Una mordida de cinco millones en "maletines" de test de Covid

Las mordidas relacionadas con los contratos de la pandemia no sólo se produjeron en la Comunidad de Madrid. Un juzgado de Sevilla lleva investigando desde hace varios meses el intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros que se trató de introducir en una operación que estaba negociando un empresario asturiano con la Junta de Andalucía para la venta de una partida de "maletines" test de detección del Covid-19 al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los intermediarios le dijeron a este empresario que "para poder proveer de bienes o servicios a la Junta de Andalucía, el único camino era, en un primer contrato, presentar la factura con un incremento de cinco millones de euros sobre el valor de los productos suministrados". El empresario advirtió de que le habían indicado que debía inflar el precio del producto en septiembre de 2020, pero la Junta de Andalucía no denunció los hechos ante la Fiscalía hasta diciembre de ese año, tras una investigación interna.

El empresario asturiano Félix Guerrero Arias relató que la oferta que envió al empresario Manuel García Gallardo -fundador de Quality Food-, se realizó el 21 de septiembre de 2020, supuestamente para que la visara el entonces asesor del jefe de gabinete del consejero de Salud G.G. -uno de los cuatro imputados en la causa que fue cesado en su puesto tras descubrirse los hechos-, y en la que se fijaba un precio de 19.454.430 euros por los 100 maletines con reactivos para la realización de pruebas PCR en Atención Primaria.

Al día siguiente, el 22 de septiembre de 2020, el empresario asturiano -que realizó grabaciones de algunas conversaciones y videoconferencias de trabajo- recibió un correo de Manuel García Gallardo contestando la oferta y ordenando cambios, pretendiendo que se modificara y subiera hasta los 24.457.125 euros. La diferencia en el precio sería la "comisión/incentivo" pero el empresario asturiano, según el relato de los hechos que envió a la Junta, se negó a enviar la oferta en estos términos.

El empresario asturiano contactó ese mismo 22 de septiembre, según relata, con el consejero de la Presidencia y actual número 3 del PP, Elías Bendodo, de quien es vecino en Marbella (Málaga) donde veranea, para exponerle que se sentía extorsionado y lamentando que a pesar de que había denunciado estos hechos a altos cargos de la Junta no se había actuado. En una conversación entre el empresario y Bendodo, aportada a la causa, el Félix Guerrero se queja de que la operación sólo se podía hacer a través de intermediarios.

Elías Bendodo: Pero dime... dime ¿quiénes eran esos intermediarios?

Félix Guerrero: El intermediario es, para tu información, Manuel García Gallardo.

E. B.: ¿Manuel García Gallardo?

F. G.: Conocido empresario de Jerez, porque está condenado e investigado, a diez años de prisión. Con dos empresas actuales...

E. B.: Condenado... ¿Condenado a 10 años de prisión?

A continuación le comenta la exigencia de la comisión respecto a la oferta de 19 millones para que se pase un presupuesto de más de 24 millones.

E. B.: Es decir, en vez de pasar tú la oferta por 19 millones de euros ¿te piden que la pases por 24 millones?

F. G.: ¡5 millones Elías!

E. B.: Joé...

F. G.: Yo no entro en ese juego ni entraré nunca. Y me conoces.

E. B.: ¡Hombre!

F. G.: ¿eh? Nunca en mi vida me han hecho ni... yo lo he conseguido ya me conoces es gracias a mi esfuerzo, como tú.

F. G. Pero repito que yo no conozco a esta gente. Lo primero, que aquí el que está manejando esta operación y además es este famoso, el tal G.. Que es, me parece que es un... yo lo llamó "cachorro". Es... es joven, porque yo me metí en internet, es un tío de 30 y pico años... Yo no sé qué potestad y poder tiene en la Junta... éste lógicamente.

Después de que el empresario comunicara estos hechos a Bendodo, le envió un mensaje de whatsapp en el que adjuntaba un pdf titulado "relación de hechos", un documento que diez días antes había enviado al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, -quien ya ha declarado como testigo ante el juez-, contándole que a pesar de ello le estaban ignorando, incluso desde la asesoría jurídica. "La verdad, Elías, esta situación me está empezando a generar bastante ansiedad, pues no tengo claro cómo debo actuar". Y Bendodo le responde que hablará con su viceconsejero.

