Porno, violencia digital, 'cyberflashing' o noviazgos precoces, el peligroso hábitat sexual de los menores

El número de agresiones sexuales cometidas por menores de edad es cada vez más preocupante y su aumento continuo está generando un debate entre la sociedad, avivado por casos tan polémicos como los ocurridos este mes en Badalona, El Vendrell o Alicante, donde hay chicos muy jóvenes que participan en ataques sexuales y casi siempre en grupo. En Andalucía, la Fiscalía lleva varios años alertando de esta problemática, y en su última memoria, publicada en 2022 con datos el ejercicio anterior, pone especial énfasis en este asunto, destacando la violencia digital como uno de los puntos más preocupantes, detectado por todas las fiscalías provinciales, y que "incita a la violencia de género".

En el documento, la Fiscalía advierte de la necesidad de "una formación adecuada en materia sexual desde el punto de vista humano, moral y ético" de los infractores como forma de atajar el problema. Ante esta falta de formación, reconoce la Fiscalía, los menores recurren a la información a través de las redes sociales, con visionados de material pornográfico, lo que provoca "un aprendizaje viciado". Estos dos elementos, la falta de formación y la tendencia a recurrir a las redes, tiene su correspondencia en la violencia ejercida por los menores en prácticas como el cyberflashing (el envío de fotos de genitales a otras personas sin su permiso), lo que genera, según la Fiscalía conductas sexuales inadecuadas y "un inicio precoz de la sexualidad".

También, en relación a esa precocidad, el ministerio público advierte de que las relaciones de pareja o noviazgo se inician cada vez de forma más temprana, lo que lleva aparejado un control "que se pretende ejercer de forma recíproca". De hecho, en el documento se habla de un "leve incremento" de los delitos de violencia de género relacionados con menores, que en el caso por ejemplo de Huelva han subido de 4 en 2020 a 6 en 2021, mientras que en Cádiz se pasó de 23 a 28, aunque uno de los casos más notorios es el de Granada, que para dicho periodo experimentó un crecimiento de 13 a 21. Por contra, otras provincias como Córdoba tuvieron un descenso de 14 a 10 entre 2020 y 2021.

A lo largo de las más de diez páginas que dedica a este asunto la Fiscalía en la Memoria de 2022, se destaca un aumento de la violencia sexual en gran parte de Andalucía. Así, en Almería se produjo un aumento de 3 a 7 delitos de agresión sexual en 2021, mientras que se pasó de 14 a 15 los de abuso sexual; en Granada se pasó de 11 a 29 los delitos contra la libertad sexual en el mismo periodo, de los cuales 14 son de agresión sexual (6 de extrema gravedad) y 15 de abusos sexuales; destaca también el caso de Jaén, donde la Fiscalía alerta sobre las conductas "excesivamente sexualizadas en menores de 14 años, que no tienen conciencia de la relevancia de estos comportamientos"; en Cádiz, por su parte, se pasó de 38 a 50 delitos, lo que supone un aumento del 1,3% entre 2020 y 2021, mientras que en otras provincias, como Córdoba, se mantuvieron los mismos índices en dicho periodo.

Guarda también un apartado especial la Fiscalía en su Memoria para los menores de 14 años, pues según reconoce se está experimentando en los últimos años un aumento de la criminalidad de estos jóvenes en delitos contra la libertad sexual, unos casos que provocan preocupación social porque además a esa edad los niños son inimputables jurídicamente.

En este sentido, la actuación de las fiscalías es ponerlo en conocimiento de la entidad pública si "el delito reviste gravedad" o según las circunstancias de deterioro que presente el menor, tras lo cual dicha entidad realizará un plan de seguimiento, aunque la propia Fiscalía reconoce la dificultad para llevar a cabo este procedimiento debido a la saturación y desbordamiento que presentan los Servicios de Protección de Menores, que han obligado a las distintas provincias a archivar varias diligencias preliminares, por ejemplo, en Málaga han sido 534, en Cádiz 277 y en Granada 141, por citar algunos de los ejemplos que ofrece la Fiscalía en su Memoria, con datos relativos a 2021.

