El PSOE y Adelante llevarán al Constitucional el decreto de simplificación aprobado en el Parlamento

La Diputación Permanente del Parlamento ha dado este jueves luz verde al decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Las fuerzas que sostienen al Gobierno andaluz han avalado una norma que modifica 21 leyes y seis decretos. No obstante, el futuro de esta legislación dependerá de la decisión que tome el Constitucional, ya que el PSOE y Adelante Andalucía han anunciado que presentarán un recurso de amparo al Alto Tribunal.

Esta norma es uno de los buques insignias del Gobierno andaluz, convencido de que la reducción de la maraña burocrática y de los trámites administrativos redundarán en la creación de empleo y el crecimiento económico. PP, Ciudadanos y Vox han hecho valer su mayoría en una reunión insólita en la Cámara, con sólo unos pocos diputados y el consejero Rogelio Velasco, como responsable del decreto ley, acompañado por el titular de Hacienda, Juan Bravo, y el vicepresidente Juan Marín.

Velasco ha recordado que, según las previsiones del Gobierno, el PIB andaluz podría crecer hasta en un 2,5% gracias a este decreto en los próximos cinco o diez años. También defendido que las múltiples reformas incluidas serán también beneficiosas para paliar el golpe económico generado por la pandemia de coronavirus. Además, el titular de Economía ha garantizado que la norma "en ningún caso" supondrá una "relajación" en el control que la Junta mantiene sobre la actividad económica ni redundará en una mayor inseguridad jurídica.

La defensa que ha hecho Velasco de este importante decreto no ha modificado en absoluto la posición de la oposición. Vox está satisfecho, aunque su portavoz, Alejandro Hernández, ha dejado un cuña sobre la necesidad de reducir la administración paralela. PSOE y Adelante, por contra, consideran que el decreto provoca inseguridad jurídica y han criticado duramente la tramitación por la vía rápida y reclaman mayor participación, es decir, su tramitación como proyecto de ley.

"Deberían reflexionar sobre lo que están haciendo", ha dicho el portavoz socialista, Manuel Jiménez Barrios antes de señalar que el decreto está "plagado de trampas". El diputado gaditano ha asegurado también que la Diputación Permanente que ha convalidado la norma no cumple los "mínimos preceptos legales", como apuntaron en este periódico varios expertos en derecho parlamentario. Por ese motivo, el PSOE llevará al Tribunal Constitucional la aprobación de la norma. Para hacerlo necesita que 50 diputados o senadores lo soliciten, ya que los socialistas no tienen la mayoría en el Parlamento para impulsar esta iniciativa.

Entre las carencias señaladas por Jiménez Barrios en el decreto está la ausencia -o al menos su publicación- de los preceptivos informes jurídico y presupuestario, así como el informe del Consejo Consultivo. También considera el PSOE que la urgencia del decreto no está justificada. "Ya me contarán cómo de urgente es poner más o menos campos de golf", ha ironizado. Asimismo, el diputado gaditano ha asegurado que la modificación de la norma que afecta al Consejo Audiovisual es "antiestatutaria", ya que modifica la ley que regula un órgano de extracción parlamentaria que requiere su aprobación por mayoría cualificada.