La Policía del Guadalquivir contará con unos 180 empleados públicos del Estado

La cesión por parte del Estado de la Policía de aguas a las comunidades autónomas permitirá conservar a la Junta a unos 180 empleados públicos que recibió de la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Este personal que recayó en la Agencia Andaluza del Agua fue uno de los más conflictivos cuando la Junta decidió el pasado año la reordenación del sector público andaluz y la adhesión de esta agencia a la empresa pública Egmasa. Finalmente, la Junta decidió que estos empleados públicos se integrasen en la Consejería de Medio Ambiente.

Según los datos aportados a esta redacción por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), la comisaría de aguas de la Junta integrada en la dirección general de Planificación Hidrológica está compuesta por 181 empleados públicos de la Administración General del Estado y 16 vacantes transferidos por el real decreto de transferencia, anulado por el Tribunal Supremo.

Éstos serían 90 funcionarios y 91 laborales por oposición. Un total de 44 de éstos pertenecen a la guardería fluvial, y 16 de estos trabajadores fueron funcionarizados. En 2009 se transfirieron 223 funcionarios y 479 laborales (702 empleados públicos de la administración General del Estado) procedentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Agencia Andaluza del Agua. Aparte se traspasaron 147 puestos de trabajo vacantes.

La Junta de Andalucía no ha detallado, desde que se anunció la cesión de competencias hace una semana, a cuánto ascenderá el número de empleados públicos con los que se quedaría para estas labores de vigilancia. Aún debe aprobarse la reforma de la Ley de Aguas que propicia esta cesión y, tras este paso, se concretará el número de efectivos ex de la CHG (y también propios de la Junta) que se quedarán al cargo de estas funciones.

La cesión de esta competencia ha provocado un fuerte rechazo en algunos sectores, aparte de a la plataforma de empleados públicos. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) emitió ayer un comunicado en el que, sin más datos, consideró que la transferencia es anticonstitucional e invade las competencias del Estado.

Para la federación, con este decreto el Ejecutivo está duplicando competencias y cometiendo un nuevo "ataque" al principio de unidad de cuenca, como ya hizo al traspasar las funciones legislativas y de ejecución sobre el Guadalquivir a Andalucía; atribuciones que fueron declaradas nulas por atentar directamente contra la Carta Magna.

Por su parte, tanto el PP como el PSOE de Extremadura se pronunciaron ayer en la misma línea sobre la intención de la Junta de reclamar las competencias perdidas sobre la cuenca con una delegación del Gobierno, una iniciativa anunciada el lunes por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, apuntó ayer que la competencia sobre el río Guadalquivir es "cosa juzgada" . Por su parte, el ex presidente extremeño y portavoz del PSOE, Guillermo Fernández Vara, reclamó que se cumpla la sentencia. "Esto no es estar poco o mucho embarazada; se ha de cumplir", señaló.

Griñán volvió ayer a ofrecer al PP que apoye esta iniciativa y señaló que espera que el "electoralismo" de Javier Arenas no lo impida. El PSOE insistió en que el líder del PP, Mariano Rajoy, debe pronunciarse si cederá las competencias a la Junta si gana las elecciones o si "la derecha atacará a Andalucía", dijo el portavoz parlamentario, Mario Jiménez.