El PP quiere llevar a Díaz, Chaves y Griñán ante la comisión de la Faffe el 26 de octubre

El PP-A ha pedido este viernes que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el consejero de Empleo, Javier Carnero, abran el 26 octubre las comparecencias de la comisión que investigará el uso de las tarjetas de la Faffe en el Parlamento andaluz.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, tras registrar el plan de trabajo de su grupo para investigar en esta comisión la "verdad" sobre el gasto de casi 15.000 euros con una tarjeta de la extinta Faffe en un club de alterne.

Los populares quieren, si antes no hay adelanto electoral, que comiencen las comparecencias el 26 de octubre, el mismo día en que se celebra una reunión del Consejo de Ministros en Sevilla, y que la primera en comparecer sea la presidenta Susana Díaz.

La pretensión de los populares es que en la primera ronda de comparecencias acuda también Fernando Villén, ex gerente de la Faffe, el principal sospechoso del uso presuntamente fraudulento de la tarjeta, Ana Vals, ex directora económica financiera de la Fundación, así como el dueño del club de alterne Don Angelo.

Junto a ellos, incluyen las comparecencias del ex alcalde de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres, quien -según el PP- estuvo contratado por la Faffe "sin asistir durante once años", y el ex consejero de Empleo imputado en el caso de los ERE, Antonio Fernández.

Sobre la posibilidad de que fueran llamadas a declarar las prostitutas del club, Ruiz Sillero ha asegurado que no están de acuerdo. "Quienes tendrían que comparecer serían los puteros que fueron al puticlub con dinero público, no las mujeres explotadas sexualmente, a las que hay que proteger", ha apuntado.

Además, ha considerado que el plan de trabajo de su partido, "ágil y operativo", tiene como objetivo que la comisión de investigación se prolongue hasta el final de la legislatura si no hay adelanto electoral, de forma que prevé que se habilite un pleno extraordinario a finales de enero de 2019 para aprobar las conclusiones finales.

Por ello, ha propuesto a los grupos consenso y, especialmente a Ciudadanos, del que ha dicho que acepte el plan y "no tape casos de corrupción como este".