Sindicatos y empresarios participarán en las leyes que les incumban en el Parlamento de Andalucía

La Junta de Andalucía y en concreto su presidente, Juanma Moreno, es más que consciente de que la paz social es necesaria para conseguir la tranquilidad política. Al Pacto Social por el Impulso de Andalucía suscrito el 13 de marzo del año pasado, en el que se incluyeron medidas tanto estrictamente laborales, como de mayor calado político (educación y sanidad principalmente), se quedaba corto. Esta mañana se ha dado el paso definitivo con la firma del denominado Acuerdo para el impulso de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Se trata de elevar a categoría de ley la inclusión de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) en el proceso de toma de decisiones en el Parlamento de Andalucía en las materias que les incumban de una manera directa.

Y no sólo en ellas, sino que se pretende ampliarlo tanto a los asuntos en materia laboral y económica, como aquellos que les influyan directamente y en ese abanico caben prácticamente la mayor parte de los asuntos que se tramitan en la Cámara andaluza. En ellos, sindicatos y empresarios serán escuchados previamente, podrán participar en su tramitación y, una vez finalizada, tomar parte en el proceso de fiscalización y control de su aplicación.

Es un paso más en lo que el presidente de la Junta, insiste en llamar "la vía andaluza" y que pretende "exportar al resto del país", una particular visión de paz social dentro de las "lógicas discrepancias" y que ha conseguido "suscribir tres acuerdos y movilizar más de 10.000 millones de euros de inversión", en un proceso en el que "el Gobierno solo no hubiera podido conseguirlo".

Para Moreno "ese diálogo social" es la "clave de bóveda" y ahora "llega a su máxima expresión con una ley que pretendemos que se haga con el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios". Consciente de que Vox, como en cualquier asunto donde estén los sindicatos por medio, no va a respaldar, la intención inmediatamente corregida fue la de que "salga adelante con un amplio apoyo".

El presidente de la Junta pretende que esa ley "sea un impulso a la acción del Gobierno para mejorar la vida de los andaluces cada uno desde su posición y recogiendo las lógicas diferencias que existen, incluso en el Consejo de Gobierno", ha reconocido. A partir del reconocimiento de estas discrepancias ha reconocido que las centrales sindicales "siempre estén dispuestas a hablar y de avanzar" y ahora, ha enfatizado, "ha llegado el momento de pasar de nivel" incorporando por ley a la patronal y los sindicatos más representativos en la acción política.

Reacciones

Para Javier González de Lara, presidente de la CEA, se trata de un "hecho histórico, un acontecimiento crucial" que demuestra la voluntad de alcanzar acuerdos de los empresarios y de los actores sociales y económicos que conforman las organizaciones sindicales y empresariales más representativas" y que a su entender "supone la confirmación del cumplimiento de uno de los asuntos incluidos en el Pacto Social" que a su juicio "supone el aparcar las lógicas discrepancias en favor del interés general".

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha recordado que "las negociaciones para conseguir esta ley comenzaron en el año 2000" y se ha felicitado porque los trabajadores "que suponen el 90% de la población andaluza tomen parte en las decisiones que les afectan, como la sanidad, educación, vivienda, dependencia, turismo, industria o agroindustria", un procedimiento en el que "presentaremos alternativas como afectados que somos" y en el que ha destacado "la transparencia y la rendición de cuentas" como dos de sus principales pilares.

Oskar Martín, secretario general de UGT en Andalucía, ha querido agradecer la presencia de su homólogo nacional, Pepe Álvarez, su presencia en San Telmo como un reflejo de la trascendencia de este acuerdo. Esta ley "que hoy se registra en el Parlamento", supone a su juicio "el intento más serio por dignificar las condiciones de vida y laborales del conjunto de los trabajadores", así como "un ejemplo de gobernanza e inteligencia institucional por parte de la Junta que ha sabido establecer un importante marco de entendimiento entre todos".

Antecedentes

En la pasada legislatura, el Gobierno andaluz entonces de coalición de PP y Ciudadanos (CS) inició el proyecto de elaboración de una Ley de Participación Institucional, destinada a regular las relaciones entre la Junta de Andalucía y agentes económicos y sociales en el ámbito de la Administración autonómica.

Se trataba de un proyecto vinculado a la entonces Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad que dirigía Rogelio Velasco, y que apostaba por regular la estructura y objetivos que debían guiar la intervención de sindicatos, empresarios y demás agentes sociales en los asuntos que les competen dentro de los organismos e iniciativas públicas.

En febrero del año 2020, el Consejo de Gobierno acordó iniciar la tramitación de dicha Ley de Participación Institucional que, según destacó el por entonces consejero portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, por primera vez iba a regular el diálogo con empresarios y sindicatos en Andalucía, así como que incorporaría a los representantes de los trabajadores autónomos.

Sin embargo, la aprobación de la ley quedó pendiente antes de la finalización de la legislatura, y el presidente de la Junta se comprometió en julio de 2022, en el debate para su investidura tras ganar por mayoría absoluta los comicios del 19 de junio de aquel año, a "recuperar los trabajos para una norma de Participación Institucional de Andalucía".

"Los importantes pactos alcanzados en la pasada legislatura demuestran que es un camino útil y eficaz", defendió entonces Juanma Moreno, quien en aquel discurso de investidura, del que justo en estos días se cumplen dos años, anunció su voluntad de contar también en esta legislatura "con la valiosa participación de todas las organizaciones sindicales y empresariales, muy especialmente con la CEA, UGT-A y CCOO-A".