Un supuesto fraude de 41.127.861 euros

Cuatro años después y tras diversas vicisitudes a la hora de realizar su informe, el perito que ha estudiado el caso de las facturas falsas de UGT-A ha presentado en el juzgado un informe en el que advierte de un supuesto fraude que alcanza la cifra de 41.127.861,61 euros. En total, el perito, el interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad Luis Ayala Gallo ha examinado un total de 32 expedientes de subvenciones concedidas a la organización sindical, si bien las presuntas irregularidades se centran en 16 ayudas.

El expediente donde supuestamente el interventor detecta el mayor fraude se corresponde con un convenio suscrito el 29 de diciembre de 2009 de la dirección general de Empleabilidad y Formación Profesional, por el que se concedió una subvención por importe de 16,5 millones. En virtud de este convenio se realizaron 516 acciones formativas y, según el perito, hay gastos imputados al expediente “no subvencionables” por la cantidad de 15.186.328,51 euros.

Y también un expediente del año 2009 por el que se concedió a UGT una subvención de algo más de ocho millones de euros para la realización de 183 cursos, donde el perito concluye que la organización sindical ha incluido gastos “no subvencionables” por importe de 7,5 millones.

En otros expedientes destacados, el perito concluye que hay cuantías no subvencionables por importe de otros 5,6 millones y 3,6 millones de euros, según el dictamen entregado en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que instruye esta macrocausa que se abrió el 22 de agosto de 2013 y en la que hay actualmente 20 personas investigadas, ente ellas los ex secretarios generales de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, aunque este último no ha llegado a prestar declaración ante el juez por motivos de salud.

En un avance del informe presentado en febrero pasado, el interventor ya apuntó que el “posible fraude opera en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para una finalidad distinta para la que se concedió o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige”.

El perito analizaba los dos supuestos mecanismos defraudatorios que habría utilizado la organización sindical. El denominado rapel, que es un descuento por el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato. El segundo instrumento que habría sido utilizado en el fraude es conocido como “bote”, una figura con la que se elaboraban presuntamente facturas simuladas que pasaban a forma parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros.

También ha estudiado las cuestiones relacionadas con los alquileres de aulas, instalaciones y oficinas entre Soralpe S. L. el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), una fundación del sindicato cuyo fin se centra en ofrecer soluciones a las necesidades formativas de empresas y trabajadores.

Por su parte, el sindicato UGT-A ha destacado que tras seis años de instrucción, ni la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ni el perito han cuestionado la “realización de todas y cada una de las 2.500 acciones formativas que engloban los expedientes objeto de investigación”. Y se han realizado “sin que exista ningún atisbo de duda respecto a la impartición de la formación comprometida tanto a los desempleados y los trabajadores ocupados como con la Administración”.

Según explicado a este periódico fuentes del sindicato, a lo largo de los informes periciales aportados “no se recoge ni un solo elemento, ni una sola expresión, ni una sola manifestación de la que pueda extraerse como conclusión que se han desviado cantidades correspondientes a la subvención a otros fines que no sean la propia ejecución de la misma”.

Y en la misma línea, el sindicato considera que “tampoco se recoge a lo largo de los informes periciales la existencia de documentación falsa o fraudulenta”. Así, entienden las fuentes de la organización sindical consultadas que el informe se circunscribe a la determinación del “carácter subvencionable de un gasto, en atención a la orden de 23 de octubre de 2009 y la ley general de subvenciones, cuestiones todas ellas de carácter eminentemente administrativo y no penal, sin que se establezca a lo largo del mismo la existencia de defraudación alguna”.

Desde UGT-A añaden que determinadas cuestiones de carácter administrativo puestas de manifiesto en los informes “se contradicen frontalmente con resoluciones y decisiones, también de naturaleza administrativa, tanto de los órganos gestores como de los órganos de control de la Administración”.

Por último, el sindicato muestra su “disconformidad” en relación a que cuestiones relativas a la elegibilidad o subvencionabilidad de un gasto “cierto, concreto y manifiesto” sean objeto de un procedimiento penal, puesto que se trata de un orden jurisdiccional presidido por el principio de intervención mínima, de lo que se desprende que considera que cualquier discrepancia debería resolverse, en su caso, en la vía contencioso-administrativa.

Con la llegada del informe pericial, cuya realización ha provocado que la causa estuviera paralizada durante cuatro años –el informe se encargó por el juzgado el 5 de marzo de 2015–, el juez ha reactivado la instrucción y así ha citado a declarar el próximo 2 de abril en calidad de investigado a Juan Francisco Alcaide Rodríguez, delegado territorial del IFES. Un día antes, el juez también ha citado a declarar como testigo al que fuera auditor del sindicato, Francisco Briones.