Expedientes de riesgo

El Ministerio Fiscal es consciente de sus limitaciones a la hora de proteger a los menores, en una situación que los propios fiscales delegados califican de "desbordamiento de trabajo" ante la falta de trabajadores cualificados para hacer frente al crecimiento de casos, un problema que en el caso de Sevilla tiene también su correlación con la falta de espacio para la custodia de los expedientes.

Pese a todo, la Fiscalía destaca como un paso adelante la entrada en vigor, en 2021, de dos nuevas leyes "de gran relevancia e incidencia" en la protección de los menores, una a nivel nacional y otra autonómica. Esta última confía en que simplifique "el trabajo de las fiscalías, sobre todo en las investigaciones que se practican con menores en riesgo".

Precisamente, con datos de 2021, la provincia de Granada lidera el número de expedientes de riesgo, con un total de 1.203, seguido de Málaga (1.176) y Sevilla (1.083). Por el otro lado, Cádiz (387) y Córdoba (368) son las provincias que menos expedientes realizaron desde el área administrativa.

La Fiscalía advierte en su Memoria del aumento que respecto a 2020 ha habido a nivel andaluz en este tipo de expedientes, pasando de 4.777 a 5.580, al tiempo que denuncia la "escasa implicación" de las administraciones sobre la declaración de la situación de riesgo, pese a la entrada en vigor de la nueva legislación andaluza.

Sin embargo, advierte la Fiscalía que el verdadero aumento se produjo en el número de expedientes de tutelas, pasando de 1.229 a 1.854 en 2021. En este caso, Granada tampoco sale demasiado bien parada, pues fue la segunda provincia que registró más expedientes, un total de 247, a mucha distancia, eso sí, de los 747 de Cádiz, que en esta ocasión ocupa el primer puesto, y a pocas cifras de los 239 de Málaga.

Peregrinaje de los padres por las fiscalías

En su Memoria, la Fiscalía pone también especial atención a la violencia doméstica, en la que se está produciendo un "comportamiento reincidente" de muchos menores que obliga a los padres a realizar "un peregrinaje en busca de una respuesta inmediata" por las distintas fiscalías, según se recoge en la Memoria.

El mayor problema se encuentra en los menores con trastornos de conducta o algún tipo de enfermedad mental, por ser muy limitados los recursos de los que se dispone, según explica la Fiscalía, quien afirma también en la Memoria que uno de los métodos que mejor resultado ofrece es la convivencia en grupo y la libertad vigilada y "solo en casos de reincidencia" las medidas de internamiento.

La situación de este tipo de violencia es diferente en cada provincia, existiendo casos como el de Almería, donde se ha experimentado un descenso de 71 casos en 2021 frente a los 80 de un año antes, situación en la que también se encuentra Jaén que baja de 28 a 21; por su parte, otras regiones como Granada han visto aumentar sus cifras, pasando de 13 expedientes en 2020 a 21 en 2021, al igual que Huelva, que pasa de 9 a 28 para el mismo periodo.

El caso de los extranjeros

Además de la violencia asociada a los menores, el informe de la Fiscalía dedica un apartado a los Menores Extranjeros No Acompañados, que también han estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos, especialmente tras la avalancha de personas que se produjo en mayo, como señala la Memoria, cuando las autoridades de Marruecos decidieron abrir su frontera con España y fomentar "la entrada ilegal de un número indeterminado de personas", que el Ministerio Fiscal cifra entre 12.000 y 15.000.

A nivel andaluz, la Fiscalía informa de una reducción de los expedientes de determinación de edad de estos menores en zonas como Granada, donde en 2021 se produjeron 137, mientras que en 2020 fueron 188, mientras que en otras provincias como Córdoba se ha experimentado un notable incremento, pasando de los 13 de 2020 a los 25 que se realizaron en 2021. Por lo demás, en Sevilla se registraron hace dos año 43 expedientes, en Huelva 16 o en Almería 178.

Otra de las materias en las que trabaja la Fiscalía en este sentido es la realización de pruebas de ADN respecto a la entrada de menores con un adulto de referencia, cuya "filiación o vínculo real se desconoce", algo que es más frecuente en las zonas de entrada de las embarcaciones. En el caso de Granada, por ejemplo, se han incoado 22 expedientes, mientras que en Almería han sido 85.