El Tribunal de Cuentas no detecta menoscabo en los cursos de formación

Sevilla/Las ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para los cursos de formación en los años 2009 y 2010 no han generado menoscabo de fondos públicos para las arcas de la Junta de Andalucía. Ésta es la principal conclusión que ha llevado al Tribunal de Cuentas a archivar las actuaciones iniciadas en relación con las subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo de los ejercicios de 2009 y 2010, donde el Alto Tribunal no ha apreciado "responsabilidad contable". Entre las ayudas investigadas se encuentran las que fueron otorgadas en su día al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda para la realización de cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi, hechos que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige la juez María Núñez Bolaños.

La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante -que fue ministra de Justicia con Aznar- ha declarado el archivo del procedimiento de reintregro por alcance, después de que ni la Abogacía del Estado, la Fiscalía ni la Junta de Andalucía presentaran demanda alguna en relación con estas presuntas irregularidades contables que se pusieron de manifiesto con motivo del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La Abogacía del Estado del Estado pidió apartarse del procedimiento tras constatar que "no existían fondos comunitarios en las actuaciones del SAE en las subvenciones para el Empleo", mientras que la Fiscalía llegó a la conclusión de que los hechos descritos "no eran susceptibles de generar un presunto alcance en los fondos públicos". Es más, el Ministerio Público añadió que la investigación llevada a cabo ha puesto de manifiesto la "inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable en el sentido técnico-jurídico que prevé la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas".

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía -de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004, ejercicios 2009-2010-, recogía numerosas supuestas irregularidades como la "falta de memoria" en la documentación de varios expedientes de ayudas, la ausencia de documentación justificativa de las subvenciones nominativas concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por importe de 24,5 y 24,3 millones en 2010, además de que con respecto al programa formativo de 2009 no han finalizado 36 cursos y del año 2010 están pendientes de ejecutarse otros 36.

Entre las irregularidades denunciadas también se incluye que se concedió una ayuda de 38,79 euros por hora y alumno cuando el módulo máximo previsto "en el mejor de los casos" era de 19,5 euros por hora y alumno, con lo que se estimaba una desviación de la ayuda percibida entre 2006 y 2009 del orden de 524.971,44 euros.

Destacó también la Cámara de Cuentas las resoluciones de exoneración de justificación -cuando se eximía a las empresas de justificar los cursos- que superaba los 70 millones en 2009 y casi alcanza los 227 millones en 2010.

Denunciaba igualmente el informe de fiscalización la existencia de "importantes desviaciones económica de las ayudas" recogidas en uno de los informes policiales, y las "numerosas irregularidades contables en el Plan Formativo de los ex trabajadores de Delphi, desarrollado en cuatro fases en las que se habrían concedido más de 52 millones de euros".

Frente a este cúmulo de presuntas irregularidades, la Fiscalía emitió un dictamen en el que puso de manifiesto sobre las ayudas a la Faffe que se han iniciado procedimientos de reintegro por importes de 24,9 y 17,9 millones, dado que la cantidad restante, hasta alcanzar el importe total de la subvención, quedó pendiente de abonar, además de que se inició otro expediente de reintegro por otros 8,9 millones a la Faffe.

La consejera del Tribunal de Cuentas explica con respecto a las irregularidades relacionadas con las diligencias de investigación que incoó la Fiscalía Superior de Andalucía que la normativa aplicable establece la "imposibilidad" de proponer el pago de subvenciones a los beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las recibidas con anterioridad, con cargo al mismo programa, salvo en aquellos casos en que se haya declarado que concurren circunstancias de especial interés social", y en este caso, precisa el auto del Tribunal de Cuentas, que está fechado el pasado 17 de mayo, se han aportado resoluciones administrativas "llevando a cabo dicha declaración de especial interés social".

El archivo de las actuaciones en la jurisdicción contable se produce porque "ninguno de los legitimados activamente" ni el Ministerio Fiscal han presentado demanda en este procedimiento de reintegro por alcance.