El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que la Audiencia de Sevilla dictó en 2019 y en la que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros altos ex cargos de la administración andaluza por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.
Las claves de la sentencia que se ha conocido son las siguientes:
- El Tribunal Supremo ha absuelto a tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo que habían sido condenados por la Audiencia de Sevilla -Javier Aguado Hinojal, Francisco Sánchez García, Lourdes Medina Varo- y ha rebajado de siete a tres años la condena impuesta por malversación al ex director general de Trabajo Juan Márquez al apreciar la atenuante de reparación del daño.
- Mantiene el resto de las condenas, entre ellas las penas de prisión al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años, y a otros ocho ex altos cargos de la Junta: , que fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que también se impuso penas de prisión a los ex consejeros Antonio Fernández (siete años, 11 meses y un día de prisión), José Antonio Viera (siete años y un día de prisión), Carmen Martínez Aguayo (seis años y dos días de prisión) y Francisco Vallejo (siete años y un día de prisión), así como los ex viceconsejeros Agustín Barberá (siete años y un día de prisión) y Jesús María Rodríguez Román (seis años y dos días de prisión), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (éste es el único acusado al que se ha rebajado la condena de siete años y un día de prisión a tres años de cárcel) y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar (seis años, seis meses y un día de prisión).
- La sentencia se ha dictado por un margen muy estrecho en lo que se refiere al delito de malversación de caudales públicos, dado que dos magistradas (Ana Ferrer y Susana Polo) han emitido un voto particular en el que consideran que Griñán y cuatro ex altos cargos ajenos a la consejería de Empleo -Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo- tendrían que haber sido absueltos de este delito.
- El fallo considera que Chaves y Griñán conocía la ilegalidad del sistema por el que se concedían las ayudas y con el que se propiciaba el "despilfarro" de los fondos públicos por la "ausencia de todo control".
- El voto particular culpa al tribunal de dar un "salto al vacío" para condenar por malversación a Griñán y a los otros cuatro ex altos cargos que no formaban parte de la consejería de Empleo, puesto que estos acusados no podían tener conocimiento de que parte de esos fondos públicos estuvieran siendo distribuidos de forma "dolosamente fraudulenta por los funcionarios ejecutores del presupuesto a quienes les eran entregados para que les dieran el destino social y económico establecido en la ley".