El interventor reprocha que es el "clavo ardiendo" al que se agarran los políticos

Como se esperaba el informe de la defensa del interventor general ha roto la aparente y frágil unidad de actuación de las defensas en el juicio de los ERE. El abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor Manuel Gómez, ha asegurado en su informe de conclusiones que la Intervención General de la Junta es el "clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades".

José Rebollo, que se ha incorporado al juicio tras una larga ausencia por motivos de enfermedad, ha considerado que los consejeros de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación de la Junta recibieron numerosas "advertencias" y "no hicieron nada" para subsanar las irregularidades a pesar de que eran los competentes para ello, ha aseverado.

El letrado ha comenzado su informe anunciando que iba a defender al interventor de los cargos que le imputan las acusaciones, la Fiscalía y las acusaciones populares, pero no se iba a defender de las acusaciones "formuladas por otras defensas" que, a su juicio, se basan en una interpretación "errónea, tosca, cuando no falaz" de determinadas normas, en una "estrategia a la desesperada y evasiva", ha considerado.

"La Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades", ha afirmado el letrado, que ha denunciado como otras defensas la "absoluta oscuridad" y la "defensa a ciegas" que han tenido que realizar en este juicio ante la falta de concreción de los hechos que se le atribuyen a su defendido para solicitarle una condena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La defensa ha recordado los "19 informes" que emitió la Intervención general de la Junta denunciando las irregularidades, y ha insistido en que Manuel Gómez "advirtió en numerosas ocasiones" de estas deficiencias y "los competentes para subsanarlas no hicieron nada".

En este sentido, ha desgranado las actuaciones que, a su juicio, pudieron realizar cada uno de los titulares de estas consejerías. Así, ha dicho que el consejero de Empleo "pudo dictar órdenes" para que no se tramitaran las transferencias de financiación y también pudo ordenar la rescisión de los convenios particulares por los que se concedían las ayudas; el consejero de Hacienda pudo ordenar a la Tesorería General que no se pagaran las ayudas; y el consejero de Innovación también pudo dar instrucciones para rescindir los convenios y dejar de abonar las cantidades que le ordenaba Empleo.

Los tres consejeros estaban "habilitados para tomar las medidas necesarias tanto como para suspender la tramitación de las transferencias de financiación, como para desechar el uso inapropiado las transferencias de financiación", ha argumentado la defensa de Manuel Gómez.

"Lo que pudieron hacer los demás"

El abogado José Rebollo ha dedicado la última parte de su informe a un capítulo que ha denominado "lo que pudieron hacer los demás", en el que ha defendido que la Intervención General realizó "numerosas actuaciones" que estaban a su alcance, pero no pudo hacer otras porque "carecía de competencias" y se ha referido también a lo que "otros órganos responsables de la instauración y mantenimiento del sistema pudieron hacer".

En este sentido, ha señalado, a título de ejemplo, que el Consejo de Gobierno podría haber dictado las oportunas instrucciones a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda para que "corrigieran las deficiencias advertidas por la Intervención". También podría haber "impartido directrices vinculantes a estas consejerías para que subsanaran las deficiencias, así como suspender la gestión y pago de las ayudas, y regular con detalle el régimen de las transferencias de financiación y el régimen de las ayudas sociolaborales.

Por su parte, la Consejería de Empleo, como órgano competente para formular el anteproyecto de presupuesto para su departamento, "en lugar de haber presupuestado las transferencias cuyo destino les era sobradamente conocido, debería haber presupuestado las partidas adecuadas para la concesión de subvenciones, lo que hubiera permitido la fiscalización previa de las ayudas por parte de la Intervención" y podría haber dejado de proponer los pagos de las transferencias de financiación.

Y la Consejería de Hacienda, ha continuado Rebollo, ostenta amplias facultades que "hubieran podido dificultar, si no impedir, la forma de proceder completamente inadecuada de los otros órganos". Además, Hacienda, haciendo uso de las facultades que el reglamento de la Intervención le atribuye, "podría haber remitido el informe definitivo al Consejo de Gobierno para la adopción de las medidas que sean necesaria", ha dicho el letrado.

La defensa ha considerado "sorprendente que quienes pervierten un sistema con el fin de eludir los controles de la Intervención -siguiendo la descripción de los hechos que realiza la propia acusación- y quienes no supieron reaccionar frente al mismo en el ejercicio de sus competencias, reprochen a la Intervención una supuesta falta de control que no le era posible".

Así, ha tildado de "especialmente llamativo" que la estrategia de la defensa del consejero de Empleo sea "atribuir cualquier tipo de culpa a la Intervención", cuando fue el consejero de Empleo "quien incluyó en su anteproyecto de presupuesto la partida de las transferencias de financiación y solicitó al consejero de Hacienda que incrementara la partida mediante modificaciones presupuestarias, por lo que no tiene sentido que se pretenda diluir su responsabilidad reprochando a la Intervención la falta de reparo de éstas". No cabe que la acusación "y algunas defensas" pretendan atribuir a la Intervención una responsabilidad que "corresponde a otros órganos con facultades decisivas y ejecutorias conforme a criterios discrecionales de oportunidad".

No "consintió" la sustracción de los fondos públicos

Rebollo ha llamado asimismo la atención sobre la acusación "imprecisa, difusa y gravemente incompleta" de las acusaciones, algo que en su opinión no puede servir para sostener la acusación a quien "alertó de las irregularidades y emitió en 2005 el informe adicional al de cumplimiento del ejercicio 2003 que resultó esencial y en el que se basa la acusación de la mayoría de los imputados", ya que no puede entender que si lo que el interventor pretendía era "consentir la sustracción de los fondos públicos" emitiera el informe adicional de 2003, que era una "dación de cuentas" a los órganos superiores que, ha proseguido, podrían haber puesto fin a las irregularidades.

Del hecho de que el interventor conociera que había irregularidades "no puede desprenderse que supiera que terceros estaban malversando caudales públicos y menos podía tener ánimo de que un tercero sustrajera" dichos caudales, ha afirmado, añadiendo que es "absurdo" que trate de establecerse esa "connivencia consentidora".

La defensa ha precisado que el interventor denunciaba "irregularidades administrativas" en esos informes y ha concluido que Manuel Gómez "no conoció que estas irregularidades fuesen utilizadas para cometer delitos por parte de la Dirección General de Trabajo".

También ha dicho que un reparo a las transferencias de financiación en "manera alguna habría interrumpido el anómalo comportamiento de la Dirección General de Trabajo", que habría seguido concediendo las ayudas y la agencia IDEA pagándolas. Así, ha considerado que la acusación atribuye a la Intervención unas "competencias y obligaciones que corresponden a otros órganos", porque la obligación legal y reglada de la Intervención consiste en examinar los documentos que lo integran y, si de los mismo se desprende que su contenido y tramitación se adecúan a la legalidad económico-presupuestaria y contable, "como así fue y han corroborado los peritos de auxilio judicial, la única actuación legalmente posible es fiscalizarlos favorablemente".