Aún no hay fecha para celebrar el juicio de la pieza jerezana de la trama

Jerez/Aún no hay fecha para la vista oral que debe juzgar a los cabecillas de la trama Gürtel y a cinco técnicos del Ayuntamiento de Jerez por las contrataciones fraudulentas que se realizaron en 2004 para promocionar a la ciudad en Madrid durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de ese año. Esta es una de las 12 piezas separadas en las que la Audiencia Nacional dividió esta investigación sobre adjudicaciones en diversas administraciones gobernadas por el PP y en la que la Fiscalía ha pedido 7 años de prisión para los integrantes de las empresas de Francisco Correa y otros siete para los técnicos municipales encausados. Se le imputan los delitos de prevaricación, falsedad en documento público y fraude a las administraciones públicas.

En un principio, en esta investigación fue incluida la diputada por Cádiz del PP María José García-Pelayo, que en aquel año era alcaldesa de la ciudad. Durante las diligencias, la ex regidora era senadora por lo que estaba aforada, de ahí que, tras concluir la investigación, la Audiencia Nacional elevara al Tribunal Supremo la causa en lo que se refería a su presunta vinculación con los hechos analizados. De este modo, se bifurcaba el caso en dos, uno con García-Pelayo en el Alto Tribunal y otro que se mantenía en la Audiencia Nacional con los miembros de las empresas contratadas y los técnicos municipales.

Finalmente en 2016 el Supremo decretó el sobreseimiento al entender que la ex primera autoridad jerezana no había tenido responsabilidad en las contrataciones. Eso sí, en el auto, y en consonancia con los pronunciamientos del juez instructor, José de la Mata, incidió en las irregularidades de la adjudicación a varias empresas de Francisco Correa de las labores de promoción de Jerez en Fitur. Así, no hubo un concurso público para adjudicar los trabajos, las beneficiarias sabían de antemano que serían las contratadas y los expedientes se montaron una vez acabada la Feria Internacional de Turismo. Ahora bien, dejó la puerta abierta a que la Audiencia decrete la prescripción de los hechos analizados al interpretar que la investigación se inició en un momento que los presuntos delitos ya habían prescrito, un argumento que a buen seguro utilizarán las defensas de los encausados en la vista oral.

Dos son dos los motivos que han propiciado que aún no se haya fijado la fecha. Para empezar, la Audiencia Nacional optó por juzgar en primer lugar la causa más voluminosa de la trama Gürtel, la que analizó las adjudicaciones realizadas por varias administraciones gobernadas por el PP a empresa de Francisco Correa entre 1999 y 2005, cuya sentencia se conoció ayer. En paralelo a esto, aún queda por resolver la recusación de los jueces que deberán dirigir el juicio por parte de algunas de las acusaciones personadas en las distintas piezas. Esto ha propiciado que, hasta el momento, se hayan cambiado la terna de magistrados hasta en dos ocasiones. Fuentes cercanas al caso explicaban ayer que aún están pendientes de recurso las últimas designaciones de jueces.