La juez ordena la destrucción de 6.000 kilos de carne intervenida a Magrudis

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el brote de listeriosis, ha ordenado la destrucción de entre 6.000 y 7.000 kilos de carne intervenidos a Magrudis desde agosto pasado, cuando se decretó la alerta por el contagio que ha provocado la muerte de tres personas, siete abortos y 217 infectados.

En una providencia, la instructora ha ordenado a la delegación de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla la destrucción de la totalidad de la carne intervenida, entre la que se encuentran productos envasados, así como carne sin elaborar procedente de las compras realizadas por Magrudis. La juez ha ordenado además que se haga un "inventario" de todos los productos y las cantidades que se destruyan.

Para la destrucción de estos miles de kilos el Ayuntamiento deberá contar con los servicios de una empresa especializada porque, aunque no hay confirmación de que toda la carne incautada está contaminada con la bacteria listeria monocytogenes, deben seguirse los protocolos para la destrucción en estos casos.

Fuentes municipales han confirmado a este periódico que hace varias semanas desde lo servicios del Ayuntamiento ya se solicitó al juzgado y a la Junta que se adoptara alguna decisión con respecto a la decisión de la destrucción de estos productos, como ahora ha acordado la instructora. Esto generaría un coste económico para las arcas municipales, además de otros que se hayan podido causar a lo largo de la alerta sanitaria, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para personarse como acusación particular, como perjudicado, en la causa en la que se investiga el brote de listeriosis, de acuerdo con los criterios de lo servicios jurídicos locales.

No se puede tirar a la basura la carne contaminada, como declaró a la juez la pasada semana que había hecho el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, quien dijo que arrojó a un contenedor los restos del lote contaminada, aunque sostuvo que era poca cantidad.

La instructora apuntó en el auto que envió a prisión al propietario de Magrudis y a su hijo que así lo había admitido el propio investigado en una de las escuchas telefónicas. La juez consideró "significativo" del conocimiento del brote por parte de ambos investigados la conversación que José Antonio Marín mantuvo con un hermano suyo el 12 de septiembre pasado, a las 19:33 horas, en la que el dueño de la empresa reconoce a su hermano que "es cierto que en febrero había habido una alerta y se la habían comunicado, que retiró el producto y ya está, porque eran muy pocos kilos y los tiró".

La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular en la investigación judicial por el brote de listeria, aseguró ayer que el entramado de la empresa Magrudis ha podido distribuir unos 110.000 kilos de carne desde que comenzó a vender productos con listeria en diciembre de 2018 hasta que fue ordenada la retirada del mercado y la paralización de la producción de todos sus productos el pasado agosto. Facua ha señalado, no obstante, que se desconocen cuántos de los lotes de sus distintos productos estaban contaminados.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que, sin embargo, la cifra puede ser algo inferior porque Magrudis en los últimos meses antes de que se destapara el brote sí que había "triplicado" su producción de productos cárnicos, al haber contactado con algunas grandes superficies para la distribución de la carné mechada La Mechá y los otros productos que elaboraba, pero con anterioridad la producción era inferior.

Admite la querella de la Junta

De otro lado, la titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha admitido la querella presentada por la Junta de Andalucía en relación con el brote de listeria y en la que reclama una compensación de 1,5 millones de euros, cantidad en la que se incluye el millón aproximado que se estima costará las asistencias sanitarias en los hospitales como consecuencia del contagio por listeriosis.

En cualquier caso, el seguro de responsabilidad civil contratado por Magrudis con la compañía Axa sólo cubre un máximo de 300.000 euros.

La magistrada Pilar Ordóñez ha admitido la querella de la Junta y la ha incorporado a las diligencias previas en las que se investigan estos hechos. La querella se dirige contra Magrudis y únicamente por un delito contra la salud pública, han precisado las mismas fuentes.