El principal imputado achaca la denuncia al "acoso laboral" de sus superiores en el CSIC

El principal imputado en el caso del fraude masivo con facturas destapado en la Estación Biológica de Doñana ha alegado que la denuncia obedece al "acoso laboral" que, según sostiene, ha sufrido por parte de los sindicatos y de sus "superiores" en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del que depende la Estación Biológica. La defensa de Raúl S. B., que fue jefe de servicio de mantenimiento de instalaciones y parque móvil de la Estación Biológica de Doñana, presentó un escrito en el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en el que solicita el archivo de la causa al considerar que "no ha cometido ningún hecho delictivo".

La defensa del que fuera jefe de mantenimiento, que es el principal imputado en esta causa -junto a un gerente ya jubilado- en la que hay 32 imputados, afirma que la dilación durante más de tres años de esta investigación, que se inició en 2019, le está provocando un "plus de desasosiego, intranquilidad y perjuicio para su estado de salud, ya de por sí suficientemente quebrantado después de haber sufrido acoso laboral por miembros sindicales y sus superiores en el CSIC".

El jefe de mantenimiento "ha sido objeto del más vil de los acosos laborales, con amenazas de muerte, con represalias por parte de sus superiores cuando puso de manifiesto las irregularidades laborales en que se estaba incurriendo por los mismos (cesión ilegal de trabajadores, entre otros)", afirma la defensa, que añade que la denuncia de esta causa proviene de un informe de la actual gerente "carente de fundamento y rigor, basado en conjeturas y con un palmario tufo de resentimiento de los responsables de la Estación Biológica de Doñana contra mi mandante, quien ha venido soportando todo tipo de conductas de acoso contra él por parte de dicha señora y sus superiores" todo ello a pesar de que la gerente no conoce de nada a Raúl S. B. y nunca ha trabajado con él, or lo que "su juicio sólo puede venir motivado por las maledicencias de los superiores".

De la investigación practicada, según el investigado, se desprende la "falta de indicios mínimamente lógicos y contrastados" de los delitos que se analizan, dado que "las declaraciones de todos y cada uno de los empresarios, socios, trabajadores autónomos que han venido declarando como investigados han dejado bien a las claras que todos los trabajos fueron presupuestados, aceptados y abonados conforme al procedimiento legalmente establecido y por las personas competentes, según la normativa y el organigrama del CSIC".

Es más, considera que estas declaraciones de los empresarios suministradores de servicios y materiales de la Estación Biológica han puesto de manifiesto la "intachable conducta" de Raúl S. B., que era "muy exigente a la hora de reclamar los trabajos que se prestaban, que siempre luchaba para que el CSIC obtuviese el mejor presupuesto, que estaba muy preocupado por la mejor prestación de servicios posibles dado el riesgo que conllevaba para la seguridad de los inmuebles como de los empleados y funcionarios que trabajaban para el CSIC", algo que justificaba por su condición de jefe de Prevención de Riesgos Laborales como por la necesidad de obtener el sello de calidad AENOR.

"Si no se hubiesen llevado a cabo los trabajos y servicios en debida forma se hubiese puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores, no constando de ninguna manera que en todos estos años se haya puesto en riesgo a ningún operario/funcionario, como tampoco se ha acreditado por la parte denunciante que se careciera del sello de AENOR, lo que es una prueba fundamental que acredita la realidad de los trabajos, su calidad y el empeño y dedicación" de Raúl S. B., asevera la defensa.

La defensa carga contra los atestados realizados por la Policía Judicial, de los que asegura han recibido un "baño de realidad", por cuanto no se ha aportado ningún mínimo indicio de que Raúl S. B., "un simple técnico de nivel 3 en la escala de la administración y que cobraba su nómina como operario de mantenimiento, se haya podido lucrar en todo este asunto: Ni se aporta una creíble argumentación del modus operandi ni de los medios con los que éste o las empresas podían alcanzar algún tipo de comisión, ayuda, por parte de las empresas que contrataba el CSIC, ni se aporta de ninguna manera en qué y cómo se ha podido enriquecer" el que fuera responsable de mantenimiento.

Críticas a los informes policiales

La representación jurídica del ex jefe de mantenimiento también critica la labor policial por haber omitido el "procedimiento reglado" del CSIC para el pago a proveedores en el que carece de participación el investigado y en el que intervenían "personas a las que ni siquiera se menciona en el informe de la Policía Judicial, que podemos calificar sin temor a equivocarnos de auténtico bodrio carente del más mínimo rigor, al menos, en lo que respecta a mi representado y que, como se constata de forma palmaria, adolece de supina ignorancia respecto de los inmuebles de la Estación Biológica de Doñana (sus servicios, sus instalaciones, maquinaria, tuberías de todo tipo, etc.) como de la realidad de las actividades económicas de las empresas que prestaban servicio y suministraban materiales".

Por todo ello, sostiene que Raúl S. B. lleva tres años investigado sin que exista "ningún mínimo elemento con el que justificar que siga adelante la instrucción", sufriendo "la pena de banquillo por parque de aquellos responsables del CSIC que cometieron el acoso laboral del que fue víctima en 2018", por lo que concluye que debe declararse el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.