La Fiscalía pide el archivo del caso contra Manuel Pastrana por las facturas de UGT-A

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo de la causa de las facturas falsas de UGT-A contra el que fuera secretario general del sindicato Manuel Pastrana, debido a que padece una enfermedad degenerativa, por la que se le ha reconocido un grado de incapacidad de “gran invalidez” y que determina que “no pueda prestar declaración con garantías”.

La Fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, en el que recientemente el perito ha ratificado que hay 41 millones de euros de gastos “no subvencionables”, solicitando la “suspensión provisional y el archivo de la causa” contra Manuel Pastrana, aunque entiende que el tribuna que enjuicie este caso deberá “supervisar con la periodicidad necesaria el estado de salud del procesado y en caso de que pudiera restablecerse en condiciones para afrontar el juicio oral, esto es si desaparecen las causas que han motivado la anulación y suspensión del juicio oral, deberá éste ser celebrado”.

En el caso contrario, prosigue el Ministerio Público, si se acredita que la “demencia o incapacidad mental del procesado es de carácter permanente e irreversible en sus efectos, sin posibilidad de episodios lúcidos, deberá cesar toda intervención penal sobre el mismo, dándose traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que inste en el orden jurisdiccional civil las medidas pertinentes en materia de incapacitación o internamiento del afectado para evitar un nuevo comportamiento criminal y remediar esa inexistente capacidad de autodeterminación”.

Por todo ello, el fiscal interesa el sobreseimiento provisional de actuaciones contra el ex secretario general de UGT-A “por la situación de incapacidad sobrevenida a los hechos”.

El fiscal reconoce, no obstante, que los hechos investigados se iniciaron cuando se puso en marcha la denominada “central de compras” en el sindicato, que fue una “inspiración directa” de Manuel Pastrana, quien también “contribuyó de modo decisivo y conoció los pormenores” de la institución del denominado rapel y de la “implantación y consolidación del llamado bote”, mecanismos empleados para la elaboración de las supuestas facturas falsas, así como del establecimiento de los “arrendamientos ficticios” entre IFES y Soralpe, ésta como usufructuaria del patrimonio de UGT, que les “permitieron generar facturación cuantiosa que imputar a gastos elegibles, lucrándose así con las subvenciones recibidas”, concluye el fiscal.

Se "lucraba" con el rapel

El Ministerio Público explica en su escrito que el rapel es una figura a tenor de la cual el sindicato "repercutía un porcentaje en las compras que hacía un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura "sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración".

Como en la rendición de cuentas que el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva se "incluía el monto obtenido por el rapel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión".

Con la figura del bote, el sindicato "encargaba la elaboración de facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, previo pago de esas facturas". Este sistema hacía que el sindicato sostuviera actividades "al margen de la subvencionada con cargo a ese bote" y de esa manera, la "actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación", concluye el fiscal.