 2017, inyectó en las arcas locales 2.429 millones de un total de 3.700 millones en derechos reconocidos por impuestos directos.

Los alcaldes adoran el IBI

Los alcaldes lo adoran porque poseen el grifo para subir o bajar el valor impositivo que se aplica sobre el valor catastral que marca Hacienda y, aún más relevante, presenta unas tasas de morosidad mínimas, como corresponde a un país en el que la propiedad de la casa es un valor sagrado.

Este escenario es el que posiblemente explica por qué en el debate sobre la presión fiscal nunca aparece el IBI. Es más, durante la larga travesía de la crisis, ha seguido creciendo como si no tuviera impacto en el bolsillo de las familias. En 2008, los ayuntamientos recaudaron 1.581 millones y, en 2017, no sólo no se había resentido, sino que aportó 848 millones más.

Es decir, la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (tanto urbanos como rústicos) creció en este periodo un 53%. Este excepcional incremento se explica no sólo porque los ayuntamientos hayan llevado al máximo el margen que les permite la ley para subir el gravamen, sino también porque se han acometido revisiones catastrales que han elevado el valor de los bienes.

Muy lejos ya de este impuesto estrella, los otros dos tributos que dependen de los alcaldes y que también tienen peso en la economía municipal son el que grava la posesión de un vehículo y las plusvalías. El primero reporta en Andalucía por encima de los 420 millones de euros y el segundo otros 400 millones de euros.

Después de los tributos que aplican los ayuntamientos, la segunda fuente de ingresos en orden de importancia para las arcas locales son las transferencias que reciben tanto del Estado como de la Junta de Andalucía. Hasta diciembre de este año se habían reconocido en conjunto 3.062 millones de euros, una cifra que, sin embargo, queda lejos de la que dibujaron los alcaldes en sus presupuestos.

Las cuentas locales para 2018 recogían 1.095 millones en transferencias de la comunidad autónoma y otros 3.062 millones del Estado. Es decir, más de 4.100 millones, cantidad que al cierre del ejercicio había menguado en casi 1.000 millones. De hecho, es el capítulo en el que se aprecian mayores diferencias entre las cantidades presupuestadas y las después liquidadas.

Si los ayuntamientos manejan en torno a 9.000 millones que proceden fundamentalmente de los impuestos y tasas que pagan directamente sus vecinos y en segundo orden de transferencias corrientes del las administraciones estatal y regional, ¿en qué se gastan el dinero? Si la pregunta se proyectara sobre la economía familiar, se podría responder, en román paladino, que en ir tirando. En el día a día.

El 36% de los recursos se emplean en pagar las nóminas. A 31 de diciembre de 2018, los 786 consistorios andaluces habían reconocido derechos de pago por importe de 3.296 euros en nóminas. Si al coste del personal se suma el resto del gasto corriente destinado a mantener la maquinaria y la actividad, este capítulo se dispara hasta los 6.736 millones. Es decir, 75 de cada 100 euros que manejan un ayuntamiento se van en gasto corriente.

Frente a estas magnitudes, las inversiones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 por todos los ayuntamientos de la región, se elevaban a 793 millones. Apenas el 9% del presupuesto total.

Juan Manuel Ruiz Galdón, profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Málaga con una prolija trayectoria en la gestión económica municipal, apunta que las entidades locales apenas si representan el 10% del gasto público total, al tiempo que recuerda que gestionan servicios como las basuras, policías locales y bomberos que disparan las nóminas. Para poner los datos en perspectiva, recuerda, por ejemplo, que el presupuesto sumado de todos los ayuntamientos españoles es cinco veces inferior al coste de las pensiones.

Ruiz Galdón también subraya que la salud financiera de los ayuntamientos es en términos generales bastante buena. El estricto régimen de control del déficit público, que no le permite excepciones como ocurre con las comunidades autónomas y el Estado, ha conducido a que los municipios españoles tengan en este momento más dinero en el banco que deuda.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la entidad que se ocupa en España de vigilar las cuentas públicas, recogía en un informe en abril que los ayuntamientos del país tienen en este momento 27.000 millones en depósitos y una deuda global que se cifra en 26.000 millones. En cierta medida sufren el dolor del superávit, porque ese remanente está muy limitado. Únicamente se puede destinar a amortizar deuda o a inversiones que sean sostenibles, es decir que no generen gastos futuros, de ahí que los alcaldes, sobre todo durante este último periodo preelectoral, hayan lamentado sin compasión no poder soltarse el corsé.

No obstante, estos datos no evitan que haya municipios en una situación muy delicada y muchos de ellos son andaluces. Jaén, con una deuda de 426 millones; Jerez, con 731 millones; Algeciras, con 1.460 millones; Cádiz, con 1.434 millones; y Huelva, con 1.267 millones, figuran entre los 10 municipios de más de 100.000 habitantes con mayor endeudamiento per cápita. Si la mirada se dirige hacia los más pequeños, aparecen en el podio Los Barrios, con 144 millones de deuda, una cantidad desorbitada para un municipio de poco más de 23.000 habitantes; Valverde del Camino, con casi 40 millones pendientes; Tarifa (42 millones), La Línea de la Concepción (148 millones), Ayamonte (45 millones), Chipiona (41 millones), El Ejido (181) y Puerto Real (81 millones).

La desproporción de la deuda ha llevado a la Airef en febrero de este año a advertir que Jaén y Jerez están en quiebra técnica con un problema agudo de sostenibilidad de sus finanzas. El riesgo es también muy alto en la localidad gaditana de Los Barrios, y lo cataloga de alto en Algeciras y en Isla Cristina.

La amortización de la deuda de los 786 municipios y 8 diputaciones de Andalucía consume al año algo más de 1.037 millones de euros, de acuerdo con el presupuesto liquidado de 2017, una cifra que no está lejos de los 1.260 millones que se destinaron a lo que se denomina bienestar comunitario y que comprende servicios básicos como la limpieza, gestión de residuos, suministro de agua o alumbrado público. El reembolso de los préstamos equivale al coste de los servicios sociales (1.059 millones) y, además, está muy por encima del gasto en seguridad ciudadana y movilidad (849 millones).