La UE enfría la expectativa de los interinos que aspiran a ser fijos

Una cuarta parte de los empleados públicos andaluces está pendiente de la Justicia comunitaria. Son los interinos, que sostienen que el abuso de la interinidad en sus plazas bastaría para convertirlos en fijos. De momento, a falta de la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las noticias desde Bruselas no son halagüeñas.

La Abogacía General del TJUE comunicó ayer que la normativa europea es compatible con la jurisprudencia española y que, por tanto, el "uso abusivo" de sucesivos nombramientos temporales en el sector público no puede sancionarse en una conversión en trabajadores fijos, viniendo a decir que un interino no puede tener más derechos por el mero hecho de sumar temporalidades.

Las palabras de la Abogada General del TJUE Juliane Kokott no son vinculantes de cara a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, aunque el fallo sí suela coincidir con el criterio de los abogados en el 75% de los casos, según apuntan fuentes sindicales.

El antecedente de un juzgado de Madrid

El pronunciamiento de Kokott responde a las cuestiones prejudiciales remitidas a Bruselas por dos juzgados de Madrid. En uno de ellos, un informático que sumó 17 años de contratos sucesivos como interino en el Servicio Madrileño de Salud pidió que se le reconociera la condición de empleado público fijo. Se le denegó. Un juzgado madrileño, al surgir la duda, elevó la cuestión a Europa: habría sido poco práctico tomar una decisión contraria al criterio del TJUE.

El 8% de interinidad, objetivo para 2022

El problema no es menor. La insatisfacción, decida lo que decida la Justicia comunitaria, está garantizada en un carácter parcial. Eso no quita que las administraciones tendrán que dar solución en los próximos años a la gran cantidad de personal interino que trabajan en su seno. Si el objetivo quedó establecido en el 8% para 2022, el actual porcentaje es del 26-27% en el conjunto de la Administración andaluza.

Funcionarios y opositores están particularmente enfrentados en Andalucía a los interinos, pues lograron en septiembre que el Parlamento admitiera a trámite una Iniciativa Legislativa Popular sobre la estabilización de sus puestos. Y, mientras los ciudadanos se enfrentan, gobiernos y sindicatos tratan de gestionar e intermediar en la medida de lo posible.

Los sindicatos instan a urgentes convocatorias

Atentos a la letra pequeña, los sindicatos coinciden fundamentalmente en dos aspectos: en que el gran problema de la temporalidad precisa de urgentes procesos de estabilización y en que, respecto a lo llegado ayer desde Bruselas, los abogados del TJUE no aportan novedad ni solución al conflicto.

"La única vía para solucionar el problema de la interinidad es el desarrollo de los acuerdos del empleo público" firmados en 2017 y 2018 con el Gobierno central, destacó Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical del CSIF en Andalucía. Y es la única porque, por ejemplo, un concurso de méritos exclusivo colisionaría con los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrado por la Constitución y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por su parte, la portavoz de Iniciativa Sindical Andaluza, Rocío Luna, interpretó que la UE avala "un concurso específicamente de méritos para regularizar a los interinos".

La opción, en efecto, es la convocatoria urgente de varios concursos oposición que incluya un reconocimiento a la experiencia de los aspirantes. Mientras, fuentes cercanas a la Junta admiten que, en efecto, habrá inmediatas convocatorias. Al menos la de 2017.