Ningún ayuntamiento andaluz solicita zonas para limitar el precio del alquiler de viviendas, en Cataluña son 140

La ministra de Vivienda ha guardado el palo y ha enseñado la zanahoria. Isabel Rodríguez no podrá castigar a las comunidades autónomas que, como Andalucía, no declararán zonas tensionadas en sus ciudades, porque no se lo permite la propia ley que invoca, aunque sí premiará a aquellas que delimiten estas polémicas áreas que han vuelto a enfrentar al Gobierno de Pedro Sánchez con los barones del PP. La vivienda se va a convertir en el próximo campo de batalla entre el PSOE y los populares, toda vez que la intención de Sánchez es hacer pivotar la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Cantabria en diciembre, en torno a este problema que interesa a los españoles, pero que también le sirve para orillar el concierto fiscal catalán en la cumbre autonómica.

La ley es un parteaguas entre izquierda y derecha, entre quienes defienden que el déficit de viviendas se arregla con la intervención del mercado y quienes sostienen lo contrario. "Las medidas intervencionistas han fracaso en la vivienda", proclamó Juanma Moreno el jueves pasado en el Parlamento andaluz. Y ese mismo día, su consejera, Rocío Díaz, aseguró: "El Gobierno andaluz no está de acuerdo con intervenir en el mercado y no vamos a aplicar las zonas tensionadas, son recetas que se ha demostrado que no funcionan".

La divisoria entre intervencionistas y partidarios del libre mercado también separa a las comunidades en función del color de su gobierno. Cataluña, el único aliado del Gobierno en este asunto, ha respondido. La Generalitat sostiene que los precios del alquiler se han moderado desde que sus municipios comenzaron a declararse zonas tensionadas. Son 140 municipios, entre ellos, Barcelona. En el País Vasco, Rentería será el primer municipio, y le seguirán otros tres, aunque hay 43 que están en condiciones de solicitar la zona tensionada. En Andalucía, al día de hoy, ningún municipio ha solicitado a la Junta esta declaración. Cabe la posibilidad de que algún ayuntamiento socialista lo solicite, pero desde la Consejería de Fomento se asegura que no se aceptará.

Para solicitar la zona tensionada, el ayuntamiento debe demostrar que el precio de la vivienda alcanza el 30% de los ingresos personales, unas condiciones que sí se darían en algunos municipios costeros andaluces. Una vez que el Gobierno autonómico lo hubiera autorizado, el Ministerio de Vivienda lo publicaría en el BOE y sería con estos territorios con los que Isabel Rodríguez sí podría darles un trato más favorable. La zanahoria.

Un mercado estrangulado

España sufre un problema mayúsculo de falta de viviendas, el último informe del Banco de España cuantificó en 600.000 las que el país necesita hasta 2025, aunque también se destacaba que hay cuatro millones de casa vacías, básicamente concentradas en cinco provincias, una de ellas es Málaga. En el caso andaluz, el défict es de 90.000. El problema es sencillo de visualizar si se tiene en cuenta que en España hay cada año 330.000 nuevas familias, pero la capacidad de construcción sólo es de 100.000. Una reciente valoración de Fotocasa cifra en 15.000 los pisos nuevos que Andalucía necesita al año.

A este estrangulamiento de la oferta frente a la demanda, un verdadero problema de mercado, se ha sumado la entrada de un nuevo competidor: el piso turístico, que detrae oportunidades y, además, eleva los precios del alquiler. Hace ya algunos meses que la factoría de Moncloa definió bien este problema como un elemento de gran repercusión social que además podría diferenciar las propuestas socialistas frente a las del PP, un asunto para llevar a la Conferencia de Presidentes y tratar de tapar el tema que, realmente, preocupa a los barones territoriales: el concierto catalán.

Aun así, los barones como Juanma Moreno pueden forzar a Moncloa a introducir la financiación en la agenda de la reunión de Cantabria, un encuentro, no obstante, que no es decisorio ni está constitucionalizado.

¿Qué son las zonas tensionadas?

El asunto que divide al Gobierno y al PP de la ley estatal de Viviendas, aprobada en mayo de 2023, son las polémicas zonas tensionadas. La declaración de estas áreas permite limitar el precio de los alquileres por varias vías. Los inquilinos actuales pueden prorrogar por tres años sus actuales contratos sin otras subidas de precios que los de la inflación. Los particulares con viviendas que hayan estado alquiladas en los últimos años también tendrán que congelar los precios en los nuevos contratos, y quienes no hayan alquilado en el último lustro o los grandes tenedores de pisos deben limitar sus precios a un índice de referencia. Es más, en las zonas tensionadas podrán declararse gran tenedor a quien posea más de cinco viviendas.

El Gobierno andaluz se ha cerrado en banda a seguir el camino de los municipios catalanes. Tanto la ley de Vivienda, que es de 2023, como la sentencia del Constitucional sobre el texto, que es de 2024, dejan claro que las comunidades "podrán" declarar zonas tensionadas, no se trata de una obligación, sino de una opción. Por eso, la ministra Isabel Rodríguez tuvo que guardar el palo.

Las competencias de viviendas son de las comunidades, aunque el Gobierno central maneja el 70% de la financiación de la construcción pública por medio de los planes estatales. Ése es el problema de actuación de Pedro Sánchez. El actual plan estatal de viviendas, que finaliza en 2025, ha enviado a Andalucía un total de 246,7 millones de euros, y ahora se abre la negociación para la dotación presupuestaria del nuevo. Será cuando Isabel Rodríguez enseñe la zanahoria, aunque las comunidades del PP se niegan a aplicar esta medida. Con esos fondos, la Junta ha construido 3.240 viviendas protegidas y 2.106 sociales.

El mercado no sólo se interviene con el control de precios, también con un aumento de la oferta por medio de la construcción de viviendas protegidas, y éste si es un mecanismo en el que coinciden PSOE y PP.