El ex interventor no hizo un informe de actuación porque no apreció ni delito ni menoscabo de fondos públicos

Sevilla/El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que ocupó el cargo entre los años 2000 y 2010, ha afirmado esta tarde en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE que no hizo un informe de actuación en relación con la utilización de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a la agencia IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas porque no apreció ni que se pudiera estar cometiendo un delito ni el menoscabo de fondos públicos que exige la ley para la realización de ese informe, que podría haber hecho que las irregularidades se pusieran en conocimiento del Consejo de Gobierno de la Junta.

Cuando el fiscal delegado de Anticorrupción le ha puesto de manifiesto a Manuel Gómez que estaba acusado por no haber realizado precisamente ese informe, el ex interventor ha respondido que “no ha visto ese reproche” ni en el auto de procedimiento abreviado ni en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, si bien ha relatado que cuando existe un supuesto de menoscabo de fondos públicos hay un artículo en la ley que “obliga al interventor a denunciarlo al consejero de Hacienda”, sin necesidad de pasar por el interventor general. “¡Aquí han intervenido más de una docena de profesionales en el Control Financiero Permanente y ninguno ha visto que se le pusiera delante de sus narices un supuesto de menoscabo!”, ha exclamado el ex alto cargo, que ha recordado que el fiscal le pide seis años de cárcel y “es un poco raro que no lo haya advertido nadie, todos técnicos de Intervención”.

Manuel Gómez ha subrayado que de esa “docena larga” de profesionales de la Intervención “ninguno ha sacado la conclusión de que había un supuesto de menoscabo” de fondos públicos o un delito en relación con la tramitación de las ayudas que se investigan.

El acusado ha subrayado que el menoscabo de fondos públicos es un concepto del derecho financiero que aparece en la instrucción 4/2017 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, pero siempre es un “daño efectivo, no se puede hablar de daño potencial”, no se puede interpretar como cualquier daño o perjuicio, sino que “debe ser real y efectivo, y no potencial”.

El ex alto cargo ha señalado que las ayudas sociolaborales “no son subvenciones” y aunque lo fueran estaba la norma supletoria estatal, la orden de abril de 1995 que, a su juicio, era aplicable a estas ayudas y exige únicamente para su concesión la petición y una memoria justificativa, por lo que no comparte que en las ayudas investigadas se hayan concedido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, como sostienen en su informe los peritos de la Intervención General.

El ex interventor ha reconocido, a la luz de las deficiencias y reparos que la Intervención planteó en sus numerosos informes, que “no se estaban gestionando bien las subvenciones”, ha aseverado el acusado, que también ha manifestado que “no va a defender esos expedientes porque no son defendibles” y aunque hay “muchas deficiencias”, en su opinión, “ninguna suponía menoscabo de fondos públicos”. No lo valoraron “ni como delito ni menoscabo, ni yo ni la docena de personas” de la Intervención, ha precisado.

Manuel Gómez ha explicado que los destinatarios de los informes de la Intervención en los que se advertían de las irregularidades en la concesión de las ayudas eran el consejero de Economía y Hacienda y también al titular de la Consejería a la que estaba adscrita la entidad auditada (IFA/IDEA), que en este caso era la Consejería de Empleo, primero, y luego la Consejería de Innovación, Economía y Empresa, y también eran remitidos al ente que pagaba las ayudas, aunque ha dicho que, en su opinión y es algo que piensa ahora, “no tiene mucho sentido dirigírselo a los consejeros”.

El ex alto cargo ha explicado que en el caso de que se hubiera emitido un informe de actuación, éste se dirigiría al consejero, quien podría ordenar a la empresa que lo cumpla o podía emitir alguna discrepancia si no estaba de acuerdo, pero "si lo deja en un cajón" sin hacer nada, la Intervención "ni siquiera tiene la obligación legal de advertirle a otro que eso está ocurriendo". Y si el consejero discrepa, tendría que comunicárselo a Hacienda y se elevaría al Consejo de Gobierno.

