Españoles olvidados en el desierto: cuándo los saharauis tenían DNI

En el vasto y árido paisaje del Sahara, una cuestión de identidad y pertenencia ha resonado a lo largo de décadas, marcando profundamente la vida de sus habitantes. Durante la administración española del territorio, conocido entonces como el Sahara Español, los saharauis recibieron Documentos Nacionales de Identidad (DNI), un acto que formalizaba su conexión con España. Sin embargo, tras la retirada española, los saharauis se sintieron abandonados, ya que su identidad legalmente reconocida por España no fue suficiente para proteger sus derechos y asegurar su autonomía.

El Sahara Occidental, un tema candente en las relaciones entre España y Marruecos, es uno de los conflictos territoriales más prolongados y complejos del siglo XX. Este territorio, anteriormente conocido como la provincia número 53 de España, está marcado por una combinación de legado colonial, disputas geopolíticas y luchas por la identidad y la independencia.

Este artículo, redactado por la empresa Melendos, especialistas en Derecho de Extranjería, examina la situación actual de los saharauis y su posible acceso a la nacionalidad española, explorandose las implicaciones legales y morales de España hacia este colectivo.

De la Santa Cruz de la Mar Pequeña al Sahara Español

La relación de España con el Sahara Occidental se remonta a la época de los Reyes, cuándo Diego García de Herrera fundó en 1478 la Santa Cruz de la Mar Pequeña, un pequeño asentamiento en la costa saharaui. Situado en lo que hoy es Tarfaya, Santa Cruz de la Mar Pequeña fue inicialmente una torre fortificada establecida para defender una factoría pesquera.

Este enclave no solo buscaba aprovechar los ricos caladeros próximos, sino también establecer un punto de contacto y comercio con las tribus bereberes locales. A lo largo de los años, el asentamiento vio varios períodos de actividad e inactividad, marcados por conflictos con las tribus locales y las cambiantes políticas de la corona española.

La historia del Sahara Occidental y su relación con España toma un giro significativo durante la Conferencia de Berlín en 1884-1885. Aunque esta reunión fue más famosa por la partición de África entre las potencias europeas, también marcó un punto crucial para la reafirmación del interés español en el territorio del Sahara Occidental.

En el contexto de la conferencia, España argumentó basándose en su presencia histórica en la región, especialmente en Santa Cruz de la Mar Pequeña. A pesar de la discontinuidad en la ocupación y administración del asentamiento, España logró asegurar el reconocimiento internacional de su influencia en la zona, aunque esta fue nominal en comparación con sus colonias en Guinea Ecuatorial o el norte de Marruecos.

Este reconocimiento no se tradujo de inmediato en una colonización efectiva o en una administración sólida, ya que España enfrentaba limitaciones tanto económicas como militares. Sin embargo, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la presión internacional y los intereses estratégicos llevaron a España a consolidar su presencia en el Sahara. 

Saharauis con DNI

Desde 1884 hasta 1975, España administró el Sahara Occidental, tratándolo como una de sus provincias. Durante este periodo, los saharauis, como los residentes de cualquier otra provincia española, fueron registrados y recibieron documentos oficiales, incluyendo el DNI. Este documento no solo servía como una forma de identificación sino que también simbolizaba una promesa de derechos y protecciones bajo la administración española.

Sin embargo, la relación entre los saharauis y su identidad española era compleja. Aunque tenían DNI, no se les otorgaba la ciudadanía plena. Podían ser funcionarios o alistarse en el ejército, y participaron en el referéndum de Franco de 1966, lo que refleja una integración parcial en la estructura política y social de España.

La situación cambió drásticamente en 1975 con la Marcha Verde, cuando Marruecos presionó a España para ceder el control del Sahara Occidental. Este acto culminó en los Acuerdos de Madrid, donde España acordó transferir la administración del territorio a Marruecos y Mauritania sin consultar a la población saharaui. España se retiró sin resolver la cuestión de la nacionalidad de los saharauis, dejando a muchos en un limbo jurídico. Esta decisión provocó la huida masiva de saharauis hacia Argelia, donde muchos fueron acogidos en campamentos de refugiados en Tinduf, bajo condiciones muy difíciles

La situación se complicó con el estallido del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, una organización independentista saharaui, que declaró la guerra a Marruecos el 14 de noviembre de 1975. Este conflicto resultó en años de sufrimiento, desplazamientos y represión para los saharauis, con numerosos casos de detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas a manos de las fuerzas marroquíes.

Desde entonces, la situación ha permanecido estancada, con Marruecos controlando la mayor parte del territorio y proponiendo una autonomía limitada, mientras que el Frente Polisario y la mayoría de los saharauis continúan luchando por la autodeterminación. La comunidad internacional, incluida la ONU, ha intentado mediar sin éxito en la implementación de un referéndum para resolver el estatus final del territorio.

En 2022, la postura de España experimentó un cambio significativo bajo el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente español expresó su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos, describiéndolo como "la base más seria, creíble y realista" para la resolución del conflicto. Este cambio de postura fue recibido con críticas tanto a nivel interno como internacional, ya que muchos lo vieron como un abandono de la neutralidad histórica de España en el conflicto y una traición a las aspiraciones del pueblo saharaui

Situación actual

La situación de los saharauis sigue siendo complicada y políticamente cargada en España, especialmente bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Desde que Sánchez asumió la postura marroquí de autonomía como la mejor solución para el conflicto del Sáhara Occidental, el PSOE ha enfrentado varias críticas y se ha encontrado aislado en múltiples votaciones en el Congreso.

Recientemente, el PSOE se quedó solo en una votación sobre el Sáhara Occidental, mientras que otros partidos, incluidos el PP y aliados del Gobierno como ERC, PNV y Bildu, apoyaron una proposición de ley presentada por Unidas Podemos. Esta iniciativa busca conceder la nacionalidad española, bajo la modalidad de carta de naturaleza, a los saharauis nacidos hasta 1976, cuando el territorio estaba bajo soberanía española.

Durante el debate, el portavoz del PSOE, Sergio Gutiérrez, justificó el voto en contra de su partido argumentando cuestiones jurídicas y técnicas. A pesar de compartir el objetivo de acabar con el agravio hacia los saharauis, Gutiérrez mencionó que no estaban de acuerdo con el diseño de la proposición.

El aislamiento del PSOE en esta votación refleja las tensiones internas y externas que han surgido a raíz del cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Mientras el Gobierno intenta mejorar sus relaciones diplomáticas con Marruecos, esta postura ha generado críticas y descontento tanto dentro del propio partido como entre sus aliados tradicionales y otros grupos políticos en España.

Hoy en día, el DNI que poseen algunos saharauis es un vestigio de su pasado bajo la administración española. Este documento, aunque ya no válido para reclamar ciudadanía o derechos legales en España, sigue siendo un poderoso símbolo de la identidad y la historia saharaui, reflejando las complejidades y desafíos que enfrentan en su lucha por la autodeterminación y el reconocimiento internacional.