El Parlamento andaluz pide al Gobierno central un nuevo decreto de sequía y que ejecute las obras hidráulicas pendientes
La Cámara autonómica también reclama más fondos europeos para hacer frente a las actuaciones retrasada
Infraestructuras hidráulicas pendientes: el agua que falta en Andalucía
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se reclama que el Gobierno central apruebe un nuevo decreto de sequía que incluya medidas potentes y de ejecución inminente y una dotación económica muy importante, acorde a las actuales circunstancias y que tenga a Andalucía como uno de los principales territorios beneficiados, teniendo en cuenta la especial gravedad de la sequía en la comunidad.
La iniciativa ha contado con apoyos parciales de los grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía. El Grupo Socialista y Vox han rechazado el punto relativo a que el Gobierno apruebe un nuevo decreto de sequía.
La Cámara también ha reclamado que el Gobierno central apruebe, con carácter inmediato, una planificación de ejecución urgente de todas las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que están pendientes en Andalucía, y adopte también las otras actuaciones en materia de política de agua que le viene reclamando el Ejecutivo andaluz en los últimos años.
Entre ellas, se encuentra la ejecución de la totalidad de las obras hidráulicas de interés general del Estado relativas al cumplimiento del trasvase del Condado de Huelva, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, y en concreto el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza.
Otras demandas al Ejecutivo nacional son la ejecución de las obras hidráulicas de interés general del Estado en la provincia de Almería relativas a la ampliación de la desaladora de Carboneras o la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora; el trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, o el saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental.
De igual manera, la Cámara autonómica ha pedido que el Gobierno central impulse una reprogramación de los fondos Next Generation para que vengan más recursos para el agua, incremente los recursos del Perte de digitalización del ciclo del agua para poder ofrecer más ayuda a los municipios en la mejora de la red de abastecimiento y que exista cogobernanza entre el Estado y las comunidades a la hora de decidir el destino de los fondos que han de venir para una política tan crucial como la hídrica y, en concreto, para paliar los efectos de la sequía y garantizar el suministro de agua.
El Pleno también ha pedido que el Gobierno central considere la política del agua como "una política de Estado y un asunto socioeconómico de crucial importancia para los españoles, y en concreto los andaluces, dejando fuera de la misma a la ideología. Y a no desdeñar ni reducir ninguna fuente hídrica para Andalucía".
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha expuesto que es el momento de que todas las administraciones estén a la altura de las circunstancias, y el Gobierno de España, además de no desdeñar ni reducir ninguna fuente hídrica para Andalucía y defender las transferencias y trasvases como parte del principio de solidaridad entre españoles, debe utilizar todas las posibilidades de recursos de que dispone para la ejecución de la política del agua, y en concreto la utilización de más fondos Next Generation en la misma.
Ha agregado que el cumplimiento de este compromiso por parte del Gobierno de España supondría atender la demanda de muchos territorios andaluces que necesitan de los recursos hídricos que generaría la ejecución de las obras hidráulicas para el abastecimiento de su población y para el mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas que son el sustento de la gran mayoría de los ciudadanos que las habitan, apoyando con ello a unos agricultores y ganaderos que ya tienen bastante con la subida elevada de los costes de producción y los efectos que ya está causando la guerra de Ucrania.
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