Tras esa contestación, Félix Guerrero se reunió con Antonio Sanz el 7 de octubre de 2020 en el Palacio de San Telmo, un encuentro en el que el viceconsejero le comentó que estaban investigando los hechos, y el 21 de octubre, continúa el empresario, Sanz le dijo que quieren revisar su producto y que no le quieren perjudicar, puesto que hay "voluntad" de trabajar con él si tiene un "precio y calidad adecuados", y añade que quieren una opinión distinta a la de la entonces gerente del hospital de Valme, María Jesús Pareja, que efectuó una valoración técnica rechazando el producto. Sanz le dice que "quieren una opinión distinta a la de María Jesús, de quien dice que no ha atendido bien este asunto y que no le cuadra lo que ha hecho". De ahí que se trató de que la valoración la realizara la gerente del hospital Virgen de las Nieves de Granada, María de los Ángeles Rescalvo.

En su desesperación, el empresario llegó incluso a intentar contactar con el que fuera líder del PP a nivel nacional, Pablo Casado, y aunque no se reunió con él, sí fue recibido el 24 de febrero de 2021 en la sede de los populares en Génova por su director de gabinete, quien según el ejecutivo le trasladó que "como partido político no se pueden meter en la gestión de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, pero no obstante tratarían de enterarse e informarle de cómo está el expediente, cosa que no han hecho hasta la fecha".

Tenían "personas muy potentes, uno que fue ministro"

El propio empresario que realizó la oferta para la venta a la Junta de Andalucía de los maletines con los reactivos para los test del Covid 19 explicó que los intermediarios que se pusieron en contacto con él le comentaron que se trataba de una "oportunidad", puesto que tenían "un par de personas en relaciones institucionales muy potentes, que cubren todo el espectro, de altísimo nivel, que uno fue ministro y el otro es ahora mismo un altísimo cargo de la Junta en estos momentos".

Uno de los intermediarios -una persona que trabaja para Manuel García Gallardo y su hermana Ana María, también investigados- le comentó, después de haberse aumentado el precio con los cinco millones de comisiones, que "las cosas funcionan así, y que si no lo hacemos nosotros lo hacen otros", añadiendo que como los maletines de los reactivos eran un producto "innovador" se puede "justificar el margen así como la salida del dinero" (la comisión) y que "hay que pasar por caja, que todos pasan por caja".

El empresario fue convocado a una reunión el 2 de de diciembre de 2020 en San Telmo, a la que asistieron los viceconsejeros de la Presidencia y Salud, Antonio Sanz y Catalina García, así como el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, y el jefe de gabinete del consejero de salud, Carlos León.

En esa reunión se le "interroga" por los hechos que viene denunciando, señala el empresario, que incluso les comenta que esta mordida es la "punta del iceberg" y hace alusión a una conversación en la que se habla "con asentimiento de quitar una consejería o un departamento a Ciudadanos que maneja mucho dinero".

Félix Guerrero añade que en ese encuentro se le pide su impresión y él insiste en que a su juicio "hay personas por encima" del asesor del jefe de gabinete investigado que "saben de todo esto, que no está solo y que es un tema político", a lo que se le responde que es un "tema de corrupción técnica". Y le dicen que van a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Sevilla, a lo que el empresario responde que él también lo denunciará por consejo de su abogado.

El 9 de diciembre, la Junta abrió un expediente disciplinario al asesor de Salud G.G., que fue cesado a continuación, y el 11 de diciembre de 2020, casi tres meses después de las denuncias del empresario, denunció los hechos ante la Fiscalía Superior de Andalucía. La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, derivó la causa para su investigación a la Fiscalía de Sevilla, que el 19 de enero de 2021 abrió unas diligencias de investigación que terminó con la presentación de la denuncia en los juzgados de Sevilla.

El empresario, que tenía grabaciones y correos para acreditar los hechos, también asegura que ante la ausencia de información sobre lo que estaba sucediendo llegó a enviar al viceconsejero de la Presidencia un burofax con cuatro preguntas, entre ellas ¿por qué nadie contestaba a su ofrecimiento para la entrega de pruebas? Antonio Sanz respondió con otro burofax en el que sólo contestaba a una de las preguntas, asegurando que los hechos habían sido trasladados al Ministerio Fiscal.