España pide ayuda internacional para defender a Repsol del acoso
energía Argentina prepara la expropiación de la filial de la empresa española
El Gobierno advierte a Argentina que cualquier acción contra la petrolera será considerada una "agresión" jurídica · La Comisión Europea apoya a Madrid pero carece de instrumentos legales para presionar
Tras la amenaza argentina de expropiar YPF, participada mayoritariamente por Repsol, España reaccionó ayer solicitando ayuda internacional y anunció que defenderá "con todos los instrumentos" los "intereses generales" del país. Así se expresó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, en declaraciones a los medios tras recibir en el Palacio de Santa Cruz al embajador de Argentina en España, Carlo Antonio Bettini, a quien trasladó la "preocupación" del Gobierno por los acontecimientos en torno a YPF. Eso sí, dejó claro al embajador que "cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados".
García-Margallo evitó detallar de qué manera reaccionaría España en caso de que esta crisis no se resuelva, porque esa hora todavía no ha llegado y es tiempo de hacer una "llamada al sentido común y al buen acuerdo". El Gobierno ha mantenido contactos con los ejecutivos de Estados Unidos, México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y Colombia, anfitriona de la VI Cumbre de las Américas, donde algunos de los países participantes con inversiones en Argentina sacarán el debate sobre la seguridad jurídica.
España, que prestó a Argentina 1.000 millones de dólares durante la crisis de 2001, es el primer inversor extranjero, con activos que superan los 23.240 millones de dólares y jugadores de peso, como Telefónica, Gas Natural Fenosa, Endesa, BBVA, Santander y ACS, además de Repsol, en sectores clave como banca, telecomunicaciones, infraestructura y energía. Fuentes del sector empresarial español consultadas por Efe aseguraron que de momento no ven señales de una posible extensión del conflicto hacia sus intereses, aunque admitieron que siguen el caso YPF con atención. España es además el quinto destino de las exportaciones argentinas, con ventas que en 2011 ascendieron a 3.000 millones de dólares, y el décimo origen de sus importaciones, con compras por 1.400 millones de dólares el año pasado.
El malestar existente desde hace semanas entre dos países de relaciones tradicionalmente cordiales provocó ayer la intervención de la Comisión Europea, que instó a Argentina a "proteger las inversiones extranjeras en su territorio".
"Esperamos que Argentina respete sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio y nos mantenemos al lado de España", afirmó Olivier Bailly, portavoz de la Comisión. Pese a estas palabras, la UE no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF. "La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión. Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existes instrumentos legales.
Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina. "Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT", señalaron.
Asimismo, recordaron que el acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.
Por lo que se refiere al marco que ofrece la Organización Mundial del Comercio (OMC), indicaron que este organismo "no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en la OMC de Argentina en relación a ello".
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