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"Ayuntamiento, dígame". El recibimiento es una muestra más de cuán asimilada tienen estas poblaciones una identidad propia, sin aditivos de pertenencia. Desde hace años, décadas, reivindican ser el municipio 772, 773, 774 y sucesivos de Andalucía.
Hasta trece núcleos poblacionales andaluces están sumergidos en ese proceso de independencia municipal, según los datos aportados por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
Antes lo hicieron otros, una decena con éxito y otra veintena sin suerte. Los tiempos van cambiando y con éste las esperanzas. Los implicados reconocen que la ley de Autonomía Local (Laula) aprobada por la Junta de Andalucía ha abierto nuevas posibilidades, pero en los últimos meses la tendencia camina en dirección contraria: los borradores de la reforma local del Gobierno perseguían la fusión de municipios, aunque parece que finalmente este objetivo queda descartado en el anteproyecto que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo viernes.
"Aquí no se venden patatas. Esto es un ayuntamiento hasta que alguien diga lo contrario", afirma vehemente el presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de La Guijarrosa (Córdoba), Manuel Ruiz. Esta población cordobesa es una de las que recientemente (en noviembre) ha iniciado el proceso de segregación, no sin polémica, porque la iniciativa se encontró con la oposición de dos grupos (PP y unos independientes) en el municipio de referencia, Santaella.
Tras la aprobación de la Laula, el municipio matriz debe aprobar la separación por mayoría absoluta. Antes, con la ley 7/93 de Demarcaciones Territoriales y la ley nacional de Régimen Local, el aspirante tenía que contar con 7.500 metros cuadrados de suelo no urbanizable separado de la entidad matriz y 4.000 habitantes, o constituirse en Entidad Local, esperar cinco años y entonces los requisitos descendían a 5.000 metros de superficie y 2.500 habitantes.
Las poblaciones malagueñas de San Pedro de Alcántara o Torre del Mar padecieron estas variables y la Junta les negó la segregación.
La nueva ley aún tiene que demostrar su benevolencia con estas reivindicaciones, porque uno de los exámenes más duros es el de la solvencia económica.
"En la práctica funcionamos como un municipio y de hecho Hacienda nos ingresa ya directamente la parte proporcional que nos corresponde sin pasar por Santaella. No tenemos deuda, estamos a diez kilómetros de este municipio y hasta para las urgencias vamos más cerca, a La Carlota, a seis kilómetros", expone Ruiz, independiente por Candidatura de la Guijarrosa, a quien en el pueblo llaman alcalde y cuya dirección de correo electrónico incluye la denominación de ayuntamiento.
La corriente de opinión que impulsa hacia la fusión preocupa a estas entidades. "No se ajusta a la realidad, no hay municipios que se quieran unir, salvo dos que han salido en Galicia. Los impulsores no conocen la política local, ¿acaso no es más democrático acercar la administración al ciudadano cuanto más posible, y sin aumentar el gasto?", afirma Ruiz.
La iniciativa tiene detractores incluso en el PP, cuyos alcaldes se han mostrado muy combativos con algunos aspectos de esa reforma local.
"Claro que puede hacer daño esa tendencia a la fusión, pero más daño nos hace perteneciendo a un municipio que nos asfixia", asegura Belén Jarillo, alcaldesa de facto de la ELA de San Martín del Tesorillo (Cádiz), por el PP. "Siempre, desde pequeña, he tenido ese sentimiento de independencia. Estamos a 25 kilómetros, nosotros somos costeros y ellos de sierra. Socialmente no tenemos nada que ver", subraya.
San Martín del Tesorillo representa un 30% del municipio de Jimena, en Cádiz. Son factores sociales, culturales los que llevan a pedir la segregación, pero también económicos. Es condición necesaria demostrar que el ayuntamiento matriz no cumple los servicios mínimos.
"Hay que estudiar cada caso, no se puede generalizar, pero en el nuestro somos tan independientes que hasta damos servicios, como el cementerio, a Casares, que es de la provincia de Málaga", señala Jarillo. Este pueblo es uno de los que más avanzados tiene el proceso ya que, junto a Carchuna-Calahonda, sus expedientes proceden de la ley anterior.
Esto no ha impedido que la Junta les pida requisitos de la Laula, como la aprobación del municipio matriz o un informe económico, que Jarillo ha encargado a la Diputación de Cádiz.
San Martín del Tesorillo puede convertirse en el municipio 772 de Andalucía. "Esperamos que este año", desea su alcaldesa.
El último en conseguirlo fue en 2009 el malagueño de Villanueva de la Concepción. En sus primeras elecciones el PSOE empató con el Foro de Andalucía, una agrupación superviviente del partido que creó y abandonó en 2006 el ex ministro Manuel Pimentel. Así que el PSOE pactó con el único concejal, del PP.
El alcalde, el socialista Gonzalo Sánchez, asegura que esa decisión fue "dar sentido a una realidad evidente". "Estamos a 18 kilómetros de Antequera, tenemos una identidad, unas tradiciones, una autonomía plena. Antes teníamos que poner Villanueva como una calle en el DNI. Ahora, con lo de la fusión de municipios, muchos se burlan y nos dicen que nos acabamos de separar y ya nos van a mandar de vuelta para Antequera".
El PSOE también ganó en la ELA de Tharsis, y su presidente, Lorenzo Gómez, confía en que haya una pronta resolución de la Junta de Andalucía y que no avancen las consignas del PP. "Espero que 2013 sea el año en que haya respuesta, y que ésta sea positiva. Con esta incertidumbre no se puede vivir; tenemos proyectos como la revitalización de la mina y queremos saber si somos pueblo o no", reclama.
Para Gómez la respuesta está clara. "Hay razones históricas, pero también funcionales: tenemos el 90% de las competencias de un ayuntamiento. Nos falta la financiación que tiene que proceder del Gobierno y la Junta, pero llega a Alosno; llevamos 20 años y tenemos 2.400 habitantes, casi igual que nuestro municipio matriz. Tenemos hasta un habla diferente", subraya Gómez. Tharsis lleva 20 meses de proceso y ya cuenta con el visto bueno de Alosno.
Los territorios que quieran segregarse (sean o no ELA) tienen que pasar tras este trámite y luego les espera una travesía burocrática con un plazo estimado, a la baja, de 18 meses. Se coteja la información con el municipio de referencia, se piden informes a Ordenación del Territorio, al Instituto de Cartografía, a la Diputación y al Consejo de Concertación Local y, a partir de ahí, comienza la fase decisoria, con informes de la Consejería de Administración Local, dictamen del Consejo Consultivo, consejillo y acuerdo de Consejo de Gobierno.
La Junta admite que el plazo de año y medio suele sobrepasarse por la complejidad de este tipo de procedimientos y la verificación de los datos, pero sobre todo, por el retraso en disponer de ciertos pronunciamientos e informes por parte de las interesadas. Pero la Junta no pone impedimentos a esta independencia, asegura el director general de Administración Local, Antonio Maíllo. "El problema de deuda pública no procede de la administración local, a pesar de que hay situaciones extremas. Valoraremos las solicitudes con rigor, pero sin el prejuicio de que sobran municipios. Tenemos un número razonable, sobre el 9,5% del conjunto del país", subraya Maíllo.
En breve podría ser más, al menos otros 13.
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