La secretaria del caso Mari Luz finaliza su sanción y se incorpora al Mercantil número 1

Sevilla/La secretaria judicial Juana Gálvez, suspendida de empleo y sueldo durante seis meses por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por su responsabilidad a la hora de no ejecutar una sentencia pendiente contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, se incorporará en torno a mediados del presente mes de enero a su nuevo destino, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

Fuentes judiciales precisaron a Europa Press que fue este lunes, una vez cumplidos los seis meses, cuando Gálvez quedó oficialmente reincorporada en virtud del traslado que solicitó al juzgado, al que recala procedente del Penal 1 sevillano, si bien en estos días disfruta de un permiso por el cual se integrará en el nuevo organigrama, con las mismas funciones de que gozaba en la jurisdicción penal, en torno a mediados de mes.

El pasado 27 de mayo de 2009, el abogado de Juana Gálvez recurrió la sanción de dos años ante el Juzgado Central de lo Contencioso número 3 de la Audiencia Nacional. El letrado, Ramón Entrena, apeló entonces a la incompetencia del secretario de Estado para dictar esta suspensión, cometido que debería haber realizado el propio ministro –entonces Mariano Fernández Bermejo– de acuerdo a la distribución de competencias.

El fallo determinó que el acto administrativo recurrido tenía que ser parcialmente revocado en cuanto a la duración de la sanción impuesta por infracción del principio de proporcionalidad, debiendo ser mantenido en lo concerniente a la descripción de los hechos, la tipificación de la conducta sancionada, y en cuanto a la aplicación de la circunstancia agravante del perjuicio causado, tanto a terceros como a la Administración de Justicia.

El otro afectado por las consecuencias del caso Mari Luz fue el juez Rafael Tirado, otrora titular del Juzgado de lo Penal 1 y sancionado con una multa de 1.500 euros por una falta grave al no ejecutar la sentencia contra Del Valle, tras lo cual solicitó el traslado a la jurisdicción contencioso-administrativa.