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Los centros andaluces acogerán a unos 30 niños migrantes procedentes de otras comunidades a partir de este miércoles. La cifra definitiva se establecerá tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra en Tenerife para decidir el destino de unos 400 niños migrantes y a la que asistirá la consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, aunque es una cifra similar a la que se viene acogiendo cada año. Se trata del reparto establecido dentro del Plan de Respuesta previsto por el ministerio para este año 2024 y en el que Andalucía colabora solidariamente junto a las demás comunidades autónomas. Dentro de este plan, la Junta tiene un acuerdo con la ciudad autónoma de Ceuta por su cercanía geográfica, de manera que los menores que llegan hasta Andalucía proceden fundamentalmente de esta ciudad con un traslado que es sencillo; los niños que llegan a Canarias se trasladan a otros territorios.
Dentro de este Plan de Respuesta, en el año 2022 a Andalucía le correspondían 30 menores pero, finalmente, acogió a 38 niños migrantes para cuyo sostén el Estado transfirió 1,9 millones de euros; en 2023, llegaron 36 menores de los 30 previstos inicialmente con la correspondiente transferencia de fondos del Estado, y está por ver el número definitivo para este año. Hay que tener en cuenta que por 30 plazas, el ministerio abona a la Junta 1,6 millones de euros, cantidad que se va incrementando si sube el número de niños.
¿Cuál es la diferencia con respecto a otros años que ha desatado la polémica? Que Andalucía ya acoge a 454 niños migrantes que han llegado hasta su territorio con apariencia de adultos desde noviembre de 2023, unos menores que el Estado no reconoce por lo que no envía fondos para su cuidado y manutención. Y que tampoco tiene en cuenta a la hora de establecer este reparto. Este volumen de menores hace que los centros disponibles en Andalucía estén al 115% ya que dispone de 645 plazas para acoger a estos niños.
Desde la Consejería de Igualdad, Loles López pide "tiempo y financiación" para poder poner en marcha contratos de emergencia con entidades y asociaciones que puedan acoger a estos menores en condiciones dignas. Hay que tener en cuenta también que, en general, estos menores no llegan todos a la vez a Andalucía sino en diferentes tandas dependiendo de las circunstancias.
La principal crítica desde el Ejecutivo andaluz hacia el Gobierno central es la "falta de previsión que ha llevado al colapso a Canarias y a una comunidad como Andalucía a tener sus centros saturados en un 115%", explicaba el consejero portavoz Ramón Fernández-Pacheco. Por eso van a demandar más previsión y que se tenga en cuenta la presión migratoria que soportan algunos territorios. "Es un problema gravísimo y muy complejo que en Andalucía conocemos bien porque hemos visto cómo la inmigración irregular iba llegando por la Costa Oriental a Almería, Málaga o Motril y ahora van por una ruta todavía más peligrosas para estas personas como es la de Canarias".
Lo que el Gobierno andaluz ha dejado claro, tanto en boca de la consejera de Igualdad como del portavoz del Gobierno, es que Andalucía es una tierra solidaria "y así llevamos años demostrándolo", en palabras del portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco. Sobre todo después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, haya puesto en cuestión el compromiso de Andalucía: "Nadie va a cuestionar, y menos desde un despacho en Madrid, la solidaridad que siempre ha demostrado y sigue demostrando el pueblo andaluz, mañana veremos la cara del Gobierno", ha dicho Loles López.
Fernández-Pacheco ha sido muy crítico con el papel "de algunos socios de Sánchez" en referencia a Junts en todo este reparto porque se ha conocido que desde este partido han pedido al PSOE dentro de las negociaciones para la investidura de la Generalitat que ningún menor migrante se traslade hasta su comunidad autónoma.
Varias comunidades gobernadas por el PP, como Canarias o Ceuta, han pedido a Alberto Núñez Feijóo que impulse una reforma de la actual Ley de Extranjería, una demanda que desde Andalucía no consideran particularmente urgente. "Partimos de que objetivamente el sistema no funciona, o funciona muy mal por lo que la reforma de la ley podría ser parte de la solución pero nosotros demandamos que, en primer lugar, el Gobierno de España reconozca el problema y lo planifice a nivel logístico y económico", ha dicho el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.
Desde el Gobierno andaluz señalan que se trata de un asunto "gravísimo" y marcan distancias, como han hecho todos los portavoces del PP, con las declaraciones de Santiago Abascal, "son, cuanto menos desafortunadas. Nosotros no tenemos ninguna obligación con lo que diga Vox, nosotros vemos , en primer lugar, un problema humanitario y somos una tierra de acogida y, en segundo lugar, defenderemos los intereses generales de todos los andaluces con los medios con los que disponemos".
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