El PSOE se queja al juzgado de los ERE de las "filtraciones a los cinco minutos"
El PP considera que estas actas "no son reservadas" · La juez Mercedes Alaya pide que se le exima de otros asuntos
Un día después de que la Junta rechazase la petición de la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, de aportarle las actas de los Consejo de Gobierno de los últimos diez años para la investigación, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, manifestó la preocupación de los socialistas por la celeridad con que los datos que remite la Junta son difundidos.
En rueda de prensa, Jiménez dijo que "causa estupor y preocupación" ver como "toda" la información que envía la Junta de Andalucía al Juzgado de Sevilla que investiga los ERE irregulares está "a los cinco minutos en los medios de comunicación".
La Junta se opuso a la petición de la juez pese a que ésta en un auto reclama copia compulsada de las actas y la devolución de aquello que no esté relacionado. Desde la Junta entienden que esta reclamación "vulnera y atenta" contra la Ley del Gobierno andaluz, una decisión que respaldó el portavoz socialista, que destacó que la vía ofrecida por el Gobierno de enviar al juzgado certificados concretos de las actas es una "muestra más" de la colaboración con la Justicia.
"El PSOE no hará juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales, ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las fuerzas de seguridad, pero es un hecho objetivo que cuando la Junta remite al juzgado documentación al día siguiente está en los medios de comunicación", aseveró.
Por parte del PP, la portavoz regional, Rosario Soto, señaló que, según el artículo 30.3 de la Ley de Gobierno de Andalucía, las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno "no son reservadas", al no incluir deliberaciones ni votos individuales, por lo que, en su opinión, no está justificado la oposición de la Junta. "No se entiende por tanto la negativa de la Junta, que se podría justificar en que tenga algo que temer", añadió. También el coordinador general de IU, Diego Valderas, demandó que se levante el "silencio" de las actas.
La juez Merces Alaya, que investiga los ERE, ha reclamado a la Junta de Jueces que se le exima del reparto de nuevos asuntos por la envergadura de la investigación. Este órgano decidirá hoy sobre esta exención, que podría ser de tres o seis meses.
De otra parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, afirmó ayer que le preocupa "la imagen que da Andalucía" con este caso. En el Congreso de los Diputados, una semana más, el PP preguntó en la sesión de control en dos ocasiones al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aunque en esta ocasión una de las interpelaciones fue contestada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Los diputados del PP pidieron la dimisión de Chaves, y también del vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del Caamaño por "cómplices". Chaves subrayó que la Junta ha entregado a la jueza del caso de los ERE 6.000 expedientes y 150.000 folios.
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