El retorno de Alaya

Su vuelta a los juzgados de Sevilla se espera como agua de mayo o como el retorno de una heroína de una saga cinematográfica. Después de cuatro meses apartada de la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos por motivos de salud, esta semana está previsto el regreso de la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La vuelta de la magistrada debe producirse, salvo complicaciones de su estado de última hora, el próximo jueves, día 17, aunque algunas fuentes apuntan que la instructora lleva ya tiempo intentando reincorporarse, con lo que esa fecha podría incluso adelantarse a los primeros días de la semana que entra.

Lo que sí parece meridianamente claro en las distintas instancias judiciales es que, en el supuesto poco probable de que esa reincorporación no se produzca y la magistrada vuelva a ampliar su baja, tanto la Audiencia de Sevilla como la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomarían cartas en el asunto para evitar un mayor retraso en la instrucción de este complejo procedimientos y de los otros que investiga la juez Alaya.

La magistrada, de 49 años, lleva de baja por enfermedad, aquejada de fuertes cefaleas, desde el pasado 25 de septiembre, pero en realidad la investigación está prácticamente paralizada desde hace casi seis meses. El último auto que firmó Alaya tiene fecha de 31 de julio de 2012, cuando fijó una fianza de responsabilidad civil de 490 millones al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de 173 millones al ex director general de Trabajo Juan Márquez y de siete millones al sucesor de este último, Daniel Alberto Rivera. Tras firmar esta resolución, Alaya se fue de vacaciones y al volver cayó enferma.

La marcha a principios de enero del que fue juez sustituto, Iván Escalera, nombrado como refuerzo de Alaya para tramitar el resto de asuntos del juzgado y la celebración de las guardias, amenaza igualmente con provocar nuevos retrasos si la vuelta de Alaya no es inminente. En sustitución de Escalera, el TSJA ha enviado a una juez de carrera, del grupo de Adscripción Territorial, Ana Rosa Curra, que tendría que asumir los casos de Alaya si su ausencia se prolonga nuevamente. Sin embargo, esta juez, como cualquier otro que se nombrara ex profeso para continuar la instrucción de los ERE, necesitaría de varios meses para ponerse al día -el sumario acumula ya más de 30.000 folios y 60 tomos, aunque con los documentos anexos son varias decenas de millar más- y retomar la actividad instructora, con la toma de declaraciones y la práctica de nuevas diligencias.

De cualquier forma, la instrucción sin Alaya no sería la misma. Ningún otro magistrado sería capaz de investigar el escándalo de los ERE siguiendo el criterio extensivo de Alaya, que ha abierto nuevas líneas de investigación donde otros jueces habrían desistido.

La baja prolongada de Alaya ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción ha presentar varios escritos en el juzgado, en los que ha solicitado que se active la instrucción de este procedimiento y de otros que llevan ya tiempo paralizados, como la investigación por el delito societario en la empresa pública mixta Mercasevilla, donde los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo llevan imputados desde hace más de dos años -en concreto desde mayo de 2010- y ni siquiera se les ha tomado declaración todavía.

La Fiscalía ha advertido ya en otras ocasiones de su preocupación ante la posibilidad de que puedan prescribir algunos de los delitos que se investigan, por lo que ha llegado a reclamar que se "priorice" la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003. El retraso del procedimiento podría beneficiar además a los imputados, a los que habría que aplicar la atenuantes de dilaciones indebidas.