Cinco preguntas claves sobre la deuda histórica de Andalucía

El Estado y la Junta de Andalucía han cerrado de forma definitiva la cuantificación de la deuda histórica andaluza, sobre la que se plantean cinco preguntas claves:

¿Qué es la deuda histórica?

Es una cantidad que Andalucía considera que debe pagarle el Estado para hacer frente a las peculiares circunstancias socio-económicas de la región. La reivindicación ya aparece en el Estatuto de Autonomía de 1981 y se consolida en el actual texto.

¿Por qué hay que pagar la deuda histórica?

La denominada "deuda histórica" debe abonarse por mandato estatutario. Tanto el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, de 1981, como su reforma, de 2007, son leyes orgánicas y, por tanto, de obligado cumplimiento.

¿En cuánto se cifra?

El Gobierno andaluz fijó la deuda histórica en una horquilla que iba de los 1.148 a los 1.742 millones de euros. Finalmente la deuda se cerrará en los 1.200 millones, una cantidad que se sitúa dentro de la horquilla, pero a la baja.

A esta cantidad hay que restarle 420 millones de euros que la Comunidad ya recibió bajo el concepto de "anticipos a cuenta".

El primero de los anticipos llegó en 1996 con el Gobierno de José María Aznar, aunque fue acordado con el socialista de Felipe González, y se situó en 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros), a los que se suman los 300 millones anticipados por el actual Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Cuál es el calendario?

La Disposición Adicional Segunda del actual Estatuto de Autonomía establece un plazo de tres años para hacerla efectiva desde la entrada en vigor de la norma, en marzo de 2007, por lo que deberá estar totalmente pagada en marzo de 2010.

La firma se plasma cuatro días antes de la fecha fijada por la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Junta de Andalucía el pasado 18 de septiembre de 2008

Saldar la deuda pone fin a casi 30 años de reivindicaciones.

¿Cuál es el destino que se da a ese dinero?

Desde un principio la Junta de Andalucía estimó que la deuda se destinaría a servicios básicos como sanidad y educación, aunque también se prevé que se destine a asistencia social y viviendas de protección oficial.