Castillo Castrillón Zapata logra que se exoneren 100 millones de euros con la Ley de Segunda Oportunidad

Una sentencia, dictada por un Juzgado de lo Mercantil, ha librado del pago de una deuda de 760.749 euros a un promotor que la crisis de 2008 dejó en la ruina. Un empresario que mientras duró su actividad nunca tuvo problemas financieros. Pero llegó el derrumbe de la construcción y de los bancos. Sin poder preverlo y empujado por una entidad financiera acabó con una carga de tres grandes créditos, avalados personalmente, de los que no pudo hacerse cargo.

Este caso es uno más de las decenas de sentencias favorables que han conseguido los especialistas de Castillo Castrillón Zapata cuyas cifras se acercan a los 100 millones de euros exonerados a empresarios y particulares.

En la última sentencia, el empresario afectado ha podido acabar, quince años después, con la pesadilla que supone tener una carga económica de estas características. Con la asesoría de Castillo Castrillón Zapata, se le ha exonerado del pago de los créditos contraídos con la entidad financiera. Por fin, puede volver a empezar.

La historia de Alfredo J.M.S. comenzó en el año 2000 cuando una empresa constructora lo contrata como arquitecto técnico. Las cosas iban muy bien y cuatro años más tarde decidió participar en el negocio con el 40 por ciento de la constructora y de una promotora que inició su actividad con una primera promoción de viviendas en Cáceres. Todas las casas se vendieron, así que decidieron emprender una segunda promoción con el mismo éxito que la primera.

La venta hizo que los bancos le ofrecieran toda clase de créditos y facilidades para comprar nuevos terrenos en los que edificar. Javier y su socio apostaron por continuar con la promoción, esta vez de cinco chalés de alta gama. La financiación corría a cargo de una entidad bancaria que obligó a los propietarios a firmar como avalistas particulares la operación. Todo iba viento en popa y se arriesgaron a firmar.

Los prestamos se concedieron de forma individual para cada parcela y vivienda. Es decir, cinco préstamos individualizados al promotor. Al poco tiempo de empezar las obras ya se habían vendido dos de las casas, pero los rumores de una crisis inmobiliaria crecían y los clientes interesados en los tres chalés que quedaban iban dando marcha atrás por las dificultades que ponían los bancos.

Los promotores decidieron parar las obras de las casas que no se vendían hasta que los clientes se interesaran por ellas, pero el banco consideró que esa no era la mejor opción y que debían continuar con la promoción tal como se había previsto comprometiéndose a apoyar todo el proceso.

Se reanudaron las obras que finalizaron en 2009 sin que las tres últimas se hubieran vendido. Los precios de las viviendas se desplomaron y los tipos de interés se dispararon de forma insoportable para promotores y clientes. La constructora, ante la falta de trabajo, no pudo hacerse cargo de la deuda de la empresa promotora.

No podían seguir pagando los créditos y se acordó una Dación en Pago de las tres hipotecas. Pero poco antes de la firma del acuerdo el Banco de España intervino la entidad financiera y se paralizaron todas las operaciones. Nadie se hizo cargo de la promesa dada.

Los activos tóxicos fueron vendidos al SAREB quien demandó a la promotora y a sus propietarios como avalistas de la operación.

Desde entonces todo ha sido una pesadilla que ya tiene punto y final para poder comenzar de nuevo.

Alfredo J. no es el único caso. Ahogados por las deudas, miles de personas en España ven como pueden perder todo lo que les ha costado años construir y quedarse sin nada. Una quiebra que va más allá de la económica y que afecta a todos los planos de su vida.

Pero hay mecanismos para salir y empezar de nuevo, para poder disfrutar de una segunda oportunidad, porque la ley que lleva este nombre permite que los afectados se libren hasta del total de sus deudas según su situación económica y patrimonial.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada en 2015 pero ha ido mejorando hasta la última modificación, fechada en 2022, que la ha hecho más fácil y rápida de aplicar, al tiempo que simplifica los requisitos para acogerse a ella, y que protege al deudor, sea persona física o autónomo, para mitigar su situación de insolvencia.

Ante situaciones similares, los deudores tienen la posibilidad de conservar su vivienda habitual en el caso de las personas físicas, hecho que hasta ese momento era prácticamente inviable. Ahora es posible el mantenimiento del patrimonio del deudor sin tener que perderlo para obtener la exoneración. No hay que olvidar que muchas personas físicas vieron cómo los bancos subastaron sus viviendas por debajo del importe de la hipoteca y la diferencia económica entre ésta y la subasta se convirtió en deudas exonerables que les siguen reclamando después de años y de perder la casa.

También se pueden anular préstamos pendientes incluso sin que se hayan saldado previamente otras deudas, siempre que se cumplan unos estándares establecidos.