Las multas por la falta de saneamiento de las aguas en Andalucía continuarán hasta 2028

El Gobierno central y la Junta de Andalucía acordaron en noviembre los detalles de las obras de mejora y ampliación de la depuradora de Matalascañas, cuya finalización está prevista para 2028. El dato no es menor. Afecta al bolsillo de los ciudadanos. Esta planta de tratamiento de aguas residuales, sus deficiencias, es responsable de que el Estado tenga que responder con una multa millonaria a la Unión Europea. Una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Reino de España por incumplir la directiva 91/271/CEE en materia de vertidos de aguas residuales ha obligado al Gobierno central y las comunidades autónomas a pagar unos 90 millones desde 2018 hasta 2023, según las estimaciones de Ecologistas en Acción. Las sanciones millonarias por los puntos negros andaluces por tanto persistirán como mínimo hasta 2028, toda una década.

Además de la de Matalascañas, hay otras dos instalaciones andaluzas de tratamiento de aguas residuales que fueron objeto de la condena comunitaria y que, seis años después, siguen siendo una gravosa carga para las arcas del Estado. Son las de Barbate y Alhaurín el Grande. Las tres son actuaciones de urgente ejecución. Por eso en julio firmaron la Junta y el Ayuntamiento de Barbate un convenio para llevar a cabo obras en la estación depuradora de Barbate-Zahara de los Atunes. Por la misma razón de premura anunció el pasado mes la Junta de Andalucía una expropiación forzosa de terrenos en la comarca que afecta a la construcción de la depuradora de Alhaurín el Grande-Málaga Norte y por igual circunstancia, por la urgencia de las mejoras, han acordado las administraciones recientemente la ampliación de la planta de Matalascañas. Las sanciones por el incumplimiento de los parámetros medioambientales en estos tres núcleos andaluces suman 6,7 millones cada año.

Las multas millonarias están repartidas. En una resolución de 2020, el Gobierno central y las comunidades autónomas afectadas resolvieron a qué administración correspondía la asunción de las sanciones coercitivas que derivaban de la sentencia condenatoria del TJUE de 2018. En el caso de las tres depuradores andaluzas que incumplen los parámetros de vertidos ambientales, la Junta responde por la estación de tratamiento de Alhaurín el Grande-Málaga Norte, mientras que el Gobierno central hace lo propio con las instalaciones de Barbate y de Matalascañas. En el caso la administración andaluza, la Junta tiene que hacer frente a una multa anual de 2,1 millones, según el reparto acordado, y lo hará hasta que funcione conforme a la norma. Las obras de la depuradora malagueña, según la previsión de los técnicos, se ejecutarán en un plazo de 36 meses desde este año. La sanción seguirá viva por tanto hasta 2028.

En lo que corresponde al Gobierno central constan las estaciones depuradoras de Barbate-Zahara de los Atunes y la de Matalascañas. Por el deficiente funcionamiento de la planta de saneamiento gaditana, la multa se eleva a 3,1 millones de euros al año. Por la incorrecta depuración de los vertidos en la depuradora onubense, el Gobierno central debe responder con 1,5 millones de euros. La reciente actualización de las obras para ampliar y mejorar el tratamiento de las aguas residuales en las instalaciones de Matalascañas señala un plazo de las obras hasta 2028. Y puede ser más tiempo de sanciones. El acuerdo del Gobierno central y de la Junta de Andalucía avisa de la posibilidad de que una prórroga adicional que contempla un plazo hasta diciembre de 2029.

Más obras y más gastos

El adecuado tratamiento de las aguas residuales procedentes de las poblaciones y de las aguas contaminadas excretadas por la industria comenzó teniendo un objetivo medioambiental. La directiva europea que las reguló, en la que se fundamenta la sanción impuesta por el TJUE en 2018, se aprobó en la década de 1990. El fin era que los vertidos que llegaran a los ríos y al mar tuvieran una concentración tal de tóxicos orgánicos e inorgánicos que perjudicara mínimamente a la salud de la flora y la fauna y, por último, como último destinatario de la naturaleza, a la del ser humano. Los tiempos han cambiado y la tendencia es diferente ahora. El Parlamento europeo y el Consejo de Europa aprobaron el pasado 27 de noviembre una nueva norma que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Aparte de la protección medioambiental, la nueva directiva comunitaria regular la correcta reutilización de las aguas residuales en previsión de las sequías. El riego de parques y jardines y el regadío de los campos de cultivo, que consume el 80% del total de los recursos hídricos en Andalucía, será suministrado por aguas residuales. La Junta de Andalucía prevé un inmediato aumento del uso de aguas reutilizadas. Para ello harán falta más obras y más dineros. Pronto se irá viendo.

Otros 108 puntos negros con riesgo de sanciones

Las multas que el Gobierno central y la Junta tienen que afrontar por el incumplimiento de la normativa en las depuradoras ubicadas en Andalucía son sólo el principio. Las administraciones abonan sanciones millonarias que no cesarán hasta 2028 como mínimo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2018, origen de estas multas, fue consecuencia de una infracción a la que dio curso la Comisión Europea (CE) en 2004. El futuro no es halagüeño. La CE ha abierto en los dos últimos años dos nuevos recursos por el deficiente tratamiento de las aguas residuales en Andalucía. Una demanda de 2022 apunta a 16 aglomeraciones andaluzas con una gestión deficiente de las aguas y una segunda demanda, de septiembre de este año, señala a otros 92 puntos de la geografía andaluza. Son en total 108 puntos negros. La llegada de ulteriores multas depende de lo que decida el TJUE en lo venidero.