La comisión condensa en la recta final de agosto las declaraciones

Sevilla/La comisión de los ERE resolvió el retraso de casi un mes de su programación de trabajo condensando en la recta final de agosto todas las comparecencias, que mantendrán el orden inicialmente acordado. Este nuevo esquema dejará igual, por tanto, al presidente del PP-A, Javier Arenas, al ex ministro Eduardo Zaplana y al ex presidente andaluz Manuel Chaves y a su sucesor, José Antonio Griñán, que serán el cierre de esta primera tanda de 25 interrogatorios, aunque se hayan visto obligados a cambiar la cita en sus agendas del 2 y 3 de agosto a los días 30 y 31 -las declaraciones arrancan el día 21-.

Esta modificación del cronograma, consecuencia directa de las dificultades para localizar a todos los comparecientes y lograr toda la documentación solicitada, no tendrá efecto en la fecha tope para el dictamen final. Se mantiene así el 30 de septiembre como límite, aunque con cierta flexibilidad, como bien se encargó de recordar el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), para que tengan cabida nuevos declarantes o se incorporen nuevos informes, como el de la Cámara de Cuentas. "Creemos que es un plazo razonable", afirmó García que, a título personal, consideró que en lo que debe caer la comisión es en "acelerar o estirar artificialmente" porque su función es depurar responsabilidades políticas y no entrar en la dimensión de un proceso judicial.

Para que se cumpla este nuevo calendario, se enviaron las solicitudes de información a las entidades y administraciones vinculadas al caso ( la mayoría de los documentos son de la Junta, aunque también hay empresas y otras administraciones). Este paso deja un mes y diez días para que se reciban los archivos y los comisionados puedan proceder a su estudio, que a su vez les servirá de base para los cuestionarios. Este tiempo ganado garantiza el "rigor" y los derechos de los comparecientes a saber con 15 días de antelación sobre aquello sobre los que se les va a preguntar.

El cambio de fechas no contó con el apoyo del PP. Los populares creen que PSOE e IU las han pactado con "calzador" y con "muchas prisas" con el objetivo de que la comisión no haga un trabajo "serio y exhaustivo" y, por tanto, "no se sepa la verdad". Según el portavoz popular, Carlos Rojas, los dos socios de Gobierno quieren reducir la investigación a una "comisión exprés", incurriendo en el mismo error que cometieron con el anterior calendario: se concentra a tres comparecientes por sesión -son 9 días- y no se da tiempo suficiente para examinar toda la documentación -99 documentos-, en especial, el informe de la Cámara de Cuentas. Desde el PP se insistió en suspender los trabajos hasta no tener el dossier del ente fiscalizador, algo que tiene su lógica porque se ahorraría a los comisionados muchas horas de revisión de papeles, ya que será un buen resumen de las supuestas irregularidades cometidas durante 10 años en la concesión de ayudas sociolaborales.

En lo que sí hubo acuerdo de los tres grupos es que las reuniones que se celebren a puerta cerrada se puedan grabar, para que en un futuro se puedan desclasificar y conocer su contenido. Ésta es la solución dada a la petición de IU de contar con un servicio de taquigrafía para evitar "manipulaciones", como las distintas versiones que han circulado sobre las primeras deliberaciones secretas.