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El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una oferta de empleo público excepcional para estabilizar a los trabajadores interinos de la Junta por un sistema de concurso, que sólo constará de una "valoración de méritos". Los letrados del Parlamento han alertado de la posible inconstitucionalidad del texto, que podrá salvarse en la redacción de la ley. En la administración general de la Junta, así como en Justicia, en Educación y en Sanidad hay unos 30.000 trabajadores interinos, algunos de los cuales llevan trabajando tres décadas en la administración autonómica.
Esta oferta de empleo ha sido aprobada mediante una Iniciativa Legislativa Popular, llevada adelante por un grupo de afectados y respaldados por 50.000 firmas. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y Adelante Andalucía, y la abstención del PP, Ciudadanos y Vox. De las 30.000 plazas, 902 son de la administración general; 388 de Justicia; 9.603 de Educación, y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad. La iniciativa tiene carácter de proposición de ley, de tal modo que ahora debe plasmarse en un texto.
El portavoz del PP, Pablo Venzal, ha advertido del problema de la generalización: "La seguridad jurídica y la constitucionalidad de la propuesta se ponen en cuestión en el informe de los letrados del Parlamento". La justificación que se le da a la urgencia de esta tramitación es que los tribunales europeos también están criticando el abuso que se hace en España de la interinidad, que llega a ser no coyuntural, sino permanente. El problema es que sólo se puede acceder al puesto de funcionario por concurso oposición.
Alejandro Hernández, de Vox, también ha aludido al informe jurídico de la Cámara, que "cuestiona" que el concurso de méritos porque afecta a los principios de seguridad jurídica y de igualdad, mérito y capacidad.
Para los proponentes, la administración pública de la Junta de Andalucía "no puede consentir que semejante situación de incumplimiento de la Ley, por haberse mantenido dichos nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual durante tan excesivo plazo de tiempo, obviando la legalidad aplicable y sin habérseles ofrecido la oportunidad de conseguir estabilizar sus propios puestos de trabajo, se resuelva mediante la destrucción de empleo público".
"Es, por tanto, de justicia que se resuelva mediante un proceso selectivo público y de libre concurrencia, basado exclusivamente en una Oferta Pública de Empleo por concurso, donde la experiencia laboral acumulada del conjunto de empleados públicos que durante décadas han desarrollado y hacen posibleel funcionamiento de los servicios y prestaciones públicos de la Junta de Andalucía sea exclusivamente el mérito determinante para la urgente y necesaria estabilización del empleo público temporal", según se señala en el texto.
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