El ex interventor ha indicado asimismo que el Control Financiero Permanente (CFP) surge con el decreto 9/99 -sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta-, dado que antes no había una estructura permanente de control, y ese decreto fue una norma importante y dio “un salto cualitativo”, puesto que se seleccionó a las 20 entidades instrumentales de la Junta más destacadas, las que representaban el 90% de la facturación, y las somete a CFP.

El acusado, a preguntas del fiscal, ha narrado las diferencias entre la fiscalización previa o crítica de las ayudas y el Control Financiero Permanente (CFP), y ha señalado que examinar los expedientes administrativos estaba “claramente fuera del alcance” de la Intervención, aún así examinaron la legalidad de los expedientes –“no miramos para otro lado”- y lo hicieron con un criterio de “lealtad institucional”, algo a lo que “no estaban obligados”, por lo que entiende que fue una actuación “meritoria” de la Intervención. La principal diferencia entre ambos elementos de control, según Gómez, está en que las transferencias "no hay que justificar nada" porque "son una dotación de fondos a un ente instrumental".

El ex alto cargo ha afirmado sobre el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas que lo conocía "someramente" y ha apuntado que no era preceptivo que sobre el mismo emitiera un informe la Intervención.

Manuel Gómez, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha explicado al inicio de su declaración que ratificaba “en líneas generales” las declaraciones que prestó en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en 2013 y 2015, y la que hizo ante el Tribunal Supremo, aunque ha matizado que la “plasmación” de sus manifestaciones “es desigual”.

El ex interventor se ha referido en varias ocasiones a lo largo de su extensa declaración, que continuará el próximo lunes, a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el informe pericial que es la base de las acusaciones en este caso, y por ejemplo ha señalado que cometieron un error “básico” al desconocer que en las modificaciones presupuestarias que realiza la Consejería de Economía y Hacienda no es preceptivo el informe de la Intervención General, que sí informa por el contrario de las modificaciones presupuestarias que realiza el Consejo de Gobierno, mientras que los interventores delegados informan sobre las Consejerías.

Sobre las transferencias de financiación ha indicado que fueron “naciendo de esa manera” y así en el año 2001 la ley "no decía nada de que las transferencias sólo se utilizaban para cubrir pérdidas", por lo que no se pueden hacer afirmaciones tajantes hasta el año 2013, fecha en la que definitivamente se regulan, y ha añadido que “una de las finalidades” de las transferencias era equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, pero no la única. “Si se hubiera hecho un uso adecuado [de las transferencias de financiación] no se habría dado el problema, porque estarían contabilizadas como ingresos y gastos del IFA”, ha añadido. Manuel Gómez no comparte la equivalencia que se hace entre transferencias de financiación y subvenciones de explotación, porque esa equivalencia es "incompatible con la finalidad genérica que tienen las transferencias".

Sobre el "desfase presupuestario" generado por las transferencias en la agencia IDEA, que en el año 2005 alcanzó los 95 millones de euros, ordenó que se practicara una retención de crédito en la Consejería de Empleo y habló del asunto con la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, pero no recuerda que tratara el asunto con el consejero, entonces José Antonio Griñán, ni tampoco que participara en esas conversaciones el director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano. No hizo ninguna comunicación formal del déficit "porque no hacía falta", dado que era conocido y con los años se fue reduciendo hasta desaparecer en 2009.

El ex interventor también ha afirmado que en una década la Cámara de Cuentas de Andalucía no se ha pronunciado sobre las transferencias de financiación ni sobre el programa presupuestario 31L, conocido como fondo de reptiles, por lo que ha dicho que no le parece “serio” que la Cámara no haya dicho nada en este tiempo y los “auditores de ocasión” se hayan manifestado cómo lo han hecho.

Lo que sí ha precisado es que en el año 2009 un 47% de las transferencias realizadas en los presupuestos de ese año adolecía de una “falta de adecuación al procedimiento”.