La juez imputa al ex viceconsejero de Empleo por "conocer" la trama

La juez Mercedes Alaya, que investiga el presunto uso fraudulento de fondos destinados a políticas de empleo por parte de responsables de la Junta de Andalucía, sumó ayer un nuevo imputado en la lista de altos cargos. Se trató del ex viceconsejero de Empleo de 2004 a 2010, Agustín Barberá. En la nómina de imputados por la juez ya se encuentran el que fuera el titular de esta Consejería en ese periodo, Antonio Fernández, y los tres directores generales de Trabajo desde 1998 a 2012, comenzando por el principal acusado, Francisco Javier Guerrero, y sus sucesores en el departamento, Juan Márquez, y el actual director general, Daniel Alberto Rivera, que continúa en el cargo.

En un auto fechado en el día de ayer, la titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla imputa a Agustín Barberá tras la declaración prestada ante la Guardia Civil un día antes (el martes) por Francisco Javier Guerrero y en virtud de los atestados recibidos. La juez estima que Barberá "tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo Antonio Fernández de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía". Además, Alaya le imputa que "daría el visto bueno a los pagos ordenados al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años".

Barberá compareció en marzo en calidad de testigo por el caso Mercasevilla y relató a la juez que fue él quien elevó a la Fiscalía las supuestas irregularidades tras oír la grabación realizada por los hosteleros de La Raza, que originó el caso. Fue seis años número dos de Fernández, que once meses después de su imputación sigue sin ser citado para declarar.

En este nuevo auto, de nueve folios, Alaya sí cita el 20 de marzo, a cinco días de las elecciones autonómicas, a Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, que reconoció en su declaración policial que, en 2004, fue beneficiario de dos subvenciones de 450.000 euros para dos empresas, aunque "la mayor parte" del dinero fue finalmente dedicada a cocaína, "fiestas y copas" para Guerrero y él mismo.

En el mismo auto, Alaya vuelve a recriminar la Junta que no aporte la documentación requerida o que ésta sea confusa. Alaya pidió un cuadro resumen de las ayudas abonadas de cinco consejerías y le insta a que lo presente "a la mayor urgencia posible", ya que "está entorpeciendo considerablemente la investigación de la causa". También aludió a un informe de Innovación de 22 de diciembre de 2011 con nuevos anexos, operaciones no incluidas y variaciones en importes, "cuya comprensión resulta imposible, obstaculizándose sobremanera el estudio de la documentación". La juez requiere a la Junta a que en 15 días aporte "un único desplegable" con "todas las ayudas concedidas y pagadas, concedidas y no abonadas o pendientes de pago, así como las no autorizadas", como pidió la Fiscalía Anticorrupción.