Ruiz-Mateos alega un deterioro de su salud para no declarar ante Alaya

El portavoz de José María Ruiz-Mateos, Ignacio Fernández Candela, hizo público ayer un certificado médico que apunta a un empeoramiento de la salud del empresario, para justificar su ausencia ante la juez Mercedes Alaya el pasado miércoles.

El certificado médico señala que Ruiz-Mateos tiene una mayor "dificultad para caminar" y que ha comenzado de nuevo a necesitar fisioterapia, así como que sufre un mayor "deterioro cognitivo" que provoca que aumenten "los olvidos", si bien el comunicado también hace referencia a su "independencia funcional".

Ruiz-Mateos estaba citado a declarar el pasado miércoles en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pero el empresario aseguró que no iba a comparecer y alegó una deficiencia de salud, además de afirmar que no creía "en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces". Confirmada su ausencia, la juez Alaya decidió no dictar de inmediato una orden de detención y esperar una posible comunicación o certificado médico enviado por burofax, según informaron fuentes del caso.

La juez había citado a declarar a Ruiz-Mateos porque, según sus hijos ya imputados -Zoilo, Javier y Pablo-, pagó medio millón de euros al "conseguidor" Juan Lanzas y ordenó incluir a dos trabajadores de otras empresas del grupo Rumasa en el ERE de su hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).

La juez sostiene que los Ruiz-Mateos pagaron al conseguidor de los ERE Juan Lanzas 600.000 euros por cada uno de los cinco ERE del grupo Nuevo Rumasa en Andalucía, en billetes de 500 euros y en "dinero B", acusación que los imputados atribuyen a la "enemistad manifiesta" del autor de esas afirmaciones, el ex abogado del grupo Joaquín Yvancos.

Por el contrario, Javier Ruiz-Mateos dijo en su declaración que Lanzas pudo cobrar medio millón de euros en pagos de 20.000 o 25.000 euros, que se hacían "cuando su padre lo ordenaba".

De otro lado, la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez no había depositado a mediodía de ayer la fianza civil de 29,5 millones de euros que le impuso la juez Alaya y el posible recurso que presente contra esta decisión no paralizará la obligación de pago y, en caso de incumplimiento, el posterior embargo de sus bienes.

Fuentes judiciales indicaron ayer que la ex consejera dispone de un día de plazo, a partir de la notificación del auto a su abogado y procurador, para depositar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla los 29,5 millones de euros en efectivo, mediante aval bancario o garantía hipotecaria. Cuando el juzgado finalizó ayer su jornada de trabajo no se había depositado ninguna cantidad y los abogados personados en la causa dan por hecho que la ex ministra no dispone de ese dinero en efectivo ni posibilidad de conseguirlo.

Un eventual recurso contra la fianza no es suspensivo, por lo que dentro de unos días la secretaria judicial iniciará el proceso para localizar bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo. Este proceso se ha llevado a cabo ya con buena parte de los 145 imputados por los ERE.