La gestión delegada del Guadalquivir causa reticencias en colectivos sociales

La intención del presidente de la Junta de Andalucía de recuperar la gestión del Guadalquivir tras la sentencia en contra del Tribunal Constitucional no encuentra por el momento partidarios entre organizaciones sociales implicadas, que reniegan de que Andalucía ostenten las competencias sobre la cuenca, así sean cedidas por el Estado ya que, en ningún caso, podrían volver a ser transferidas. Estas reacciones contrastan con el fervor con el que la Junta y el PSOE hacen casus belli de la identidad andaluza del río. El PP mientras tanto mantiene una posición ambigua. Su presidente regional, Javier Arenas, aseguró ayer que su partido apoyará la proposición de ley que debatirá el Parlamento andaluz a mediados de septiembre para instar al Congreso a que apruebe una delegación de competencias del Guadalquivir, siempre que ésta cesión sea "plenamente constitucional", cuestión que estudia el PP, dijo Arenas.

El presidente de la Junta apoya la reivindicación en el artículo 150 de la Constitución, que permite al Estado "transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal". La petición del PSOE que emanará del Parlamento y sobre la que tendrá que pronunciarse el nuevo Congreso de los Diputados que resulte elegido tras el 20 de noviembre reclama la cesión de todas las funciones de las que se vio privada la Junta tras las sentencias del Tribunal Constitucional y, posteriormente, del Tribunal Supremo.

Colectivos sociales han mostrado su oposición a que la Junta vuelva a ostentar competencia alguna sobre el Guadalquivir, y han centrado sus críticas en la primera que recibió el pasado viernes; la policía de aguas.

La Asociación Andaluza de Regantes (Feragua), siempre muy crítica con esta materia, instó ayer a los presidentes de Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha (todas del PP ahora) a que soliciten la convocatoria urgente del Consejo Nacional del Agua antes de la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Aguas que cede a las comunidades la vigilancia del dominio público hidráulico.

Esta asociación se quejó de que este organismo no fuese convocado antes del anuncio y, por ello, la decisión se tomó sin el consenso de los usuarios y del resto de administraciones. Feragua consideró esta reforma "un atropello" a las sentencias del Constitucional y del Supremo, surgido exclusivamente del acuerdo bilateral entre dos Administraciones, la andaluza y la central, en "sus desesperados intentos por no acatar el pronunciamiento de los tribunales sobre el Guadalquivir". La asociación consideró que "la segregación" de las competencias de la policía del dominio público hidráulico es contraria al principio de unidad de cuenca y que, por tanto, el nuevo decreto nacerá siendo "inconstitucional". Señalaron que no es "ni inocente ni casual" que las competencias delegadas sean las relacionadas con expedientes sancionadores, ya que "parece muy claro que la Junta quiere quedarse a toda costa con las competencias que le otorguen capacidad de intimidad y asustar".

En este mismo sentido se pronunciaron el martes varias ONG que asesoran al Ministerio del Medio Ambiente. Son WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Estas ONG rechazaron la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros por considerarla "anticonstitucional" y "romper" la unidad de cuenca.

Esta primera delegación de competencias -a la que en próximas semanas podrían seguir más si lo acuerdan el Gobierno y la Junta en una comisión bilateral que se reunirá este mes- originará que al menos 44 empleados públicos que fueron traspasados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigan perteneciendo a la Junta. Éstos serían los efectivos de la guardería fluvial, aunque para conocer la cuantía de empleados públicos que tendrá la Junta tras el traspaso de la policía de aguas habría que sumar los funcionarios y laborales de la dirección general de Planificación, anotaron ayer fuentes de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA). Esta plataforma denunció en un comunicado que, desde que la Junta de Andalucía tomó las riendas de la cuenca del Guadalquivir, muchas de esas funciones se han estado realizando por personal externo no habilitado, es decir, procedente de las empresas públicas.

Al margen de estas opiniones, la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, invitó ayer a Mariano Rajoy, presidente del PP, a pronunciarse si apoyará la reivindicación andaluza si es presidente del Gobierno y dio por sentado que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí lo hará. El coordinador general de IU, Diego Valderas, mostró su disposición a alcanzar un acuerdo y ofreció a Griñán que "abandone su política de pose", porque a juicio de la coalición, es "posible" recuperar la gestión de la cuenca.