El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta se querellará contra los implicados en los ERE

Sevilla/El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) presenta este lunes una querella por un posible delito de prevaricación "contra todos aquellos que, a tenor de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten responsables en el caso de presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de regulación de empleo".

En una nota, Safja ha anunciado que solicitará su personación en la causa que instruye la juez Mercedes Alaya, pues entiende que "se ha prescindido del protocolo y formalidades legalmente establecidas para otorgar las ayudas citadas, y que tales hechos pudieran venir motivados en las más de las ocasiones por la ausencia de personal funcionario que controlase el procedimiento en cuestión". En este sentido, el sindicato considera que "se ha contado con la ayuda de personal ajeno a la función pública, con el claro ánimo de hurtar la necesaria Intervención".

El Safja ha recordado que la Intervención General, "en reiteradas ocasiones, denunció las vulneraciones habidas en la concesión de este tipo de ayudas, que obviaban lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, unos avisos han sido reconocidos por el propio Gobierno andaluz".

Por todo ello, Safja entiende que "existen claros indicios de comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos, regulado en el artículo 432 del Código Penal, en concurso con el delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 de la citada Ley sustantiva penal".

Asimismo, considera que "la participación de la Administración paralela en la trama de los ERE resulta fundamental, pues los hechos demuestran que la vigilancia no ha sido suficiente", toda vez que "el personal de los entes autónomos no es funcionario", por lo que apunta que los hechos investigados "pudieran venir motivados por la ausencia de personal funcionario ejerciendo las labores de control que les reserva en exclusiva la Ley".

Además, Safja agrega que "la huida del Derecho Administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilita claramente que los controles sean más laxos".