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Málaga/Al gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por PP y Ciudadanos, le ha entrado prisa por aprobar la creación de nuevas universidades privadas en la región antes de las elecciones que tendrán lugar en los próximos meses. Ha sido especialmente raudo con la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que está promovida por Medac, una ex empresa del consejero de Educación, Javier Imbroda.
El Consejo de Gobierno autorizó el pasado lunes el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley para incorporarla dentro del sistema de enseñanza superior en Andalucía pese a que esta entidad ha recibido los informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Universidades; de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía (Deva); y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Estos informes no son vinculantes, pero sí se suelen tener en cuenta.
Esta premura por aprobar el proyecto presentado por la ex empresa de Imbroda ha levantado ampollas tanto en el sector universitario, público y privado, como en los partidos de la oposición. Sobre todo porque hay un precedente muy cercano cuyo resultado, por ahora, fue totalmente contrario. Eade, una escuela ubicada en Málaga que ofrece varias titulaciones universitarias adscritas a la Universidad de Gales, presentó antes que Utamed un proyecto para crear la llamada Universidad Costa del Sol. Recibió los tres informes desfavorables y sigue a la espera de que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, encabezada por el consejero Rogelio Velasco (de Ciudadanos), revise todas las alegaciones presentadas por esta firma y lleve su propuesta al Consejo de Gobierno.
¿Por qué a uno sí y a otro no con los mismos tres informes negativos? El director general de Eade, Gabriel Arrabal, es políticamente correcto y asegura que “estamos seguros de que nuestro proyecto tendrá el visto bueno de la Consejería en breve porque llevamos 30 años como centro universitario, formando profesionales de primer nivel, en un proyecto con capital exclusivamente malagueño, con un campus moderno y ya construido, con proyectos de investigación en activo y una altísima calidad de formación”.
Otros no son tan políticamente correctos. “Una universidad tiene que tener prestancia académica, docente e investigadora y Utamed no tiene nada de eso. Fue constituida hace siete meses, su dueño es un fondo de inversión que solo busca la rentabilidad y no cumple ningún mínimo imaginable para ser una universidad media”, afirma el parlamentario socialista andaluz y ex rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano. Por otra parte, según se recoge en el acta del pleno del CAU del pasado 13 de diciembre, que votó en contra del proyecto de Utamed y de la Fernando III -que también fue autorizado el pasado lunes–, el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, expuso que “las memorias económicas y de investigación de este proyecto de universidad on line no están claras”. Utamed, que cuenta entre sus accionistas con el Grupo Vocento, fue constituida en julio de 2021 y está impulsada por Medac, una empresa especializada en Formación Profesional pero sin experiencia en el ámbito universitario.
Otras fuentes consultadas del sector universitario privado que prefieren mantener el anonimato se han mostrado muy sorprendidas por el visto bueno al proyecto de Utamed por parte del Consejo de Gobierno y apuntan a que tras esa celeridad está la proximidad de las elecciones andaluzas, donde el futuro de Ciudadanos y sus consejeros es incierto. Sobre la mesa está también el hecho de que Utamed no cumple todos los requisitos del Real Decreto 640/2021, especialmente en materia de investigación, e intenta regirse por los criterios del anterior Real Decreto de 2015, que es más laxo.
En Andalucía solo hay, por ahora, una universidad privada: Loyola. Curiosamente la Universidad Loyola, de los jesuitas, se presentó junto a CEU hace unos años con el nombre común de Fernando III. Pese a obtener todos los permisos, finalmente no se llegó a poner en marcha. Posteriormente Loyola se presentó en alianza con Abengoa y obtuvieron de nuevo el visto bueno. CEU ha vuelto ahora a presentar un proyecto con el nombre de Fernando III.
Las universidades privadas, independientemente de su calidad, están en la agenda de los inversores. Los fondos de inversión están apostando claramente por ellas y han puesto a Andalucía en su punto de mira. A los proyectos de Universidad Costa del Sol, Utamed y Fernando III ya mencionados se le suman, al menos, otros dos: la Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea. El Ayuntamiento de Málaga aprobó en septiembre la concesión de dos parcelas municipales en la capital para que se construyan esas dos universidades. Ambas instituciones están a la espera del informe de la Conferencia General de Política Universitaria, el primer paso antes de solicitar los correspondientes informes de la Deva y el CAU. Por otra parte, la Universidad de Mondragón ha firmado un protocolo con el consistorio malagueño para hacer un centro de innovación y emprendimiento cuya formación podría iniciarse este año.
La aprobación de las universidades privadas debe pasar por el Parlamento andaluz y los partidos de la oposición quieren luz y taquígrafos. De hecho, PSOE y Unidas Podemos se posicionan en contra y Vox prefiere mantenerse “vigilante”. El socialista Antonio Ramírez de Arellano afirma que “esto tiene que ir como una ley y veremos qué nos mandan. Nuestro punto de partida es que no entendemos nada y estamos en contra”. Ramírez de Arellano expone que “el problema no es que haya universidades privadas sino la falta de calidad”. “Si viniera Harvard y pusiera tres centros de investigación sería genial, pero el mensaje que nos transmite la Junta es que no hay ninguna planificación. Han recortado a las universidades públicas y en el último año manejan cinco proyectos de universidades privadas”, añade. Guzmán Ahumada, portavoz de Unidas Podemos, va en la misma línea. “Nos oponemos claramente. El gobierno no avanza en los problemas estructurales de las universidades públicas y están encantados con las privadas. Aunque el informe del CAU no es vinculante, rara vez el gobierno actúa en contra y aquí ya van dos veces con Utamed y Fernando III”, señala. Macario Valpuesta, portavoz de educación de Vox, subraya por su parte que “nosotros siempre defendemos que lo público y lo privado deben convivir y competir en calidad. Eso sí, vamos a estar vigilantes para asegurar que no hay trato de favor ni desvío de dinero público”. CCOO también se ha posicionado en contra de estas universidades privadas.
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