Viera defiende que actuó con la conciencia de "respetar la ley y el ordenamiento jurídico"

La defensa del ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera ha concluido este lunes su informe en el juicio de los ERE afirmando que este ex alto cargo actuó con la "clara conciencia de respetar la ley y el ordenamiento jurídico", una premisa que ha mantenido a lo largo de los diferentes cargos que ha desarrollado en su faceta como servidor público.

El abogado José Manuel Herrera ha dicho que esta conducta de Viera es su "convicción personal y familiar" y ha reiterado su compromiso con la legalidad porque ésa era su "formación" desde que era concejal en el Ayuntamiento de Tocina y que ha desarrollado en los diferentes cargos que ha desempeñado en la actividad pública, como el de consejero, delegado del Gobierno y diputado.

El letrado, que ha intervenido a lo largo de tres sesiones, se ha referido a "todo el perjuicio personal" que le ha causado su enjuiciamiento en el caso de los ERE y ha insistido en que "nunca ha sido su voluntad infringir la norma", ése es el "espíritu y la voluntad que ha desarrollado en la cosa pública hasta que presentó su dimisión" una vez fue imputado en esta macrocausa.

Por parte de José Antonio Viera, "no ha existido ninguna actuación contraria a la ley o a los intereses generales o públicos, sino que se ha acreditado en el juicio todo lo contrario", ha sostenido José Manuel Herrera, que ha denunciado igualmente el "absoluto vacío probatorio" y ha reiterado además que se ha vulnerado el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva por el "doble enjuiciamiento", en alusión al galimatías jurídico del caso por la pretensión de la Fiscalía de acusar a los ex altos cargos en el resto de piezas individuales.

El letrado ha afirmado que el escrito de acusación de la Fiscalía "acaba como empezó", con esa "absoluta falta de pruebas", y ha señalado el "error" del Ministerio Público al atribuir a Viera su intervención en la modificación presupuestaria de 16 de abril de 2000, que según la acusación pública supone el inicio del sistema supuestamente ilegal para la concesión de las ayudas, porque en ese momento el ex consejero aún no había siquiera llegado al cargo.

De la misma forma, el letrado ha afirmado que "no ha existido ni una conducta activa de prevaricación en el Consejo Rector de la agencia IDEA, ni tampoco una conducta omisiva" y ha concluido en que "no cabe una conducta ilícita de Viera porque todos los directores generales que han declarado en el juicio vienen a coincidir en que desarrollaron sus competencias con las que tenían asignadas por la ley de Gobierno y el consejero siempre respetó su ámbito de autonomía y sus competencias".