La conversión de Pedro Sánchez

Del 17 de junio al 23 de agosto hay casi un verano, el tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tardado en asimilar que el asunto de la inmigración aporta pocos réditos políticos. Del mismo modo que hay temas que sólo se ganan o se ganan (el win-win de los ingleses), hay otros que se pierden o se pierden. En el mejor de los casos, se conllevan. La exhumación de Franco es de los primeros; allá el PP si consigue, por oposición a la fórmula del decreto, que el dictador siga enterrado en una tumba de Estado. El de la inmigración ilegal es de los segundos.

Buque de náufragos

Algunas personas cercanas a Pedro Sánchez ya se lo habían advertido después de sus dos llamadas al Aquarius. Aquí no hay más votos que arañar, como gesto vale, pero España lleva recogidas más de 25.000 personas en el Mediterráneo en lo que va de año. Desde ese 17 de junio en el que el buque humanitario llegó a Valencia y el pasado miércoles, en el que hubo un segundo salto violento a la valla de Ceuta, va casi un verano, suficiente para que el Gobierno haya calmado su política migratoria.

El viernes pasado, el la sede del Gobierno central en Sevilla, comparecían ante los medios el delegado, Alfonso R. Gómez de Celis, y el flamante Mando Único para la Inmigración en el Estrecho, el general de la Guardia Civil Manuel Contreras. Nada es causal en política, un alto mando de la Benemérita, general y tricornio, con conocimiento de la zona, pasa a controlar a todos los efectivos de todos los cuerpos y organizaciones que se dedican a salvar y a hacer frente a la inmigración en las costa y las aguas españolas. Contreras es, además, el jefe de los guardias civiles en Andalucía, Ceuta y Melilla, y por tanto, pero por otro cargo, está al mando de las fronteras más calientes que tiene España.

Migrantes en las vallas

Nada es casual. Rodríguez de Celis, pedrista de la primera hornada, compartía rueda de prensa con Conteras al día siguiente de que el Gobierno devolviese a Marruecos a los 116 inmigrantes subsaharianos que habían violentado la frontera. La acción, decidida en Madrid y gracias a un acuerdo de 1992 con Marruecos, tuvo su primer intento el 26 de julio, cuando se colaron 600 migrantes del mismo modo, pero entonces Rabat no aceptó la devolución. Ahora sí, con lo que el Gobierno envía un claro mensaje a las mafias que dirigen y preparan los saltos de la valla: con violencia, nada.

Nadie sabe en el Gobierno ni en su representación en Andalucía cuántos migrantes terminarán cruzando el Estrecho este año, eso dependerá bastante de Marruecos y de las condiciones meteorológicas. Marruecos soporta ahora casi toda la presión migratoria africana, una vez que la ruta de Libia está cerrada a causa de la nueva política del Gobierno italiano, pero en el país vecino hay un problema de gobernación. Si ni Felipe VI ni Pedro Sánchez han visitado aún Rabat es porque no tienen la seguridad de que Mohamed VI esté en su país para recibirlos. El rey pasa mucho más tiempo en París que en el sur, y buena parte del cambio de postura de su país respecto a España se debe a una audiencia que le concedió hace unas semanas a José Luis Rodríguez Zapatero y a Miguel Ángel Moratinos.

Lo que el Mando Único va a intentar en Andalucía es similar al operativo que se montó en las canarias a principio de siglo cuando se produjo la crisis de los cayucos que llegaban desde Mauritania. El Gobierno central lo ha marcado como un asunto prioritario, y destinará bastantes medios a las costas andaluzas. Cuestión distinta es el dinero, y en eso tiene mucho que ver la Unión Europea y la presión que Angela Merkel, amiga ya de Pedro Sánchez, sea capaz de meter a las autoridades de Bruselas.

El Gobierno central no tiene ya más fondos. Debe esperar a los Presupuestos de 2019, y la aprobación de las cuentas sigue siendo aún muy difícil. Por eso es casi imposible que Pedro Sánchez atienda a las reclamaciones de la presidenta andaluza, Susana Díaz, sobre los fondos que necesita para atender a los menores migrantes no acompañados. A la Junta le pasa algo similar, se encuentra desbordada con las llegadas y no ha encontrado solidaridad en el resto de comunidades autónomas. Una de las soluciones pasa porque que el Gobierno central habrá un nuevo fondo para pagar a las autonomías por niños en custodia, pero eso pasa por un nuevo Presupuesto.

Ni a Pedro Sánchez ni a sus ministros andaluces les ha pasado desapercibido que los únicos dirigentes del PSOE que le han criticado por el recibimiento del Aquarius este verano han sido sus compañeros de Andalucía. El vicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, se quejó, públicamente, de que mientras Sánchez dejaba que el buque desembarcase en Algeciras, Madrid no enviase más dinero para acoger a los menores tutelados por la comunidad. No era coherente, dijo Jiménez Barrios, aunque todo el mundo entendió que hablaba por boca de Susana Díaz.

La presidenta andaluza sí ha comprendido, desde hace meses, que el asunto migratorio no va a reportarle réditos electorales. Todo lo contrario, se puede convertir en un tema espinoso si comienzan a sucederse los problemas con los menores. En los encuentros que Susana Díaz tuvo con dirigentes socialistas antes de las vacaciones en la provincia de Huelva ya dejó, meridianamente, claro que ése no iba a ser un asunto en el que ella asumiese muchos riesgos. Y si ahora habla sobre ello es, precisamente, para posicionarse con una actitud crítica con su Gobierno. Sabe lo que hace, nada es casual en política.