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El Parlamento andaluz vivirá hoy uno de sus sesiones más esperpénticas desde que se constituyó en 1982: el dictamen de la comisión de los ERE, sobre el que se ha estado trabajando durante seis meses, acabará en nada; rechazado, por diferentes razones, por el PP e IU, con lo que la Cámara no señalará ningún responsable político a pesar de que algunos de ellos sí están siendo procesados en los juzgados. Es decir, que se puede dar la paradoja de que haya responsables penales, pero no políticos. Bien es cierto que el Parlamento no exonerará a nadie, pero no aportará ninguna conclusión ni recomendación sobre la concesión de ayudas sociolaborales dadas por la Junta entre 2001 y 2010. El presidente de la comisión, Ignacio García, de IU, admitió ayer que el hecho en sí "es una vergüenza" que difícilmente podrán entender los ciudadanos, mientras que desde su formación se daba a entender que ni el PP ni el PSOE podrán contar con ellos para formar otra comisión de investigación. García realizó estas declaraciones en el programa Buenos días, Andalucía, de Canal Sur, en la que intervino un periodista de este diario.
De hecho, Ignacio García sólo presentará el informe ante el Parlamento, pero no lo defenderá, al no sentirse partícipe de un dictamen que se realizó en base a su ponencia de síntesis, pero de la que se rechazaron 68 artículos con los votos negativos o abstenciones del PP y PSOE. La mayoría que entre ambos partidos se dio en el seno de la comisión de investigación cambiará hoy en el Parlamento por la del PP e IU para rechazar el texto final.
Este dictamen señala como único responsable político del caso el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y mantiene que el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, debió actuar con más contundencia, pero ni siquiera esto será aprobado ya que IU considera mutilada la propuesta de síntesis y el PP lo rechazará porque estima que, entre los responsables, deberían estar el actual presidente de la Junta y su antecesor. De este modo, el Boletín Oficial del Parlamento recogerá la particularidad de publicar votos particulares de IU y del PP a un dictamen rechazado. La federación de izquierdas mantiene como responsable, además de Guerrero, a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, mientras el PP lo extiende a 16 ex altos cargos.
Los socialistas exoneraban de cualquier participación a sus ex consejeros, pero nunca pensaron que el PP fuera a votar con ellos en el mismo sentido. Varios parlamentarios que han participado en la comisión durante estos meses han llegado a la misma conclusión para explicar lo sucedido: la dirección socialista contaba con que Antonio Fernández y José Antonio Viera saliesen señalados como responsables, pero con los votos de IU y del PP; lo que le permitiría a su dirección quedar bien con estos dos responsables, uno de ellos, diputado por la provincia de Sevilla. El PP reventó esta estrategia, pero, con ello, también los propios trabajos de una comisión en la que no creían porque consideran que tanto Griñán como Chaves debían salir nombrados.
Aunque el malestar en IU es evidente, como demuestran las palabras de Ignacio García o del propio vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que acusó al PP y al PSOE de "connivencia" y de "bastardear" los resultados de la comisión, lo que no parece afectado es el pacto de Gobierno entre los socialistas y la federación de izquierdas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, calificó "este desencuentro" como "puntual", y recordó que la comisión no formaba parte del acuerdo de formación del Ejecutivo. José Antonio Castro, portavoz parlamentario de IU, que se mostró muy duro con lo sucedido en la comisión, también es de la opinión de que el pacto con el PSOE no se verá afectado. Sin embargo, otros parlamentarios de IU consideran que sí se ha abierto una brecha de cierta desconfianza, e incluso algunos con los que habló este medio estiman que el PSOE tiene más culpa en lo sucedido que el PP.
A pesar del resultado final, el portavoz del Gobierno andaluz elogió ayer los trabajos de la comisión y, para ello, tuvo que recurrir a lo que ocurrirá en la comunidad de Madrid con el caso Madrid Arena, que durará sólo tres días y en la que no comparecerá la alcaldesa. Una comparación que no evitará, sin embargo, el extraño día que vivirá hoy el Parlamento andaluz.
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