Sanz ratifica ante el juez la denuncia de la Junta por las mordidas para vender test del Covid al SAS

El viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha ratificado este miércoles ante el juez de Instrucción número 2 de Sevilla la denuncia que la Junta de Andalucía presentó por el intento de cobro de una mordida de cinco millones de euros en la venta de una partida de test de detección del Covid-19 al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Antonio Sanz ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y, al término de su declaración como testigo, el viceconsejero ha explicado a este periódico que ha ratificado la denuncia y las actuaciones que la Junta de Andalucía realizó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos en los que están implicados un ex ex asesor de la consejería de Salud y Familias -que era adjunto al jefe de gabinete-, así como el empresario gaditano Manuel García Gallardo -fundador de Quality Food-, una hermana de éste y un trabajador de la sociedad.

"Está claro que esto ha cambiado, no tiene que nada que ver con lo de antes", ha precisado Sanz, que ha subrayado que "al más mínimo indicio" de delito, la Junta de Andalucía denunció los hechos ante la Fiscalía de Sevilla "en defensa del dinero público y de los intereses de los andaluces".

El viceconsejero ha añadido que en este Gobierno no hay "ni un solo milímetro para cualquier caso posible de corrupción", ha aseverado Antonio Sanz, que ha recordado que una vez que la Junta tuvo conocimiento del intento de cobro de comisiones se abrió una investigación interna y se nombró un instructor en la Consejería de Salud. La investigación provocó el cese del asesor de la Consejería de Salud y la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, en octubre de 2020.

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, había citado además este miércoles a tres de los cuales investigados en este caso, que en febrero se habían acogido a su derecho a no declarar cuando fueron detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) -Manuel García Gallardo, su hermana y un trabajador-, pero al final dos de las declaraciones se han suspendido y sólo ha declarado uno de los investigados.

Además se ha tomado declaración como testigos a varias personas, entre ellas la ex gerente del hospital de Valme de Sevilla, María Jesús Pareja, y la mujer de Elías Bendodo, Isabel Naranjo.

Para el próximo día 4 de abril, el juez ha citado como testigos al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

De la investigación realizada por la UDEF se desprende que el empresario investigado contactó con el adjunto al jefe de gabinete de Aguirre y le ofreció una comisión si se lograba el contrato para la adquisición por parte del SAS de un centenar de mochilas con reactivos para la realización de pruebas PCR en Atención Primaria, un contrato que rondaba los 19 millones pero en el que se pidió que se subiera el precio en "cinco millones".

Otro empresario alertó en su momento a la Junta de el empresario de Quality Foodle habría asegurado que la única forma de convertirse en proveedor de la Junta de Andalucía consistía en presentar una factura en la que se añadiera esa comisión de cinco millones al valor de los productos suministrado, con lo cual el precio para este contrato de las pruebas PCR pasaría de los 19 millones a los 24 millones, aunque no se ha concretado cómo se repartiría esa supuesta comisión.

Además se investigan unas grabaciones en las que supuestamente se realiza el ofrecimiento de dinero al ex asesor de Aguirre -que lo habría aceptado- a cambio de que se compraran esas mochilas, pero como finalmente desde los hospitales no consideraron apropiados esos test, comenzó a presionar supuestamente a la consejería diciéndole que tenían pruebas de que el asesor había aceptado el dinero por la materialización de una venta que, finalmente, no se produjo.

Manuel García Gallardo, empresario de San Fernando (Cádiz), volvió a la actualidad recientemente cuando el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación por el que se ordenaba que se repitiera el juicio que tuvo lugar en marzo de 2019 para las tres personas que fueron condenadas por la Audiencia Provincial en aquel entonces por el caso Quality Food, entre ellos el propio fundador de la empresa.