Las universidades públicas de Andalucía apoyan endurecer los requisitos para crear centros privados

La anunciada intención del Gobierno central por aumentar los requisitos para la creación de universidades privadas, estaba huérfana de la opinión de los centros públicos andaluces. Éstos confirmaron a este periódico que respaldan la iniciativa del Ejecutivo, toda vez que creen que la laxitud en dichos requisitos, supone una “merma de la calidad”, a la vez que se conculcaría el principio de igualdad de oportunidades y el premio a los méritos y el esfuerzo de los alumnos, de los que únicamente se recompensaría su capacidad económica.

Se alinean de este modo con la propuesta lanzada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien criticó que las universidades privadas eran "la principal amenaza que tiene la clase trabajadora" y añadió que "no podemos permitir que alguien se compre el título". Por contra, el presidente de la Junta, Juanma Moreno recordó que "ningún país occidental" rechaza el modelo de universidades privadas y el debate es, a su entender "un disparate en términos políticos y sociales" y calificó las manifestaciones de Montero como carentes de rigor "con un afán de dividir y simplificar un enfrentamiento entre lo público y lo privado". A juicio del presidente de la Junta "lo que hay que medir más que si es pública o privada, es la calidad de cada una de ellas y las becas que se le dan a las personas más vulnerables".

Desde las universidades públicas de Andalucía, reconocen que “saludamos una iniciativa que nuestras instituciones vienen demandando desde hace tiempo ante la proliferación desmedida de centros privados de dudosa calidad”. Asimismo, quieren poner de manifiesto que “lo más relevante del debate suscitado por esta necesaria reforma es delimitar jurídicamente lo que se considera universidad, que en toda Europa se ciñe a las instituciones de educación superior que imparten docencia, investigan y transfieren el conocimiento que producen, sin importar su naturaleza pública o privada”.

Si bien la normativa vigente “ya acotaba en cierta medida los criterios para la creación de nuevas universidades, la laxitud de su formulación ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que no cumplen con los mínimos requisitos exigibles, y que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades”. Los responsables de los centros públicos, consideran que esto supone “una merma en la calidad del sistema universitario español, y una fuente de desequilibrios y competencia desleal hacia las universidades, ya sean públicas o privadas”.

A su entender “de no revertirse esta situación, la deriva actual nos encamina hacia un modelo de mercantilización del derecho a la educación incompatible con la existencia de un sistema de calidad”. Además, “la progresiva sustitución de un modelo público por uno privado también llevaría aparejados profundos cambios sociales, como la eliminación de la igualdad de oportunidades y la meritocracia. El trabajo, el esfuerzo y la capacidad del estudiantado dejarían de ser determinantes, ya que solo importaría su nivel de renta. En definitiva, sería ponerle precio al futuro de nuestros jóvenes”.

De igual forma, el sistema universitario está “ligado al modelo de desarrollo económico, social y cultural que se persigue. Si nuestra sociedad apuesta por un modelo de alto valor añadido y que aumente nuestra soberanía, por ende basado en ciencia y tecnología, el camino más directo pasa por fortalecer las capacidades de las universidades públicas, que responden única y exclusivamente al interés general”. Por tanto, “confiamos en que se siga avanzando en esta senda, que debe culminar en un acuerdo entre todas las administraciones implicadas para alcanzar, cuanto antes, el suelo de inversión pública del 1% del PIB como exige la LOSU”.